Francia da un paso al frente

Al menos una docena de etarras, entre ellos Ignacio Gracia Arregui, I?aki de Renter¨ªa, cumplen las condiciones previstas en el reciente acuerdo hispano franc¨¦s de Perpi?¨¢n para su 'entrega temporal' a Espa?a, porque se trata de personas ya condenadas en Francia. La lista se alargar¨ªa a m¨¢s de setenta si se incluye tambi¨¦n a los detenidos en fase de procesamiento y a¨²n pendientes de sentencia. Los detalles no est¨¢n fijados todav¨ªa, pero la voluntad pol¨ªtica manifestada por el Gobierno franc¨¦s es rotunda: veinticuatro horas antes de la cumbre hispano-francesa de Perpi?¨¢n, en Par¨ªs se sab¨ªa perfectamente que la decisi¨®n estaba tomada y que el Gobierno espa?ol iba a darse por satisfecho.

Espa?a sigue necesitando el apoyo de Francia para combatir a ETA. A Francia le viene bien la reciprocidad para otros tipos de grandes delincuencias

El campo de aplicaci¨®n del pacto hispano-franc¨¦s se ampliar¨ªa a un m¨ªnimo de 70 casos si se a?aden los procesados que a¨²n no han sido juzgados

Y as¨ª fue. El jueves 11 de octubre, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar acudi¨® al encuentro con el mando bic¨¦falo del Estado franc¨¦s, el presidente Jacques Chirac y el primer ministro, Lionel Jospin, con la seguridad de poder anunciar un ¨¦xito. La bicefalia francesa crea problemas de pol¨ªtica interior y afecta a la imagen exterior de Francia, pero en el caso de la lucha antiterrorista las dos 'cabezas del Ejecutivo' saben que la UE camina hacia el sistema de la 'orden judicial europea'. Y sobre todo, los dos necesitan armas jur¨ªdicas con las que luchar contra el terrorismo islamista, que es lo que verdaderamente les preocupa. Si adem¨¢s esto contribuye a reducir las tensiones con Espa?a, a causa de ETA, mejor que mejor.

Aznar recibi¨® de Chirac un apoyo total a la promulgaci¨®n de la orden de detenci¨®n europea durante el pr¨®ximo semestre, en que Espa?a presidir¨¢ la Uni¨®n Europea. Es m¨¢s: se sabe de una reuni¨®n t¨¦cnica de fiscales en que los representantes de Francia plantearon reducir todos los plazos para la ejecuci¨®n de esa orden. Pero hasta que el nuevo procedimiento sea efectivo, Espa?a sigue necesitando el apoyo de Francia para combatir a ETA, y a Francia le viene bien disponer de reciprocidad para otros tipos de grandes delincuencias. Eso conduce al encuentro de voluntades: hay que cooperar de facto en la lucha judicial contra el terrorismo, mientras se ponen a punto los instrumentos formales que amparar¨¢n esa lucha a escala de la UE.

Terreno abonado

Bin Laden ha hecho de catalizador, pero hay que reconocer que esa voluntad de encuentro cae sobre un terreno ya abonado bilateralmente. Desde febrero pasado se han llevado a cabo intensas gestiones para que el Gobierno de Par¨ªs no s¨®lo detenga a los terroristas de ETA, sino que los entregue cuanto antes. No habr¨¢ un tratado bilateral que ampare la agilizaci¨®n de los procedimientos de extradici¨®n, como deseaba Espa?a, porque esto suscita problemas constitucionales en Francia; pero las decisiones tomadas en Perpi?¨¢n constituyen un salto cualitativo en el nivel de colaboraci¨®n entre los dos pa¨ªses.

Una de las medidas menos conocidas es el compromiso mutuo de facilitarse el acceso a la informaci¨®n: los dos Estados se han reconocido el derecho de obtener 'inmediatamente' copias de la documentaci¨®n obtenida en cada operaci¨®n y elementos de prueba relativos a operaciones antiterroristas. En el lenguaje de los negociadores, esto se denomina 'intercambio espont¨¢neo de la informaci¨®n en materia de investigaci¨®n sobre terrorismo', que se efectuar¨¢ entre las fiscal¨ªas de los dos pa¨ªses 'desde el momento en que se obtiene', recalcan las fuentes que han informado a este peri¨®dico. Esa 'espontaneidad' cubrir¨¢ el plazo hasta que se acuerden las debidas formalidades: esto es, el procedimiento preciso y las reglas de confidencialidad necesarias.

A este aspecto se agrega un acuerdo mucho m¨¢s p¨²blico: la 'entrega temporal' de delincuentes. Cada Estado pondr¨¢ a disposici¨®n del otro a personas procesadas o condenadas en el suyo, a efectos de instrucci¨®n de causas en el pa¨ªs que les reclama. El tiempo que pasen en la c¨¢rcel del otro Estado se les computar¨¢ para purgar la pena que estaban cumpliendo en el pa¨ªs donde se encontraban. Tambi¨¦n se ha pactado un procedimiento de facto para que el pa¨ªs que detiene a un delincuente renuncie a acusarle de delitos menores si el que les reclama lo hace por asuntos de mayor importancia.

?Cu¨¢l es el problema? Que el cumplimiento de estos acuerdos no puede ser inmediata. De ah¨ª el relativo escepticismo observado en medios de la polic¨ªa francesa y de la fiscal¨ªa y sus sonrisas al leer ciertos titulares de la prensa espa?ola, que vendi¨® el acuerdo como si fuera a ejecutarse al d¨ªa siguiente.

No est¨¢ claro si la entrega temporal va a limitarse a los etarras con sentencia firme o se extender¨¢ a los que est¨¦n procesados. En todo caso, la entrega de los etarras sentenciados en Francia ser¨¢ llamativa, porque entre ellos figuran Ignacio Gracia Arregui, I?aki de Renter¨ªa, que est¨¢ condenado a cinco a?os de prisi¨®n; Francisco Javier Garc¨ªa Gaztelu, Txapote, a seis; y con pena de ocho a?os se encuentra Josetxu Arizcuren Ruiz, Kantauri, todos ellos considerados altos jefes de ETA hasta sus respectivas detenciones.

Entregas directas

El campo de aplicaci¨®n del pacto hispano franc¨¦s se ampliar¨ªa a un m¨ªnimo de setenta casos si se a?adieran los procesados que a¨²n no han sido juzgados. Determinar todos estos detalles llevar¨¢ un tiempo. Las mismas dificultades de puesta en marcha se aprecian en el mecanismo de la 'denuncia oficial', pensado para evitar que los etarras detenidos en Francia con documentaci¨®n falsa, o con un arma, permanezcan en territorio franc¨¦s hasta que respondan de esas infracciones menores. El nuevo procedimiento permite su entrega directa a Espa?a, si este pa¨ªs le imputa delitos m¨¢s graves. ?La acusaci¨®n por asociaci¨®n de malhechores, que suele ser lo primero que se imputa a los eterras detenidos en Francia, bastar¨ªa para convertir en papel mojado el pacto de Perpi?¨¢n? La puesta en marcha de este acuerdo depende principalmente de los fiscales y de la intervenci¨®n final de la autoridad judicial.