El otro matrimonio

El matrimonio entre homosexuales tendr¨¢ que esperar en Espa?a, mientras que en otros pa¨ªses de Europa -Holanda, B¨¦lgica, Noruega, Suecia, Alemania y Francia- ese 'modelo familiar' distinto del tradicional ha conseguido encontrar acomodo mediante f¨®rmulas que tienden a su equiparaci¨®n efectiva con el matrimonio entre heterosexuales. El Partido Popular, con el apoyo de CiU, ha bloqueado en el Congreso el primer intento directo de reforma del C¨®digo Civil para permitir que las parejas de hecho entre homosexuales puedan serlo tambi¨¦n de derecho. Diversos grupos de oposici¨®n pretend¨ªan debatir la procedencia de sustituir las referencias a 'hombre y mujer' o a 'marido y mujer' en los art¨ªculos que regulan el matrimonio por los t¨¦rminos m¨¢s gen¨¦ricos de 'cualquier persona' y 'c¨®nyuges'.

No puede achacarse al PP contradicci¨®n alguna con su posici¨®n en la materia. Es menos comprensible la actitud de CiU, que en Catalu?a ha aceptado una ley que llega incluso a reconocer 'una uni¨®n estable homosexual', generadora de derechos de herencia y de pensi¨®n, pero que en las Cortes Generales se aviene al mil¨ªmetro a los criterios del partido gobernante. En las cuestiones relativas a la moral y las costumbres, el PP parece estar m¨¢s pendiente de los obispos que de acompasar su actuaci¨®n a la imagen de centro reformista que pretende imprimir a su pol¨ªtica general.

El Partido Popular no s¨®lo bloquea el camino hacia el reconocimiento del matrimonio entre homosexuales, sino que se resiste a otorgar un espec¨ªfico amparo legal a las parejas de hecho, sean homo o heterosexuales. Su aportaci¨®n en este terreno se limita a una denominada 'ley de uniones civiles' que elude el fondo del problema -la relaci¨®n sentimental de la pareja- y que pretende simplemente reconocer determinados derechos, sobre todo econ¨®micos, a las uniones convivenciales; es decir, las que se producen bajo un mismo techo.

La resistencia del PP a acercar el derecho a una realidad social que, por otra parte, no puede dejar de afectar a su base sociol¨®gica y electoral tiene consecuencias cada vez m¨¢s graves. De un lado, mantiene una situaci¨®n de injusticia en una franja que engloba a unas 150.000 parejas heterosexuales y a m¨¢s de 100.000 homosexuales. De otro, est¨¢ dando lugar a que se manifiesten en sus propias filas distintas y contradictorias percepciones sobre el hecho homosexual y su tratamiento legal. El diputado popular y alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, eludi¨® votar en el Congreso para no ir en contra de sus posiciones p¨²blicas. Tambi¨¦n la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, ha aprobado una ley de parejas de hecho que se desmarca del confuso criterio del partido gobernante en el Parlamento.

As¨ª, proliferan las legislaciones auton¨®micas que buscan dar una salida satisfactoria al problema en su territorio. De esta indeseable dispersi¨®n en una materia necesitada de la mayor seguridad jur¨ªdica es responsable un Gobierno que, tras cinco a?os largos de poder, sigue sin considerar prioritario acabar con cualquier rastro de discriminaci¨®n entre los ciudadanos en raz¨®n de su orientaci¨®n sexual.