El Gobierno anticipa 815 millones a 45 damnificados de Tous en Carcaixent

Un grupo de 45 damnificados por la rotura de la presa de Tous en 1982 pertenecientes a la asociaci¨®n de Carcaixent, que se repartir¨¢n un total de 815 millones de pesetas, van a ser los primeros beneficiados por la aprobaci¨®n de un cr¨¦dito extraordinario a cargo del ¨²ltimo Consejo de Ministros. Pero restan por cobrar otros 320 afectados cuyos expedientes est¨¢ remitiendo de forma paulatina el Tribunal Supremo al Ministerio de Medio Ambiente.

La medida, acordada ayer por el Consejo de Ministros, supone el inicio del cumplimiento de la resoluci¨®n tomada despu¨¦s de que el alto tribunal condenara, en la primavera del a?o 1997, al Gobierno como responsable civil subsidiario por el hundimiento de la presa. El Ejecutivo ha retrasado su pago ante la ausencia de consignaci¨®n presupuestaria seg¨²n reconoci¨® en un reciente escrito dirigido a la organizaci¨®n surgida en Carcaixent el a?o 1983, que decidi¨® seguir la v¨ªa administrativa en lugar de la penal.

Medio Ambiente asegur¨® en la misiva a este colectivo que en los presupuestos del pr¨®ximo a?o dotar¨¢ una partida con unos 6.200 millones de pesetas para pagar las indemnizaciones pendientes. Una suma que excede en mucho a las previsiones de la organizaci¨®n, que cifra el total a percibir en unos 1.800 millones de pesetas, seg¨²n reconoce su presidente Salvador Calatayud.

Entre los expedientes aprobados figuran compensaciones que van desde las 300.000 pesetas de un vecino de Carcaixent a los m¨¢s de 150 millones que percibir¨¢ una empresa agroalimentaria de esta localidad de la Ribera Alta.

La asociaci¨®n fue constituida por 1.500 asociados procedentes de Carcaixent, Alzira, Algemes¨ª, Antella y Sumac¨¢rcer, justo un a?o despu¨¦s de las graves inundaciones sufridas por la comarca el 20 de octubre de 1982. Al contrario que otras asociaciones formadas en Alzira y Antella, que siguieron la v¨ªa penal, iniciaron su periplo mediante una reclamaci¨®n administrativa al Ministerio de Obras P¨²blicas, que les fue denegada as¨ª como el recurso de reposici¨®n. En el a?o 1986 decidieron presentar en el Supremo un contencioso administrativo que fij¨® la vista y su correspondiente resoluci¨®n para el a?o siguiente. Pero una semana antes de la fecha fijada 'se jubil¨® el juez' que llevaba el caso, recuerda Calatayud, y su sustituto suspendi¨® las actuaciones hasta que culminara la v¨ªa penal, que fall¨® 10 a?os despu¨¦s.

Coincidiendo con el 15 aniversario de la pantanada, el Tribunal Supremo les reconoci¨® su derecho a percibir el 100% de los da?os declarados de los que hab¨ªa que descontar las compensaciones econ¨®micas satisfechas por la Administraci¨®n a trav¨¦s de los dos decretos leyes promulgados en 1993 y 1995. Pero por el camino se quedaron un millar de afiliados 'por cansancio y por falta de confianza en la justicia', revela Calatayud.