Ricas y famosas

Dotadas de magn¨¦tica educaci¨®n informal, saben estar, no se les conoce un mal gesto y cuando, condescendientes, se dirigen a un mortal, le infunden la certeza instant¨¢nea de que no hay nadie m¨¢s en la tierra. Infractoras natas, ocasionan leves desastres, pero jam¨¢s los causan. Estos d¨ªas, una de ellas acaba de poner en triste evidencia a nuestros tribunales Supremo y Constitucional, en un triunfo legal que tambi¨¦n es una verg¨¹enza institucional clamorosa. Mas por si acaso piensan interrumpir la lectura en este punto, aclaro que la culpa ha sido de los jueces, no de la dama del cuento.

Hace ya una docena de a?os, una revista del coraz¨®n public¨® una serie de reportajes en los que se recog¨ªan manifestaciones de una de las ex empleadas de la dama en cuesti¨®n sobre presuntas molestias dermatol¨®gicas y eventuales efectos negativos de tal o cual embarazo sobre la hermosura de esta se?ora y otras cosas por el estilo. La aludida demand¨® judicialmente a la revista y a su ex empleada una indemnizaci¨®n de 50 millones de pesetas por lesi¨®n de su intimidad. En primera instancia consigui¨® cinco; en apelaci¨®n, la Audiencia dobl¨® el envite y le dio 10 millones, pues juzg¨® que la revista hab¨ªa hecho su agosto a costa de la dama. Mas cuando, en 1996, el pleito lleg¨® por primera vez al Tribunal Supremo, ¨¦ste resolvi¨® que no estaba puesto para juzgar 'chismes' y absolvi¨® a los demandados dejando a la reclamante sin un duro de indemnizaci¨®n. La afectada no se dio por vencida y recurri¨® ante el Tribunal Constitucional, que, en mayo del a?o pasado, revoc¨® sin contemplaciones a sus colegas del Supremo, sostuvo que la intimidad personal y familiar de la tenaz recurrente hab¨ªa sido palmariamente violada y les devolvi¨® el caso para que dictaran nueva sentencia ajustada, esta vez, a la doctrina constitucional.

Los magistrados del Supremo recogieron impasibles el guante y, menos de tres meses despu¨¦s de la sentencia del Constitucional, resolvieron acatarla sin cumplir ni una coma: concedieron a la reclamante 5.000 duros de indemnizaci¨®n, esto es, nada. Un apropiadamente indignado Tribunal Constitucional ha vuelto de nuevo sobre la cuesti¨®n y, en su sentencia 186 / 2001, del 17 de septiembre, ha resuelto fijar la indemnizaci¨®n en 10 millones de pesetas. La dama ha ganado finalmente su pleito, los dos grandes tribunales han aireado a los cuatro vientos sus viejas disputas y el sufrido contribuyente ha ido pag¨¢ndolo todo sin remedio conocido. Que no se queje, pues a¨²n podr¨ªa haber sido peor: dos magistrados del Constitucional pusieron un voto particular disidente a la ¨²ltima sentencia en la que, emulando a Franz Kafka, propon¨ªan devolver de nuevo el caso al Supremo.

Esta historia de siete sentencias y media sobre un mismo caso m¨¢s bien fr¨ªvolo encarna el delirio de la raz¨®n jur¨ªdica y la miseria de una organizaci¨®n institucional empe?ada en mantener dos tribunales en lucha por la supremac¨ªa jurisprudencial, es decir, en clara pugna por el poder de decidir c¨®mo hay que entender las leyes.

Por supuesto, uno no tiene nada realmente serio en contra de que ricas y famosas puedan acudir a los tribunales en defensa de una intimidad siempre risqu¨¦e. De hecho, la jurisprudencia comparada sobre libertad de expresi¨®n est¨¢ tachonada de casos protagonizados por las Jacqueline Bouvier Kennedy-Onassis y las Carolina Grimaldi de este mundo. Pero el espect¨¢culo mediocre de docena y media de sazonados jueces a la gre?a por el poder de decidir sobre todo lo anterior es impropio de caballeros y, sobre todo, resulta extraordinariamente ineficiente. Aqu¨ª no hay defensa de la intimidad que valga, sino clamor por un recato judicial m¨ªnimo.

El regreso de Javier Delgado Barrio al Tribunal Constitucional -sin duda, el m¨¢s destacado de los cambios recientemente producidos en su composici¨®n- hace augurar que este tipo de trifulcas podr¨ªan menguar en el futuro.Nunca es tarde si la dicha es buena, pero los arreglos definitivos deber¨ªan tener car¨¢cter institucional. La soluci¨®n ideal consistir¨ªa en atacar el mal de ra¨ªz y dejar al pa¨ªs con un solo tribunal supremo -como sucede en Estados Unidos de Am¨¦rica-. Mas no creo que est¨¦ a nuestro alcance: hay temas constitucionales que requieren un tribunal de garant¨ªas pol¨ªticas como el Constitucional. Otro posible arreglo ser¨ªa reforzar, por un lado, la competencia del Tribunal Supremo para conocer los recursos de amparo ordinario y permitir, por el otro, que el Tribunal Constitucional seleccionara los casos que ha de resolver, con lo que, muy probablemente, se reducir¨ªan las ocasiones de nuevos conflictos. No har¨ªamos ni ricos ni famosos a los magistrados de ambos tribunales, pero tendr¨ªamos una Justicia menos notoria.

Pablo Salvador Coderch es catedr¨¢tico de Derecho civil de la UPF.