Afectados por el desalojo de Can Tunis impugnan la expropiaci¨®n

Mientras las m¨¢quinas del puerto de Barcelona preparan el terreno en el solar pegado al barrio de Can Tunis, en la Zona Franca, muchos vecinos del poblado han decidido impugnar la expropiaci¨®n forzosa que est¨¢ realizando el Ayuntamiento. Veinte familias han aceptado las indemnizaciones que ofrece Regesa y ya se han ido. Pero muchas se niegan porque no quieren dinero, sino ser realojadas en pisos de protecci¨®n.

Se est¨¢ negociando caso por caso, familia a familia en un barrac¨®n que instal¨® Regesa al pie del Cintur¨®n del Litoral. Pero fuera del barrio, dentro del territorio del puerto y custodiado policialmente. ?sta no es una operaci¨®n urban¨ªstica cualquiera. Se trata de desmantelar un barrio que naci¨® a finales de la d¨¦cada de 1970 para poner fin al barraquismo de Montju?c y que se ha convertido en el pen¨²ltimo reducto de la venta libre de droga. La mayor parte de las 100 familias de Can Tunis son gitanas, y el tr¨¢fico de drogas -unos 800 toxic¨®manos acuden a diario a comprar lo que necesitan- ha hecho estragos.

El ir y venir de los afectados por el desalojo a la caseta de Regesa y el de los toxic¨®manos que regresan de proveerse de drogas por un solar infestado de jeringuillas se ha convertido en una estampa habitual en los ¨²ltimos meses. Se trata del mismo descampado que atraviesan los estudiantes de la escuela Xavo-Xavi, justo al lado de una de las salidas del puerto.

La operaci¨®n de desalojo de Can Tunis, que se convertir¨¢ en una zona de aparcamiento para los camiones que cargan y descargan en el puerto, est¨¢ previsto que se prolongue durante dos a?os. En tres meses, una veintena de familias del poblado lo han abandonado. 'Son los que ya ten¨ªan claro ad¨®nde ir, y tambi¨¦n dinero. Han cogido lo que les daba el Ayuntamiento y ya est¨¢', resume Manuel, uno de los vecinos de Can Tunis que aguarda su turno sentado en una valla junto a las rejas del puerto. ?l, como muchos otros, insiste en que no se conforma con las cantidades que se est¨¢n dando: 'ocho millones por las grandes -son las viviendas que pueden tener hasta 150 metros-, siete por los cuartillos -las construcciones anexas a las casas originarias del poblado- y cinco millones para las familias que viv¨ªan en cuartos alquilados'. Para algunos s¨®lo se trata de llegar a un acuerdo econ¨®mico. Pero cada vez son m¨¢s los que exigen una vivienda a cambio, de protecci¨®n oficial, tal como ha ocurrido en otras operaciones de reforma de varios barrios de la misma Zona Franca, como el Polvor¨ªn o Can Clos. 'Se trata de una expropiaci¨®n forzosa y eso obliga a que los afectados sean realojados en pisos sociales. Por eso se ha recurrido la resoluci¨®n del Ayuntamiento', explica Basilio, un veterano del movimiento vecinal y profesor del instituto Txavo-Txavi, de Can Tunis. Se ha convertido en la voz de los afectados que luchan por permanecer al margen de la droga. De los que quieren ser trasladados a pisos sociales y escuelas en las que sus hijos puedan seguir intentado salir adelante. 'All¨ª dentro est¨¢ claro qui¨¦n se dedica al trapicheo de la droga y qui¨¦nes trabajamos en lo que podemos', remacha un hombre, de unos 30 a?os, que ha ido a hablar con Basilio de c¨®mo va el desalojo.

Uno de los problemas en la expropiaci¨®n de Can Tunis ha sido establecer un censo de vecinos. Muchas de las 48 familias titulares de los contratos de arrendamiento de las casas -el Patronato giraba recibos de 500 y 1.000 pesetas, recuerda Basilio- optaron por venderse las casas unos a otros. Antes de iniciar la operaci¨®n, el Ayuntamiento realiz¨® algo parecido a un censo. Tanto los t¨¦cnicos y asistentes que est¨¢n al frente de la oficina de Regesa junto al poblado como el gerente de los Servicios Sociales, Eduard Spagnolo, aseguran que en ning¨²n caso se dejar¨¢ a nadie en la calle pero tambi¨¦n insisten en que se quiere evitar, a toda costa, el agrupamiento porque se volver¨ªa a crear un gueto.

'No se trata de conceder s¨®lo una ayuda econ¨®mica sino de buscar un realojamiento que en muchos casos proponen ellos mismos', explica Spagnolo. De la veintena de familias que han abandonado el poblado, algunas se han ido a Sabadell, otras a Girona, a Badalona y una se ha ido de Catalu?a. Pero la picaresca existe y los que se conforman con dinero alegan que en una de las habitaciones de su casa viv¨ªa un hijo casado, por ejemplo. O m¨¢s. De lo que se trata es de aumentar la familia para que la indemnizaci¨®n sea mayor.