Archivada provisionalmente la denuncia contra altos cargos de San Fernando por el 'caso Uriva'

La juez de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Sevilla ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa que se investigaba contra cuatro altos cargos de la Caja San Fernando de Sevilla y otros 11 imputados por el denominado caso Uriva. Este proceso parte de la denuncia presentada por el ex jefe de los servicios jur¨ªdicos de la propia caja de ahorros en la que se relataba una operaci¨®n inmobiliaria de la empresa Uriva, sociedad participada en un 40% por la Caja San Fernando, y en la que presuntamente podr¨ªan haberse cometido varios delitos societarios. La parte denunciante ya ha recurrido el sobreseimiento.

Seg¨²n la denuncia formulada el 15 de diciembre de 1999, la firma Uriva, SA -de cuyo consejo de administraci¨®n formaban parte varios directivos de Caja San Fernando en representaci¨®n del 40% de la entidad- realiz¨® una operaci¨®n inmobiliaria de compraventa de una finca urbana en Sevilla. La operaci¨®n, seg¨²n se relata en la denuncia, se financiaba mediante una p¨®liza de cr¨¦dito otorgada por la propia entidad de ahorros sevillana por un importe superior en 250 millones de pesetas al valor de la compraventa.

Entre los delitos denunciados por el ex jefe de los servicios jur¨ªdicos de la Caja, Ignacio Guzm¨¢n -que tambi¨¦n en el momento de la operaci¨®n era consejero de Uriva- se encuentra una presunta falsedad documental, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y otros delitos societarios. Guzm¨¢n se neg¨® a participar en dicha operaci¨®n por considerar que la actuaci¨®n era 'no s¨®lo ilegal sino manifiestamente delictiva'.

De la denuncia resultaron imputados el subdirector general de Institucional, Jos¨¦ Manuel Amores Zurita; el subdirector general de Recursos de la Caja, Manuel Pi?ar Parias; el secretario general de la entidad, Santiago Romero Calero, y Luis Manuel Mart¨ªn Elias, director del ¨¢rea comercial. Adem¨¢s, fueron imputados los cinco consejeros privados de Uriva, un apoderado de la Caja de Ahorros El Monte, y otras cinco personas vinculadas a la sociedad CES, radicada en El Puerto de Santa Mar¨ªa, dedicada a la construcci¨®n. Seg¨²n consta en las actuaciones, Uriva justific¨® con facturas de la sociedad constructora los 250 millones de sobreprecio de la operaci¨®n, alegando que ese dinero era parte de un pago por trabajos de CES.

Como consecuencia de la denuncia, el jefe de los servicios jur¨ªdicos fue despedido, si bien posteriormente una sentencia del juzgado de lo Social, confirmada por la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) declararon 'nulo' el despido y obligaron a la 'inmediata readmisi¨®n' del demandante. El fallo se encuentra recurrido en casaci¨®n ante el Supremo por la Caja San Fernando.

El sobreseimiento provisional del caso Uriva fue acordado por la juez, despu¨¦s de que el fiscal encargado del mismo presentase un escrito de casi tres folios solicitando el cierre de la causa. Fuentes de la fiscal¨ªa indicaron ayer que 'el informe es suficientemente amplio, claro y exhaustivo' para solicitar el sobreseimiento. La fiscal¨ªa entiende que las facturas de la constructora portuense justifican los 250 millones. Adem¨¢s, al no existir denuncia de la Caja San Fernando como perjudicada, consideran finiquitado el asunto. No obstante, el fiscal ha pedido a la juez que remita toda la informaci¨®n de los pagos a la Agencia Tributaria por si de ellos se hubiera derivado alg¨²n incumplimiento de pago al fisco.

Cierre en falso

Por otro lado, fuentes de la parte denunciante calificaron la decisi¨®n judicial como 'un cierre en falso' del asunto. Estos medios indicaron que la causa de sobreseimiento esgrimida en el auto de la juez era la 'inexistencia de indicios claros de delito'. Asimismo, a?adieron que la decisi¨®n judicial fue notificada el pasado 7 de septiembre y que ya se ha formulado el correspondiente recurso de reforma ante la Audiencia.

Por su parte, fuentes de la direcci¨®n de la Caja San Fernando no quisieron pronunciarse sobre el asunto, si bien confirmaron el auto de sobreseimiento y archivo as¨ª como el conocimiento de la posibilidad de recurso.

Otra de las consecuencias del caso Uriva fue la destituci¨®n de su cargo y el traslado forzoso de Carmen Fornelino D¨ªez, directora de la oficina de la red de empresas de Caja San Fernando en el edificio Presidente de Sevilla. Seg¨²n la sentencia que publicaba ayer este peri¨®dico, Carmen Fornelino Diez, comunic¨® a sus superiores la existencia en su oficina de una operaci¨®n por valor de 250 millones de pesetas realizada por la mercantil Uriva, SA, en el marco de las instrucciones legales relativas a la prevenci¨®n del blanqueo de capitales. Dicha comunicaci¨®n fue contestada por el interventor general de la Caja a la directora en el sentido de que 'los hechos comunicados no estaban en curso de declaraci¨®n obligatoria de operaciones y por tanto no proced¨ªa su comunicaci¨®n al correspondiente servicio del Banco de Espa?a'.

Adem¨¢s, Fornelino Diez prest¨® declaraci¨®n como testigo en las diligencias penales del caso Uriva. Esta declaraci¨®n, seg¨²n recoge como hecho probado la sentencia de despido de Fornelino, 'provoc¨® malestar en la c¨²pula de la Caja' y llev¨® a la entidad a valorar incluso su despido.