Lista cerrada, bloqueada..., y ¨²nica

Finalmente, PP y PSOE han llegado a un acuerdo sobre la composici¨®n de los ¨®rganos constitucionales -Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas- pendientes de renovaci¨®n. ?Es una buena noticia? No lo es para quienes aspiran a mejorar la calidad de nuestro sistema democr¨¢tico. Que sean los secretarios generales de dos partidos los que determinen la composici¨®n de ¨®rganos muy importantes en nuestra arquitectura institucional y lo hagan en modo que equivale a la confecci¨®n de una lista cerrada, bloqueada y ¨²nica no representa ning¨²n progreso respecto de pr¨¢cticas anteriores, tantas veces criticadas.

No ganan prestigio ni autoridad los ¨®rganos as¨ª constituidos, que tanto poder acumulan. Las 'cuotas partidarias' -dejando a salvo la integridad de las personas que las integran- vuelven a exhibirse de forma cruda y sin ning¨²n empacho. Basta leer c¨®mo se recoge esta negociaci¨®n en los medios de comunicaci¨®n, en los que los candidatos aceptados se adjudican sin reparo a cada formaci¨®n pol¨ªtica.

El acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar los cargos de los organismos constitucionales supone dejar escapar la ocasi¨®n para hacer esa renovaci¨®n de forma m¨¢s abierta y democr¨¢tica

Algunos discuten la primac¨ªa del Parlamento para intervenir en tales nombramientos. Se equivocan. A mi entender, no puede hurtarse a la voluntad popular esta intervenci¨®n. No puede dejarse en manos de intereses corporativos o gremiales, como la derecha ha reclamado con insistencia. Como si los gremios profesionales estuvieran libres de la contaminaci¨®n de intereses parciales y aseguraran la total indiferencia de sus miembros a presiones sectoriales. Es, pues, el Parlamento el que debe intervenir. Y tambi¨¦n es cierto que la representaci¨®n popular est¨¢ en manos de los partidos y formaciones que han conseguido la confianza de los electores. Parlamento y partidos son, por tanto, actores principales de esta decisi¨®n.

Pero, tal como se comprueba de nuevo en esta ocasi¨®n, ni la exigencia de la mayor¨ªa cualificada ni la disciplina f¨¦rrea de los grupos parlamentarios facilitan la necesaria transparencia en la selecci¨®n de los mejores candidatos o candidatas disponibles. La tentaci¨®n del mercadeo en inter¨¦s del propio partido y no de la instituci¨®n se hace irresistible cuando el proceso carece de la imprescindible publicidad que corresponde a una democracia con buena salud.

?Cabe abordar el asunto de otra manera? Hay que reconocer que no hay f¨®rmulas perfectas. Pero s¨ª hay margen de maniobra para mejorar los procedimientos con vistas a ganar en publicidad y transparencia. Dos requisitos podr¨ªan significar un cierto avance. En primer lugar, cada grupo parlamentario deber¨ªa entrar en el registro del Congreso o del Senado un n¨²mero de candidatos superior -?el doble? ?el triple?- al n¨²mero de los puestos a proveer. A la vez, los candidatos as¨ª propuestos deber¨ªan someterse a comparecencia p¨²blica ante una comisi¨®n del ¨®rgano legislativo correspondiente.

De este modo, la votaci¨®n final se producir¨ªa sobre una listaabierta de candidatos, cuyos m¨¦ritos y dem¨¦ritos habr¨ªan sido previamente evaluados en comparecencia abierta.

Alguien dir¨¢ que la disciplina de voto funcionar¨ªa de nuevo mec¨¢nicamente. Es probable. Pero es previsible tambi¨¦n que la c¨²pula de los partidos estuviera obligada a actuar con mayor rigor y cautela en el momento de proceder a la preselecci¨®n de sus candidatos, cuyos respectivos merecimientos de todo tipo habr¨ªan de ser validados ante la opini¨®n p¨²blica, y no s¨®lo en la oscura mesa de negociaci¨®n o en las maniobras de filtraci¨®n a los medios. Por otra parte, al ampliar la relaci¨®n de candidatos propuestos por cada partido, se abrir¨ªa un cierto margen de decisi¨®n para los miembros de cada grupo parlamentario, condenados ahora al acto ritual de presionar al un¨ªsono el bot¨®n de sus esca?os para refrendar una lista ¨²nica. Salvo que quieran asumir el protagonismo involuntario e inc¨®modo del parlamentario d¨ªscolo. Mejorar el rendimiento democr¨¢tico de nuestras instituciones no es s¨®lo un ejercicio de sonoras ret¨®ricas. Es tambi¨¦n -y a veces muy especialmente- un constante ajuste de los mecanismos de debate y decisi¨®n sobre los asuntos p¨²blicos. En esta ocasi¨®n, el Parlamento espa?ol pierde otra vez una oportunidad para hacer dicho ajuste, como la han perdido tambi¨¦n recientemente algunos parlamentos auton¨®micos. No abandonemos, sin embargo, la esperanza de que una correcci¨®n del tipo se?alado -o con otra f¨®rmula que apunte al mismo objetivo- se incorpore a una pendiente reforma de los reglamentos parlamentarios. Mientras tanto, dejemos claro que esta lista cerrada, bloqueada y ¨²nica no hace un buen servicio a la credibilidad de nuestras instituciones y de sus principales actores.

Josep M. Vall¨¨s es miembro de Ciutadans pel Canvi.