La C¨¢mara de Cuentas concluye que la gesti¨®n municipal de las ayudas a La Carolina fue ilegal

La gesti¨®n de los recursos p¨²blicos que realiz¨® en 1997 el Ayuntamiento de La Carolina (Ja¨¦n), dirigido por el veterano senador del PP, Ram¨®n Palacios, estuvo llena de 'incumplimientos legales', seg¨²n una auditor¨ªa de la C¨¢mara de Cuentas. El informe, hecho p¨²blico ayer, revela que estos incumplimientos se concentran en la pol¨ªtica de personal y, sobre todo, en el proyecto de infraestructuras, que cont¨® aquel a?o con una generosa financiaci¨®n del Ministerio de Industria. La C¨¢mara, en su primer dictamen sobre el gobierno de Palacios, manifiesta una 'opini¨®n negativa' sobre la legalidad de su gesti¨®n.

La C¨¢mara de Cuentas, adem¨¢s de llegar a la conclusi¨®n de que el Ayuntamiento no cumpli¨® con la legalidad vigente en la gesti¨®n de recursos p¨²blicos, destaca la imposibilidad de verificar que las anotaciones contables incluidas en los Presupuestos municipales de 1997 se corresponden con el valor real de gastos e ingresos, 'sobre todo en el proyecto de infraestructuras industriales'. De ah¨ª que decida no emitir opini¨®n en la auditor¨ªa financiera de las cuentas municipales, la segunda pata de la fiscalizaci¨®n que encarg¨® en 1999 el consejero mayor de la C¨¢mara, Rafael Navas, ante la posici¨®n obstruccionista del gobierno de Ram¨®n Palacios, que no hab¨ªa atendido la obligaci¨®n de rendir sus cuentas desde 1989 hasta 1996.

El servicio jur¨ªdico de la C¨¢mara advierte de que de los incumplimientos legales en la gesti¨®n de ayudas industriales 'parecen deducirse indicios de responsabilidad contable' y han podido producir 'un menoscabo en el erario municipal'. Fuentes de la C¨¢mara precisaron, sin embargo, que el organismo fiscalizador no ha 'detectado delito' en la actuaci¨®n del Ayuntamiento aunque la decisi¨®n de presentar denuncia puede ser tomada por el Tribunal de Cuentas (organismo estatal al que se remite el informe), al tener m¨¢s competencias para tomar esta iniciativa.

El informe da cuenta de c¨®mo el Ayuntamiento de La Carolina hizo frente a una situaci¨®n excepcional. Las inversiones presupuestadas para 1997, inicialmente 105 millones de pesetas, se multiplicaron por diez, hasta los 1.131 millones. Esta inyecci¨®n de recursos se debi¨®, casi exclusivamente, a una decisi¨®n tomada en julio de aquel a?o por el Ministerio de Industria, dirigido entonces por Josep Piqu¨¦ (al que Palacios, como a otros ministros del PP, ha concedido la medalla de la ciudad). Industria asign¨® a este municipio m¨¢s del 20% (585 millones, adem¨¢s de 234 millones de un pr¨¦stamo sin intereses) de las subvenciones para regeneraci¨®n repartidas por su departamento en 1997.

Estas ayudas deb¨ªan utilizarse fundamentalmente en la compra de suelo y la construcci¨®n y acondicionamiento de naves para ser ofrecidas a empresas en condiciones ventajosas. Entre otros 'incumplimientos' en esta gesti¨®n la C¨¢mara de Cuentas ha constatado que no existen ni presupuestos ni proyectos para el acondicionamiento de naves (electrificaci¨®n, alcantarillado).

'El responsable de ejecuci¨®n' del plan industrial inform¨® a la C¨¢mara de que Palacios entablaba negociaciones con empresas seleccionadas para que entraran 'en precario' en las naves (a¨²n de titularidad municipal). La empresa o el Ayuntamiento ejecutaba las obras de acondicionamiento acordadas y posteriormente se escenificaba una subasta p¨²blica para legalizar 'el acuerdo previo' y conceder la nave a la empresa seleccionada personalmente por el alcalde.

La pol¨ªtica de personal del Ayuntamiento de La Carolina tambi¨¦n recibe un fuerte varapalo. En 1997, el Consistorio ocupaba con contratos de obra puestos fundamentales, como el interventor o la tesorera y retribu¨ªa con 20.000 pesetas mensuales a los nueve voluntarios que formaban el servicio de protecci¨®n civil.

Polic¨ªas cobradoresEl Ayuntamiento tambi¨¦n pag¨® un salario de un mill¨®n de pesetas a un conserje jubilado, contrat¨® como asesores a tres funcionarios de otras administraciones (y les abon¨® una cantidad fija por gastos de viaje sin justificar). Adem¨¢s, la auditor¨ªa desvela que el Ayuntamiento pag¨® facturas (de electricidad, de gasolina) a personas ajenas al gobierno municipal y que manten¨ªa contratado a un recaudador, cuando sus funciones deben ser asumidas por la Diputaci¨®n de Ja¨¦n. En este ¨¢rea, la C¨¢mara tambi¨¦n destaca que la tasa municipal por ocupaci¨®n de la v¨ªa p¨²blica est¨¢ recaudada, 'por funcionarios de la Polic¨ªa Local del propio Ayuntamiento, a los que se les retribuye con el 20% sobre los importes recaudados'.