Los obispos abusan

La Conferencia Episcopal Espa?ola ha justificado los despidos de profesores de religi¨®n por motivos tales como casarse por lo civil, ir de copas o faltar a misa, y ha achacado la cr¨ªtica social por esos despidos al inter¨¦s que, a su juicio, mantienen algunos grupos para que la ense?anza religiosa cat¨®lica desaparezca de la educaci¨®n p¨²blica. La jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica enarbola una vez m¨¢s el espantajo del anticlericalismo para eludir la m¨¢s m¨ªnima autocr¨ªtica sobre su comportamiento. ?Hace ejercicio de anticlericalismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, al calificar de grave error tales despidos y de escasamente prudente y sensible la actuaci¨®n episcopal en la actual sociedad espa?ola?

La alarma social y la inquietud que esa actuaci¨®n ha causado incluso en sectores sociales afectos a la Iglesia cat¨®lica tienen fundamentos m¨¢s s¨®lidos. Un millar de te¨®logos y te¨®logas reunidos este fin de semana en Madrid no han dudado en calificarla de 'intolerante' e 'inconstitucional'. Se trata de una actuaci¨®n que interfiere gravemente en el sistema de valores constitucionales que ampara al conjunto de los ciudadanos espa?oles y que parece responder a la idea de que la Iglesia se reserva un espacio propio en el que puede obviar actuar como un Estado dentro del Estado. La Iglesia alega t¨ªtulos jur¨ªdicos para determinar la idoneidad de los profesores de religi¨®n en la ense?anza p¨²blica y proponer su nombramiento, como son los acuerdos firmados por Espa?a y la Santa Sede en 1979 y el convenio econ¨®mico-laboral firmado por el Gobierno del PP y el episcopado espa?ol en 1999, en el que la Administraci¨®n educativa adquiere la condici¨®n de empleador y pagador de esos ense?antes. Pero la interpretaci¨®n que hace de ellos en la pr¨¢ctica es tan abusiva que constituye un desaf¨ªo no s¨®lo al sistema constitucional vigente, sino al mero sentido com¨²n.

Es cierto que la Iglesia ha llegado a esos extremos con el consentimiento del Gobierno, que, al amparo del convenio econ¨®mico-laboral firmado en 1999 con el entonces ministro de Educaci¨®n, Mariano Rajoy, permite contratos laborales con cl¨¢usulas que pueden ser nulas de pleno derecho, como la extinci¨®n de tales contratos 'a propuesta del ordinario diocesano correspondiente cuando, seg¨²n criterio del mismo, el trabajador haya dejado de reunir los requisitos de idoneidad que motivaron su contrataci¨®n'. De aquellos polvos proceden estos lodos, y lo m¨¢s grave es que el Gobierno del PP haya avalado un desarrollo de los acuerdos de 1979 que puede incluso ir m¨¢s all¨¢ de lo establecido en su propio articulado. Cl¨¢usulas de ese tipo abren el camino a la arbitrariedad m¨¢s absoluta, con clara vulneraci¨®n de la Constituci¨®n y del Estatuto de los Trabajadores, como despedir a un asalariado o no renovarle el contrato por casarse con un divorciado o dejar de cumplir el precepto dominical. Nadie est¨¢ legitimado para vulnerar el derecho al trabajo de unos docentes 'en raz¨®n de sus principios ideol¨®gicos o creencias ¨ªntimas', seg¨²n proclam¨® ya en 1985 una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un caso de despido en un centro religioso de ense?anza.

La situaci¨®n invita no s¨®lo a la reflexi¨®n, como ha se?alado la ministra de Educaci¨®n, Pilar del Castillo, sino a tomar alg¨²n tipo de iniciativa que haga desistir a la Iglesia de seguir por ese camino. Si la actual jerarqu¨ªa eclesi¨¢stica insiste en la tesis de que lo que hace con los profesores de religi¨®n deriva de convenios bilaterales entre Estados y que tales profesores son su avanzadilla catequ¨ªstica en la ense?anza estatal, ser¨¢ imposible no denunciar tales convenios.

Al actuar de la manera que lo hace, la Iglesia parece empe?ada en reabrir un conflicto -la llamada cuesti¨®n religiosa- socialmente superado hace tiempo. A la Espa?a democr¨¢tica, sea cual sea el signo pol¨ªtico del Gobierno de turno, le resultar¨¢ cada vez m¨¢s insoportable que le impongan normas contrarias a la Constituci¨®n y el sentido com¨²n, por m¨¢s que se digan amparadas en convenios entre Estados. Resulta el colmo de la desfachatez por parte de la Iglesia utilizar la ayuda econ¨®mica e institucional del Estado democr¨¢tico para ense?ar su doctrina en los centros p¨²blicos de ense?anza e ignorar al tiempo las leyes de ese mismo Estado en sus relaciones contractuales con los docentes que la imparten.