La vendimia del Estado

UNOS, LOS QUE EST?N ahora en el Gobierno, dicen que la cosa viene del PSOE; otros, con m¨¢s experiencia, la remontan al r¨¦gimen de Franco y todav¨ªa los m¨¢s ancianos recuerdan que ya en su tiempo, el de la dictadura de Primo de Rivera y de la Rep¨²blica, se hablaba tambi¨¦n de lo mismo. Como ya no queda casi nadie que haya accedido a la conciencia pol¨ªtica en tiempos de Alfonso XIII, ah¨ª est¨¢n los historiadores para recordar que, en realidad, durante la Restauraci¨®n el h¨¢bito estaba m¨¢s que arraigado. Y as¨ª subiendo hacia arriba se podr¨ªa llegar al origen mismo del Estado liberal, cuando, como escrib¨ªa Aza?a, bajo la f¨¦rula del moderantismo, lo m¨¢s granado de la sociedad espa?ola se aplic¨® a vendimiar el poder.

?En qu¨¦ consiste exactamente el asunto? Poco m¨¢s o menos en esto: vendimiar el Estado para disfrutar el Gobierno. Cuando un partido, ayer el conservador o el liberal, hoy el popular o el socialista, llega al gobierno lo primero que hace es sacar la cuenta de puestos que el Estado ofrece para repartir entre los secuaces. Se comienza, desde luego, por la Administraci¨®n, en la que los directores generales son enviados a los pasillos arrastrando tras de s¨ª a buena parte de los subdirectores. Siguen los cargos de libre designaci¨®n en esferas del sector p¨²blico o asimiladas tan prometedoras como empresas, hospitales, embajadas, museos, televisiones, fundaciones varias. Si alguien espera culminar una brillante carrera en el servicio p¨²blico basado exclusivamente en sus m¨¦ritos y capacidad, va aviado. Es m¨¢s, la idea misma de carrera en la funci¨®n p¨²blica ha sido dinamitada con espurios argumentos ideol¨®gicos que ocultan malamente la rancia pr¨¢ctica del clientelismo, del favoritismo, del enchufismo.

Podr¨ªa creerse que la Constituci¨®n de 1978 y la democracia finalmente instaurada habr¨ªan de dejar a salvo de este h¨¢bito ancestral, ya que no los ¨®rganos superiores de la Administraci¨®n, algunas regiones m¨¢s sensibles del Estado, aqu¨¦llas que tienen como funci¨®n mantener la divisi¨®n y el equilibrio de poderes, el gobierno de los jueces, la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n, las cuentas del Reino. Del latiguillo tantas veces reiterado del reconocido prestigio como ¨²nico requisito del candidato a ocupar alguno de estos puestos se hace las m¨¢s de las veces mangas y capirotes si el tal prestigio no viene acompa?ado de una demostrada amistad o complacencia con quienes ostentan el poder de nombrar. El c¨ªrculo de adictos se ha estrechado tanto que si la cosa sigue as¨ª todos esos puestos, que deb¨ªan estar a salvo de mercadeos partidistas, acabar¨¢n en cementerios de elefantes o en sinecuras para pol¨ªticos en paro.

?C¨®mo hemos podido llegar a esta situaci¨®n? Rodrigo Rato ofreci¨® hace dos semanas la clave del asunto: chantaje. El requisito constitucional de reunir tres quintos de votos en el Congreso o en el Senado se presta, si no se introduce alg¨²n otro control, al chantaje. Claro est¨¢ que Rato habr¨ªa sido m¨¢s convincente si hubiera recordado las razones que le movieron a nombrar a gente tan manifiestamente incompetente para controlar el mercado de valores y si hubiera reconocido que en pol¨ªtica nadie se deja chantajear si no se es a la vez un chantajista. Si t¨² no votas al m¨ªo para tal organismo yo no voto al tuyo para tal otro: en eso ha consistido el repugnante espect¨¢culo que una ciudadan¨ªa at¨®nita se ha visto obligada a presenciar va ya para medio a?o. Es posible que los socialistas hayan impuesto unos nombres a los populares; no es menos cierto que los populares han metido algunos goles de antolog¨ªa a los socialistas.

El caso es que mientras unos y otros, con menosprecio del decoro de las personas afectadas, se dedican al innoble juego del mutuo chantaje, organismos de Estado son objeto de mofa y escarnio. Querr¨¢n que los respetemos, se les llenar¨¢ la boca hablando del prestigio de las instituciones, pero la pesada broma de los responsables pol¨ªticos de los dos grandes partidos anudando y rompiendo acuerdos habr¨¢ infligido a esas mismas instituciones el mayor da?o posible extendiendo la convicci¨®n de que, al fin y al cabo, gobierno de jueces, Tribunal Constitucional o Tribunal de Cuentas no son m¨¢s que playas a donde vienen a morir los restos de naufragios pol¨ªticos.