El compromiso con la Universidad
La ministra de Educaci¨®n explica los objetivos y los temas principales que aborda la ley universitaria, que se empieza a debatir en el Congreso de los Diputados
La calidad de un sistema educativo es esencial para el progreso de un pa¨ªs, para su vertebraci¨®n y cohesi¨®n. Se trata de un pilar b¨¢sico para afrontar la formaci¨®n de los ciudadanos que asumir¨¢n la responsabilidad de impulsar el desarrollo social, cient¨ªfico, cultural, econ¨®mico y pol¨ªtico en las d¨¦cadas futuras. Potenciar la calidad debe ser, por tanto, el objetivo central de toda pol¨ªtica educativa.
En la ense?anza superior se traduce en nuestro compromiso, el de toda la sociedad, para garantizar que la generaci¨®n y transmisi¨®n del conocimiento, como funciones b¨¢sicas de la Universidad, se desarrollen en las mejores condiciones posibles. En el marco de un contexto definido por la convergencia hacia un espacio universitario europeo com¨²n, por la vertiginosa celeridad con la que se desarrollan las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y las comunicaciones, por los avances en materia cient¨ªfica y tecnol¨®gica y por la competitividad generada por los procesos de globalizaci¨®n del conocimiento, el sistema universitario tiene la responsabilidad de asumir los retos que plantean estos nuevos escenarios. Nuestro compromiso es trabajar para dotarlo de los mecanismos m¨¢s eficientes para liderar las consecuencias de este contexto: las nuevas formas del saber, la moderna organizaci¨®n del aprendizaje o la formaci¨®n a lo largo de la vida, entre otros. ?sta es la intenci¨®n que anima, que hace necesaria, la presentaci¨®n por parte del Gobierno de una nueva norma con rango de ley, la Ley de Universidades.
La Agencia de Evaluaci¨®n actuar¨¢ con independencia de la Administraci¨®n en las universidades p¨²blicas y privadas
Mejorar la calidad de la investigaci¨®n y de la docencia que realiza la Universidad; ¨¦se es el ¨²nico objetivo
El proyecto remitido al Congreso de los Diputados se ha articulado sobre dos ejes. Por un lado, a partir de la coincidencia, expresada durante m¨¢s de una d¨¦cada por el conjunto de la comunidad universitaria, en la necesidad de hacer posible una ley que no s¨®lo supere la ya desfasada Ley de Reforma Universitaria, de 1983, sino que, con la mirada en el horizonte de la convergencia europea, asiente las bases de la moderna Universidad espa?ola del siglo XXI. Por otro lado, nuestro compromiso firme con las demandas de la sociedad, elaborando una norma en la que administraciones educativas y universidades dispongan de los instrumentos que las habiliten para dise?ar, en un marco obviamente diversificado, procesos que conduzcan a un solo fin: mejorar la calidad de la investigaci¨®n y de la docencia que realiza la Universidad. ?se es el ¨²nico objetivo, es la letra y el esp¨ªritu del proyecto de ley; es, en suma, la demostraci¨®n palpable de la confianza en la construcci¨®n de un sistema universitario avanzado, cient¨ªfico, abierto a Europa, cohesionado y competitivo.
El Ministerio de Educaci¨®n ha impulsado un amplio debate en el marco del Consejo de Universidades y con los distintos actores de la comunidad universitaria. Es innegable que, fruto de ese di¨¢logo, se han recogido numerosas aportaciones de quienes tambi¨¦n mantienen el compromiso de construir una Universidad de futuro. Ahora, sin duda, el texto se ver¨¢ enriquecido con las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y, con toda seguridad, el debate se desarrollar¨¢ sobre los temas centrales de la ley, como son la evaluaci¨®n y habilitaci¨®n del profesorado, el acceso de los estudiantes a los centros sin restricciones y en funci¨®n de sus m¨¦ritos y preferencias, la movilidad efectiva de profesores y estudiantes, la creaci¨®n de una agencia de evaluaci¨®n de la calidad, la carrera docente, la integraci¨®n de nuestras universidades en el espacio europeo o las relaciones entre la sociedad y la Universidad.
Estos, entre otros, temas centrales de debate constituyen el n¨²cleo b¨¢sico del proyecto y reflejan el compromiso con la Universidad y con las administraciones educativas. Son, en suma, el resultado de una firme creencia en el valor que representa la instituci¨®n universitaria para el desarrollo presente y futuro del pa¨ªs: por su capacidad potencial de liderazgo, su contribuci¨®n cient¨ªfica en una sociedad definida por el conocimiento, su aportaci¨®n tecnol¨®gica a los necesarios procesos de innovaci¨®n empresarial y por su labor en la formaci¨®n de ciudadanos y profesionales. Para fomentar a¨²n m¨¢s estas funciones, el proyecto de ley dota de mayores competencias a las universidades p¨²blicas, plantea exigencias de calidad a las privadas, incrementa el papel de las administraciones educativas auton¨®micas, refuerza la funci¨®n investigadora, introduce la cultura de la evaluaci¨®n en todas las actividades universitarias, favorece la posibilidad de movilidad de estudiantes y profesores, fomenta la cooperaci¨®n y la competitividad, y tiene, en fin, como ¨²nico objetivo impulsar la calidad del sistema universitario en beneficio de toda la sociedad y de los estudiantes, destinatarios de las mejoras que experimentar¨¢ el servicio p¨²blico universitario en los pr¨®ximos a?os.
