Seguridad y libertades

LA IMPOTENCIA DE LAS ORGANIZACIONES terroristas para destruir los sistemas democr¨¢ticos marcha en paralelo con las devastadoras consecuencias de sus atentados sobre el ¨¢mbito de las libertades. Espa?a no ha sido el ¨²nico pa¨ªs obligado a endurecer la legislaci¨®n penal para dar respuesta a ETA; el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia tambi¨¦n han tenido que recurrir a medidas excepcionales en la lucha contra el terrorismo. Los atentados perpetrados el 11 de septiembre en Nueva York y Washington, interpretables como el inicio de una ofensiva generalizada contra todos los pa¨ªses occidentales, no ha hecho sino acelerar los trabajos de la Uni¨®n Europea (UE) para reforzar la cooperaci¨®n judicial y policial e incrementar los instrumentos legales a disposici¨®n de la lucha antiterrorista. Adem¨¢s de aprobar un amplio paquete de medidas pendientes a¨²n de formalizaci¨®n, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, reunido la v¨ªspera de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, hizo suyas dos propuestas de la Comisi¨®n de Bruselas: la euroorden de busca y captura, agilizadora de los tr¨¢mites de extradici¨®n de los terroristas, y la homogeneizaci¨®n de la normativa penal sobre terrorismo -ahora tan dispar- en todos los pa¨ªses.

Los instrumentos legales que el Estado de derecho pone en manos del Ejecutivo para prevenir y combatir la amenaza terrorista crean marcos de excepcionalidad que deben ser controlados

Aunque s¨®lo una visi¨®n ang¨¦lica de la realidad tendr¨ªa la irresponsabilidad de poner en duda el derecho de las sociedades democr¨¢ticas a defenderse del terrorismo, la adopci¨®n de medidas excepcionales de car¨¢cter penal y procesal plantea siempre problemas. Es indiscutible que las libertades individuales y la seguridad p¨²blica son el anverso y el reverso de la misma moneda. Thomas Hobbes advirti¨® en Leviathan que 'las nociones de lo moral y de lo inmoral, de lo justo y de lo injusto', pierden sentido cuando la guerra fratricida condena a los hombres a una 'vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta'; s¨®lo la maquinaria del poder tiene capacidad para proporcionar a la sociedad 'la paz y la seguridad' que sus miembros necesitan. Pese a la abismal diferencia que separa al s¨²bdito hobbesiano del ciudadano libre, el Estado absoluto del siglo XVII y el r¨¦gimen democr¨¢tico del siglo XXI tienen en com¨²n la tarea de garantizar la seguridad -interior y exterior- de la sociedad; las libertades individuales precisan para sobrevivir de leyes que las amparen, de jueces que las protejan y de polic¨ªas que las defiendan.

Los problemas surgen, sin embargo, cuando la libertad y la seguridad, valores en teor¨ªa conciliables, encuentran dificultades de armonizaci¨®n. La resistencia del Congreso de Estados Unidos a votar sin modificaci¨®n alguna el paquete de medidas antiterroristas propuestas por el fiscal general Ashcroft (los registros sin autorizaci¨®n judicial, las detenciones por tiempo indefinido y la configuraci¨®n abierta del tipo delictivo, entre otras) y las advertencias lanzadas por Amnist¨ªa Internacional y Human Rights Watch ponen de relieve la maligna capacidad de la estrategia terrorista para hacer aflorar con sus provocaciones los conflictos entre la libertad individual y la seguridad p¨²blica.

El temor a que las situaciones de excepcionalidad inducidas por el terrorismo pongan en peligro las libertades individuales nace de que el Estado es una instituci¨®n constituida por personas de carne y hueso, no el 'dios mortal' idealizado por Hobbes en Leviathan. Las asociaciones defensoras de los derechos humanos dif¨ªcilmente podr¨ªan oponerse en abstracto a medidas adoptadas por los Estados para reforzar la seguridad p¨²blica y proteger la vida de los ciudadanos. El origen de su vigilante preocupaci¨®n es la tendencia de los servicios de seguridad a abusar en concreto de las competencias excepcionales que el Estado de derecho les conf¨ªa con el exclusivo objetivo de combatir al terrorismo; si El hombre que fue jueves, de Chesterton, es s¨®lo un juego de ingenio, la experiencia muestra que la conculcaci¨®n de los valores democr¨¢ticos y de los derechos humanos por quienes deben defenderlos no es un riesgo descartable.