La pol¨¦mica carta del alcalde de Sevilla

En ocasiones, los pol¨ªticos hacemos y decimos muchas tonter¨ªas, como casi todo el mundo, s¨®lo que en nuestro caso es peor, por lo que representamos y por la transcendencia medi¨¢tica que nuestras palabras tienen.

El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Sevilla y, sobre todo, su portavoz el se?or Raynaud est¨¢n batiendo todos los r¨¦cords en esto de las sandeces; yo comprendo que este se?or tiene que hacer m¨¦ritos para que su partido, el PP, le nombre candidato a la alcald¨ªa de Sevilla y para alcanzar este objetivo parece no tener l¨ªmites: empez¨® defenestrando a la que era portavoz popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Diz; sigui¨® con la pol¨ªtica del 'todo vale' con tal de hacerse notar, y, de momento, ha terminado, junto a su grupo, llevando a los tribunales de justicia al alcalde de Sevilla.

Monteseir¨ªn tiene todo el derecho a difundir las propuestas de cualquier grupo que crea de inter¨¦s para sus vecinos

El 'delito' cometido por el alcalde ha sido el de dirigirse a los vecinos de Sevilla, en su condici¨®n precisamente de alcalde, inform¨¢ndoles de una iniciativa parlamentaria que, entre otras cosas, propone una modificaci¨®n del Impuesto de Actividades Econ¨®micas (IAE) y que, en caso de aprobarse, significar¨ªa para los peque?os comerciantes y trabajadores aut¨®nomos un alivio en una pesada carga que est¨¢n soportando desde hace muchos a?os. Esta iniciativa, estudiada seriamente para que beneficie a los contribuyentes sin perjudicar a las arcas municipales, no es una invenci¨®n del alcalde de Sevilla ni de ning¨²n parlamentario iluminado: es la propuesta de un grupo de alcaldes, entre ellos el de Sevilla, que no quieren que los comerciantes o aut¨®nomos de sus municipios encuentren trabas a su desarrollo por causa de la presi¨®n fiscal y de ella se ha hecho eco, en el ejercicio de sus obligaciones, el grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados.

El alcalde pens¨®, con buen criterio, que deb¨ªa informar de esta iniciativa a los sevillanos que se ver¨ªan beneficiados con su aprobaci¨®n, pero cometi¨® una torpeza que algunos no le perdonan y es que la proposici¨®n de ley es del grupo parlamentario socialista y no del PP. Que sea buena o no para los ciudadanos es lo de menos, lo grave es que es del PSOE y el alcalde no puede, por lo visto, informar de lo que hagan los representantes de la soberan¨ªa nacional, que no son otros que los diputados, elegidos por sufragio universal y organizados en grupos parlamentarios, sobre todo si son socialistas.

?Qui¨¦n ha dicho esto o d¨®nde est¨¢ dicho? ?No puede informar como alcalde y s¨ª como presidente del grupo municipal socialista o como dirigente del PSOE de Andaluc¨ªa? ?Qui¨¦n dice estas barbaridades?

S¨®lo aquellos que piensan que defender, difundir e informar de las iniciativas de los partidos pol¨ªticos, que son cauce de participaci¨®n de los ciudadanos, seg¨²n establece nuestra Constituci¨®n, es algo ajeno a los intereses p¨²blicos y de los que un alcalde no se puede interesar, aunque la iniciativa concreta beneficie directamente a muchos ciudadanos de la ciudad a la que representa.

Es evidente que las funciones de los representantes p¨²blicos son muchas y diversas, pero tambi¨¦n lo es que sus l¨ªmites no est¨¢n marcados, de manera concreta, en ninguna parte; s¨®lo tenemos un mandato preciso: la defensa de los intereses de los ciudadanos a los que representamos y el no utilizar los fondos p¨²blicos para usos ajenos a la funci¨®n p¨²blica que desempe?amos; el alcalde de Sevilla, con su famosa carta, no ha hecho otra cosa que cumplir con la obligaci¨®n de defender los intereses de los sevillanos de la manera que ha cre¨ªdo que era la mejor posible para los mismos; dejemos que sean estos los que decidan con su voto si ha actuado correctamente y que sean los jueces los encargados de decidir si hay delito cuando ¨¦ste realmente se cometa. No se deben de matar moscas a ca?onazos, no sirve para nada.

El alcalde de Sevilla tiene todo el derecho del mundo para difundir las propuestas de cualquier grupo parlamentario que considere de inter¨¦s para sus vecinos; de la misma manera que un diputado tiene la obligaci¨®n de trasladar al Congreso las iniciativas que estime necesarias para la resoluci¨®n de los problemas que preocupan a sus electores, a los ¨²nicos a los que se debe y ante los ¨²nicos que, pol¨ªticamente, responde. Dejemos que el Estado de Derecho funcione y no hagamos de aprendiz de brujo..., que no merece la pena.

Amparo Rubiales es diputada a Cortes por el Partido Socialista