En esta propuesta es necesario destacar uno de los instrumentos que m¨¢s y mejor nos pueden ayudar en el empe?o de construir un sistema universitario avanzado. En nuestro compromiso, el de las universidades y el de las administraciones educativas, para con la sociedad se introduce en el proyecto de Ley de Universidades la cultura de la evaluaci¨®n en el coraz¨®n del sistema de ense?anza superior. As¨ª, el texto crea la Agencia de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n para promover y garantizar un servicio p¨²blico de ense?anza superior de calidad; pero tambi¨¦n para ofrecer a la sociedad informaci¨®n basada en criterios objetivos de la calidad de las ense?anzas que se ofrecen y, en definitiva, para favorecer la comparabilidad entre los centros universitarios. La agencia actuar¨¢ con independencia de la Administraci¨®n tanto en las universidades p¨²blicas como en las privadas y ser¨¢ pieza fundamental para el impulso de directrices en el futuro espacio europeo com¨²n de ense?anza superior.
Para alcanzar con ¨¦xito estos objetivos se hace necesario el compromiso activo de todos: de los ciudadanos que integran nuestra sociedad, apoyando el fin ¨²ltimo que persigue el texto; de las administraciones educativas competentes, asumiendo sus responsabilidades en la mejora de sus universidades; del Gobierno, vertebrando el sistema universitario, e impulsando y financiando medidas que garanticen la igualdad y la preservaci¨®n de los derechos de estudiantes y docentes; del sistema universitario en su conjunto, liderando las iniciativas que permitan integrarnos junto con los pa¨ªses m¨¢s avanzados en el espacio universitario europeo y, fundamentalmente, de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, a quienes no es necesario recordar el compromiso para con la sociedad en la generaci¨®n y transmisi¨®n del conocimiento.
Tenemos una gran tarea por hacer. Una tarea que no es f¨¢cil, que tiene obst¨¢culos y que, con toda seguridad, no puede ni debe ser labor exclusiva de un Gobierno. Se necesita la aportaci¨®n de todos los que queremos hacer de nuestras universidades un marco de referencia para el resto de los sistemas universitarios de nuestro entorno. Si compartimos este objetivo y el compromiso con la mejora de la calidad de la Universidad, reduciremos notablemente las posibles divergencias y conseguiremos que los estudiantes cursen sus ense?anzas en centros en los que el referente sea la excelencia. ?ste es nuestro compromiso y estamos trabajando para conseguirlo.La calidad de un sistema educativo es esencial para el progreso de un pa¨ªs, para su vertebraci¨®n y cohesi¨®n. Se trata de un pilar b¨¢sico para afrontar la formaci¨®n de los ciudadanos que asumir¨¢n la responsabilidad de impulsar el desarrollo social, cient¨ªfico, cultural, econ¨®mico y pol¨ªtico en las d¨¦cadas futuras. Potenciar la calidad debe ser, por tanto, el objetivo central de toda pol¨ªtica educativa.
En la ense?anza superior se traduce en nuestro compromiso, el de toda la sociedad, para garantizar que la generaci¨®n y transmisi¨®n del conocimiento, como funciones b¨¢sicas de la Universidad, se desarrollen en las mejores condiciones posibles. En el marco de un contexto definido por la convergencia hacia un espacio universitario europeo com¨²n, por la vertiginosa celeridad con la que se desarrollan las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y las comunicaciones, por los avances en materia cient¨ªfica y tecnol¨®gica y por la competitividad generada por los procesos de globalizaci¨®n del conocimiento, el sistema universitario tiene la responsabilidad de asumir los retos que plantean estos nuevos escenarios. Nuestro compromiso es trabajar para dotarlo de los mecanismos m¨¢s eficientes para liderar las consecuencias de este contexto: las nuevas formas del saber, la moderna organizaci¨®n del aprendizaje o la formaci¨®n a lo largo de la vida, entre otros. ?sta es la intenci¨®n que anima, que hace necesaria, la presentaci¨®n por parte del Gobierno de una nueva norma con rango de ley, la Ley de Universidades.
El proyecto remitido al Congreso de los Diputados se ha articulado sobre dos ejes. Por un lado, a partir de la coincidencia, expresada durante m¨¢s de una d¨¦cada por el conjunto de la comunidad universitaria, en la necesidad de hacer posible una ley que no s¨®lo supere la ya desfasada Ley de Reforma Universitaria, de 1983, sino que, con la mirada en el horizonte de la convergencia europea, asiente las bases de la moderna Universidad espa?ola del siglo XXI. Por otro lado, nuestro compromiso firme con las demandas de la sociedad, elaborando una norma en la que administraciones educativas y universidades dispongan de los instrumentos que las habiliten para dise?ar, en un marco obviamente diversificado, procesos que conduzcan a un solo fin: mejorar la calidad de la investigaci¨®n y de la docencia que realiza la Universidad. ?se es el ¨²nico objetivo, es la letra y el esp¨ªritu del proyecto de ley; es, en suma, la demostraci¨®n palpable de la confianza en la construcci¨®n de un sistema universitario avanzado, cient¨ªfico, abierto a Europa, cohesionado y competitivo.
