La juez cerr¨® las residencias de Colmenar por creer que se suministraban f¨¢rmacos sin supervisi¨®n m¨¦dica

La titular del Juzgado n¨²mero 3 de Colmenar Viejo, que decret¨® el pasado 28 de septiembre la clausura de las residencias Santa Rosa de Lima y La Milagrosa de esta localidad, hall¨® un gran n¨²mero de psicof¨¢rmacos, fundamentalmente tranquilizantes, almacenados en los centros y supuestamente destinados a ser administrados a los ancianos sin prescripci¨®n m¨¦dica, ya que el facultativo del centro ha negado hab¨¦rselos recetado. Ayer, la Consejer¨ªa de Servicios Sociales inici¨® acciones legales contra los familiares de diez de los ancianos de los centros cerrados, al negarse aqu¨¦llos a hacerse cargo de sus mayores.

En los razonamientos jur¨ªdicos del auto, la juez explica que hay varios hechos objeto de delito. As¨ª, recoge que, en el momento de realizarse la inspecci¨®n ocular de las residencias, el pasado viernes, 'ciudadanos extranjeros en situaci¨®n de absoluta ilegalidad y sin ninguna clase de cualificaci¨®n' eran los que atend¨ªan los centros, 'sin que estuviera asegurado el adecuado trato a los residentes'.

Esta cualificaci¨®n es necesaria, seg¨²n la juez, 'habida cuenta de que la mayor¨ªa de los ancianos son personas asistidas con necesidad de constante ingesta de medicaci¨®n' y, al requerir algunos de los f¨¢rmacos prescritos, de 'conocimientos especializados en raz¨®n de los riesgos que su mal uso puede conllevar'. Sin embargo, las residencias contaban '¨²nicamente con dos auxiliares de cl¨ªnica (hijas de la propietaria) como personal especializado'.

La juez, en la inspecci¨®n que realiz¨® a los dos centros de Colmenar Viejo acompa?ada por el fiscal y el forense, hall¨® 'un acopio de medicaci¨®n totalmente excesivo en variedad y cantidad en relaci¨®n al n¨²mero de residentes'. Adem¨¢s, no se facilitaron las correspondientes recetas del m¨¦dico que las hubiera prescrito, 'y eso que se trata de medicaci¨®n que obligatoriamente necesita las correspondientes recetas'. El auto especifica que el forense hall¨® 18 cajas de Haloperidol, 25 de Dormodol, ocho de Orfidal, 18 de Zyprexa y cinco de Lexatil, todos ellos psicof¨¢rmacos.

Apilados en bolsas

Personal de la Consejer¨ªa de Servicios Sociales que estuvo presente en la visita de la juez explic¨® a este peri¨®dico que los medicamentos estaban apilados en grandes bolsas sin clasificar y al alcance de los ancianos, 'con el consiguiente riesgo' que ello comporta. Seg¨²n estas mismas fuentes, algunos de los productos estaban caducados. El m¨¦dico de la residencia, el doctor Del Val, neg¨®, seg¨²n el escrito de la juez, haberlos prescrito.

Por todo ello, la juez consider¨® procedente adoptar la medida de clausura dentro de las previsiones del art¨ªculo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el art¨ªculo 2 del C¨®digo Penal, as¨ª como el art¨ªculo 366 del mismo texto legal en relaci¨®n a la posible existencia de un delito tipificado en el art¨ªculo 361 del C¨®digo Penal, dada la situaci¨®n existente de riesgo para la salud de los residentes.

La juez, en su resoluci¨®n, daba a la Comunidad un plazo de 24 horas para que los ancianos que no tuvieran familia fueran realojados en otros centros, y los que s¨ª la tuvieran regresaran a la tutela de sus parientes. Pero, a pesar de los numerosos avisos realizados por Servicios Sociales -tanto por escrito como por tel¨¦fono-, diez de los residentes no han sido acogidos por sus hijos. Por ello, la consejer¨ªa ha dado cuenta a la juez de esta situaci¨®n para que ejerza las acciones legales pertinentes.

Por otra parte, Pilar Mart¨ªnez, consejera de Servicios Sociales, present¨® ayer el borrador de la Ley de Mejora de la Calidad de centros asistenciales. En ¨¦l se contempla la posibilidad de multar hasta con 25 millones de pesetas a los centros que incumplan la normativa. Los grupos pol¨ªticos tiene 30 d¨ªas para hacer aportaciones al texto. La intenci¨®n de Mart¨ªnez es que haya consenso antes de fin de a?o, para comenzar la tramitaci¨®n parlamentaria a principios de 2002.