Libertad-seguridad, una ecuaci¨®n delicada

Lo de menos es que el viaje en avi¨®n sea ya mucho m¨¢s inc¨®modo y tenso para los estadounidenses, acostumbrados como estaban a abordarlo casi como un taxi. Lo realmente importante es que la alarmante quiebra de los servicios de seguridad y espionaje, que ha hecho posible que la potencia que todo lo ve y todo lo oye no se enterase del secuestro simult¨¢neo de cuatro aeronaves de pasajeros para utilizarlas como misiles, va a pasarles inmediatamente a los ciudadanos una factura que puede afectar decisivamente al equilibrio entre dos de los bienes m¨¢s preciados: libertad y seguridad. Porque espiar y vigilar m¨¢s, el inevitable corolario de la tragedia, acarrea por definici¨®n vulnerar libertades e intimidad, y no s¨®lo de los supuestos enemigos.

Bush y su Gobierno entienden que, a la vista de lo ocurrido el 11 de septiembre, se impone un acotamiento significativo de las libertades que una democracia como la estadounidense garantiza a sus ciudadanos. Est¨¢ el hecho evidente de que el FBI, la CIA o la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) han sido ridiculizados por una red de fan¨¢ticos resueltos y bien entrenados, pese a contar con todos los medios imaginables, desde sat¨¦lites que todo lo escudri?an hasta sistemas de rastreo e interceptaci¨®n capaces de seguir o grabar millones de comunicaciones. Pero Washington prefiere pasar de puntillas sobre la incompetencia mostrada por los servicios secretos mejor dotados del mundo (30.000 millones de d¨®lares anuales en su conjunto), evidentemente adocenados tras haberse quedado hace una d¨¦cada sin el enemigo hist¨®rico comunista. Parece que el espionaje estadounidense, embotado por la tecnolog¨ªa, ha ido descuidando alarmantemente los aspectos b¨¢sicos del oficio, sobre todo para lidiar con el submundo del terror: la capacidad de infiltrarse o el cultivo de los confidentes.

En el toque a rebato provocado por las atrocidades masivas de Nueva York y Washington se pretende levantar a las agencias de seguridad -CIA, FBI, NSA- muchas de las prohibiciones establecidas hace a?os para preservar el n¨²cleo de las garant¨ªas constitucionales de los excesos de unas organizaciones para las que val¨ªa todo. Especialmente, los abusos de la CIA en los a?os setenta y ochenta ilustraron ejemplarmente la tendencia imparable de los Gobiernos y sus cuerpos secretos a violar la ley cuando se consideran comprometidos los intereses nacionales. Las limitaciones que pesan en EE UU sobre los organismos encargados de combatir el terrorismo y otras formas de delincuencia son, sin embargo, menores de lo que se supone; la CIA, por ejemplo, puede reclutar a terroristas como informantes extranjeros.

El ministro de Justicia estadounidense ha comparecido esta semana en el Congreso con una lista de medidas antiterroristas urgentes que tienen implicaciones muy serias. Los legisladores, pese a su predisposici¨®n favorable, han considerado tan inquietantes algunas de ellas que han pospuesto su tr¨¢mite para dar tiempo a los dos grandes partidos a elaborar una plataforma com¨²n. John Ashcroft quiere no s¨®lo nuevos poderes para interceptar comunicaciones e investigar cuentas bancarias, quiz¨¢ las peticiones m¨¢s inofensivas del paquete legislativo, sino tambi¨¦n capacidad, en circunstancias especiales, de detener indefinidamente a inmigrantes o deportarlos sin pruebas y que la polic¨ªa pueda registrar domicilios sin permiso del juez.

Prevenir atentados catastr¨®ficos no se va a hacer sin costes, ni en EE UU ni en el resto de Occidente. La historia, sin embargo, muestra que los instrumentos aprobados en circunstancias excepcionales dif¨ªcilmente tienen vuelta atr¨¢s, sobre todo cuando, como es el caso del terrorismo, es tan dif¨ªcil certificar la extinci¨®n de la amenaza que los origin¨®, am¨¦n de que pueden ser utilizados por poderes poco escrupulosos contra personas inocentes. Los legisladores estadounidenses deber¨¢n hilar fino para establecer el l¨ªmite aceptable al inevitable recorte de garant¨ªas que se avecina en un pa¨ªs que se cre¨ªa invulnerable. Si es imprescindible el combate a ultranza contra un terror abisal, tambi¨¦n lo es preservar un sistema de convicciones que incluye el respeto escrupuloso de las libertades b¨¢sicas.

Presumiblemente, los ciudadanos no tendr¨¢n inconveniente en renunciar a parcelas de su intimidad que daban por garantizadas a cambio de sentirse mejor protegidos de un enemigo tan letal como enigm¨¢tico. Pero EE UU se har¨ªa un flaco favor si, en la urgencia y la inevitable emoci¨®n del momento, el precio a pagar para atajar las carencias tr¨¢gicamente constatadas el 11 de septiembre fuese erosionar gravemente los minuciosos mecanismos que protegen sus derechos fundamentales y el orden constitucional democr¨¢tico.