El Ministerio de Educaci¨®n ha impulsado un amplio debate en el marco del Consejo de Universidades y con los distintos actores de la comunidad universitaria. Es innegable que, fruto de ese di¨¢logo, se han recogido numerosas aportaciones de quienes tambi¨¦n mantienen el compromiso de construir una Universidad de futuro. Ahora, sin duda, el texto se ver¨¢ enriquecido con las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y, con toda seguridad, el debate se desarrollar¨¢ sobre los temas centrales de la ley, como son la evaluaci¨®n y habilitaci¨®n del profesorado, el acceso de los estudiantes a los centros sin restricciones y en funci¨®n de sus m¨¦ritos y preferencias, la movilidad efectiva de profesores y estudiantes, la creaci¨®n de una agencia de evaluaci¨®n de la calidad, la carrera docente, la integraci¨®n de nuestras universidades en el espacio europeo o las relaciones entre la sociedad y la Universidad.
Estos, entre otros, temas centrales de debate constituyen el n¨²cleo b¨¢sico del proyecto y reflejan el compromiso con la Universidad y con las administraciones educativas. Son, en suma, el resultado de una firme creencia en el valor que representa la instituci¨®n universitaria para el desarrollo presente y futuro del pa¨ªs: por su capacidad potencial de liderazgo, su contribuci¨®n cient¨ªfica en una sociedad definida por el conocimiento, su aportaci¨®n tecnol¨®gica a los necesarios procesos de innovaci¨®n empresarial y por su labor en la formaci¨®n de ciudadanos y profesionales. Para fomentar a¨²n m¨¢s estas funciones, el proyecto de ley dota de mayores competencias a las universidades p¨²blicas, plantea exigencias de calidad a las privadas, incrementa el papel de las administraciones educativas auton¨®micas, refuerza la funci¨®n investigadora, introduce la cultura de la evaluaci¨®n en todas las actividades universitarias, favorece la posibilidad de movilidad de estudiantes y profesores, fomenta la cooperaci¨®n y la competitividad, y tiene, en fin, como ¨²nico objetivo impulsar la calidad del sistema universitario en beneficio de toda la sociedad y de los estudiantes, destinatarios de las mejoras que experimentar¨¢ el servicio p¨²blico universitario en los pr¨®ximos a?os.
En esta propuesta es necesario destacar uno de los instrumentos que m¨¢s y mejor nos pueden ayudar en el empe?o de construir un sistema universitario avanzado. En nuestro compromiso, el de las universidades y el de las administraciones educativas, para con la sociedad se introduce en el proyecto de Ley de Universidades la cultura de la evaluaci¨®n en el coraz¨®n del sistema de ense?anza superior. As¨ª, el texto crea la Agencia de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n para promover y garantizar un servicio p¨²blico de ense?anza superior de calidad; pero tambi¨¦n para ofrecer a la sociedad informaci¨®n basada en criterios objetivos de la calidad de las ense?anzas que se ofrecen y, en definitiva, para favorecer la comparabilidad entre los centros universitarios. La agencia actuar¨¢ con independencia de la Administraci¨®n tanto en las universidades p¨²blicas como en las privadas y ser¨¢ pieza fundamental para el impulso de directrices en el futuro espacio europeo com¨²n de ense?anza superior.
Para alcanzar con ¨¦xito estos objetivos se hace necesario el compromiso activo de todos: de los ciudadanos que integran nuestra sociedad, apoyando el fin ¨²ltimo que persigue el texto; de las administraciones educativas competentes, asumiendo sus responsabilidades en la mejora de sus universidades; del Gobierno, vertebrando el sistema universitario, e impulsando y financiando medidas que garanticen la igualdad y la preservaci¨®n de los derechos de estudiantes y docentes; del sistema universitario en su conjunto, liderando las iniciativas que permitan integrarnos junto con los pa¨ªses m¨¢s avanzados en el espacio universitario europeo y, fundamentalmente, de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, a quienes no es necesario recordar el compromiso para con la sociedad en la generaci¨®n y transmisi¨®n del conocimiento.
Tenemos una gran tarea por hacer. Una tarea que no es f¨¢cil, que tiene obst¨¢culos y que, con toda seguridad, no puede ni debe ser labor exclusiva de un Gobierno. Se necesita la aportaci¨®n de todos los que queremos hacer de nuestras universidades un marco de referencia para el resto de los sistemas universitarios de nuestro entorno. Si compartimos este objetivo y el compromiso con la mejora de la calidad de la Universidad, reduciremos notablemente las posibles divergencias y conseguiremos que los estudiantes cursen sus ense?anzas en centros en los que el referente sea la excelencia. ?ste es nuestro compromiso y estamos trabajando para conseguirlo.
Pilar del Castillo es ministra de Educaci¨®n, Cultura y Deporte.
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