Paradojas

El jueves es d¨ªa de tiros largos en el Parlamento vasco. ?Por qu¨¦? Porque toca discutir el autogobierno. No es dif¨ªcil anticipar la posici¨®n del PNV. ?ste reclamar¨¢ el desarrollo pleno del Estatuto, aunque sin privarse de alusiones al derecho de autodeterminaci¨®n o, incluso, a posibles consultas para establecer ese derecho. La mesa por la paz convocada por Elkarri operar¨¢ sobre el debate parlamentario de la misma forma que una fuente exterior de sonido sobre un oscilador arm¨®nico. Las ondas que ha empezado a generar la mesa entrar¨¢n en resonancia con el Parlamento, aumentando la sensaci¨®n, o el mensaje, de que se precisa un salto cualitativo para devolver la calma al re?idero vasco. A la vez, sin embargo, que se agita el espectro de autodeterminaci¨®n se est¨¢n atando cabos para la renovaci¨®n del Concierto. Y aqu¨ª las cosas son m¨¢s confusas, y m¨¢s ricas en ¨¢ngulos.

De dientes afuera, la reivindicaci¨®n m¨¢xima del Gobierno vasco se refiere a la gesti¨®n de la Seguridad Social. Hagamos abstracci¨®n, por el momento, de lo que la Constituci¨®n ordena, prev¨¦, o contempla. El motivo principal por el que los sucesivos Gobiernos, as¨ª populares como socialistas, se han resistido a confiar la gesti¨®n de la Seguridad Social a Vitoria, es que ning¨²n Estado, los federales incluidos, puede renunciar a sus monopolios redistributivos. Si, a igualdad de esfuerzo contributivo, las expectativas de un pensionista cacere?o no son id¨¦nticas a las de un pensionista vizca¨ªno, adi¨®s al Estado. En parejo sentido, debe existir eso que se llama caja ¨²nica de la Seguridad Social. La caja ¨²nica es compatible, en principio, con la administraci¨®n local de los recursos comunes. Ahora bien, el naufragio parcial del Estado en Vascongadas hace muy dif¨ªcil el ejercicio de los controles pertinentes desde el centro. Y en consecuencia, Madrid prefiere no ceder facultades.

Vayamos ahora a la Constituci¨®n. ?Qu¨¦ reza la Carta Magna? ?sta desautoriza, con contundencia absoluta, la pluralidad auton¨®mica de pol¨ªticas sociales. Pero surge una dificultad, de signo constitucional de nuevo: tanto el Estatuto vasco, como el catal¨¢n, acogen el derecho de los Gobiernos respectivos a la gesti¨®n de la Seguridad Social. ?C¨®mo avenir las dos l¨ªneas argumentativas?

El Tribunal Constitucional, presidido a la saz¨®n por Tom¨¢s y Valiente, hubo de pronunciarse, en 1989, sobre este punto precisamente. Su interlocutor era, en este caso, la Generalitat. Las conclusiones del tribunal son extensibles, evidentemente, a la Administraci¨®n vasca. La sentencia, redactada con clara incomodidad, confirma que las obligaciones del Gobierno central van m¨¢s all¨¢ de la fijaci¨®n de normativas jur¨ªdicas generales. El Gobierno debe garantizar la unidad de sistema de la Seguridad Social, o lo que es lo mismo, la igualdad efectiva de los espa?oles en lo relativo a cosas tales como las pensiones. Pese a todo, se reconoc¨ªa -no pod¨ªa no hacerse, si no se quer¨ªa impugnar los Estatutos-, la capacidad de Catalu?a para realizar los pagos de los servicios. Todo ello sujeto a grandes cautelas, y previa habilitaci¨®n expresa de Madrid. Los nacionalistas vascos se hallan, por tanto, en posici¨®n de llamarse a enga?o, y de alegar que no se les ha dado lo prometido. Pero no lo est¨¢n haciendo en la pr¨¢ctica, ni mucho menos est¨¢n solicitando que se rompa la caja ¨²nica.

?Por qu¨¦? En esencia, porque no les conviene. De un lado, la ejecuci¨®n del Concierto ha tenido como consecuencia no deseada por los Gobiernos de Espa?a una situaci¨®n de privilegio fiscal para Vitoria. Del otro, la poblaci¨®n vasca est¨¢ m¨¢s envejecida que la media nacional. Esto significa que el gasto per capita en pensiones tender¨¢ a ser mayor en el Pa¨ªs Vasco que en el resto de Espa?a. De modo que Vitoria prefiere seguir como est¨¢: en el mejor de los mundos posibles. El pulso se est¨¢ librando en torno a asuntos menores. Verbigracia, la gesti¨®n de las pol¨ªticas activas de empleo.

Sigamos enredando la madeja. Un partido -el PNV- que no fuerza a la hora de la verdad una lectura completa del Estatuto no parece candidato firme a romper la baraja convocando un refer¨¦ndum ilegal. Pero la podr¨ªa romper, porque es nacionalista y porque el diablo no s¨®lo carga las armas, sino tambi¨¦n la ret¨®rica. ?Parad¨®jico? S¨ª. Como la realidad misma.