Un 'd¨¦ficit' sin resolver

El conflicto entre el Gobierno y Telef¨®nica por las tarifas que aplica a sus clientes se remonta a 1998. Ese a?o, la operadora decidi¨® denunciar al Ejecutivo ante la Uni¨®n Europea para defender sus intereses econ¨®micos. Telef¨®nica consider¨® que la liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones en Espa?a se hab¨ªa realizado sin permitir al antiguo monopolio adaptarse a la nueva situaci¨®n.

Como consecuencia de esta denuncia, el comisario de la Competencia, Mario Monti, acord¨® en diciembre del a?o pasado enviar un primer dictamen motivado que instaba al Ejecutivo a modificar las condiciones impuestas a Telef¨®nica.

La investigaci¨®n de Bruselas concluy¨® que Telef¨®nica tendr¨ªa que aumentar la cuota de abono mensual que cobraba a sus clientes para compensar lo que la operadora llama d¨¦ficit de acceso. Este concepto hace referencia al desequilibrio que existe entre lo que pagan los abonados por tener acceso a la red y lo que la compa?¨ªa gasta en permitir que esa red llegue a cada domicilio. Telef¨®nica cifraba este d¨¦ficit en 173.000 millones de pesetas.

La medida que el Gobierno anunci¨® en abril resolvi¨® parcialmente el conflicto de intereses. Telef¨®nica obtuvo el permiso para incrementar su cuota de abono de forma gradual desde las 1.642 pesetas que cobraba en abril hasta las 2.100 pesetas que est¨¢ previsto que alcance en 2003. A cambio, el Ejecutivo oblig¨® al operador a reducir sus precios por llamadas un 15% en ese periodo de tiempo.