La justicia brit¨¢nica declara ilegal mantener detenidos a los solicitantes de asilo
El Gobierno de Tony Blair apelar¨¢ la sentencia para salvar su pol¨ªtica de inmigraci¨®n
El Gobierno brit¨¢nico sufri¨® ayer una colosal derrota ante la justicia inglesa que pone en cuesti¨®n su pol¨ªtica de extranjer¨ªa y el plan de choque para frenar la inmigraci¨®n. Un juez del Alto Tribunal de Londres se pronunci¨® ayer a favor de cuatro kurdos iraqu¨ªes que fueron detenidos en un centro de inmigraci¨®n mientras comenzaba la revisi¨®n de sus solicitudes de asilo pol¨ªtico. El juez decret¨® la 'ilegalidad' de la medida, pero se reserv¨® la declaraci¨®n final a la espera del resultado de la apelaci¨®n que el Gobierno est¨¢ decidido a interponer.
Impugnando el veredicto, el Ejecutivo de Tony Blair intenta salvaguardar su pol¨ªtica de inmigraci¨®n. La declaraci¨®n de 'detenci¨®n ilegal' echa por los suelos la pol¨ªtica de inmigraci¨®n del Gobierno brit¨¢nico y podr¨ªa costarle al Tesoro billones de pesetas en concepto de indemnizaci¨®n. De perder la apelaci¨®n, que se tramitar¨¢ en unas semanas, hasta 20.000 inmigrantes podr¨ªan ampararse en la decisi¨®n judicial para demandar al Ejecutivo de Tony Blair y forzar la abolici¨®n de una estrategia que persigue reducir el n¨²mero de personas que cada a?o solicitan asilo en el Reino Unido.
El fallo del juez Collins en el Alto Tribunal de Londres se limita, de momento, a los demandantes, cuatro kurdos iraqu¨ªes que fueron conducidos al centro de recepci¨®n de Oakington (en el condado de Cambridge) al entrar en el pa¨ªs. Inaugurado en marzo del a?o pasado, con un coste superior a los mil millones de pesetas, Oakington es el destino de los inmigrantes que levantan ciertas sospechas en su primer contacto con las autoridades fronterizas. O, en t¨¦rminos oficiales, de aquellos que se clasifican como id¨®neos para someterse al llamado 'tr¨¢mite veloz' de solicitudes, funci¨®n para la que se fund¨® el centro.
Su estancia es corta, unos siete d¨ªas, pero su libertad queda restringida. El acceso se vigila constantemente, una red met¨¢lica protege el recinto y las rejas de los dormitorios quedan visibles desde el exterior. Los solicitantes de asilo s¨®lo abandonan el recinto una vez que se inician los tr¨¢mites burocr¨¢ticos. Tres de los demandantes disfrutan ya de asilo pol¨ªtico permanente, mientras que el cuarto est¨¢ todav¨ªa en r¨¦gimen provisional.
Su situaci¨®n no es muy diferente a la de miles de inmigrantes que huyeron de sus respectivos pa¨ªses por motivos pol¨ªticos o econ¨®micos, y que podr¨ªan beneficiarse del ¨¦xito de su caso. Porque, en su decisi¨®n, el juez establece que la detenci¨®n sin causa justificada excede a las premisas legislativas. Amparados en la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, incorporada a la legislatura brit¨¢nica hace cerca de un a?o, los cuatro kurdos denunciaron que el Gobierno restringi¨® su libertad sin causa justificada. Y, en una defensa aceptada ayer por el juez, alegaron que no hab¨ªa motivos ni riesgo de escaparse por residir fuera del centro de recepci¨®n. El juez fall¨® a su favor al interpretar que la ¨²nica causa de su detenci¨®n fue b¨¢sicamente administrativa. 'La detenci¨®n de los cuatro demandantes fue ilegal' y destinada a 'permitir una decisi¨®n r¨¢pida de sus solicitudes', dice el fallo. 'Siempre hemos defendido que es inaceptable encerrar a hombres, mujeres y ni?os inocentes', se?al¨® Nick Hardwick, director ejecutivo del Consejo de Refugiados. Hardwick celebr¨® la decisi¨®n oficial, pero denunci¨® la situaci¨®n de miles de refugiados detenidos en centros de inmigrantes e incluso en c¨¢rceles brit¨¢nicas.
De acuerdo con estad¨ªsticas oficiales, hasta el pasado 31 de mayo, un total de 1.787 personas, incluidos 84 ciudadanos de Zimbabue, estaban detenidas bajo la legislaci¨®n de inmigraci¨®n. El 65% de ellos estaba en prisi¨®n; el 22%, en centros de detenci¨®n, y los restantes, en Oakington. Dos nuevos centros de detenci¨®n, con plazas para 1.500 inmigrantes, se inaugurar¨¢n a finales de a?o y un tercero podr¨ªa estar listo en unos 24 meses. Su funci¨®n queda a la espera de la apelaci¨®n del Gobierno a la decisi¨®n judicial de ayer.
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