EE UU, ante el terror

Las reformas legislativas firmadas ayer por el presidente George Bush, tras su aprobaci¨®n casi un¨¢nime por las dos C¨¢maras, conceden al Gobierno norteamericano ampl¨ªsimos poderes para interceptar comunicaciones, investigar cuentas bancarias, detener y deportar a cualquier extranjero al que se considere sospechoso de tener v¨ªnculos con organizaciones terroristas. Bush anunci¨® que la nueva legislaci¨®n antiterrorista 'se aplicar¨¢ con toda la urgencia de una naci¨®n en guerra'. El fiscal general, John Ashcroft, dibuja un panorama de rigor extremo en su aplicaci¨®n: 'Si su visado se pasa un solo d¨ªa de validez, ser¨¢ detenido; si viola una ley local, ser¨¢ encarcelado... Utilizaremos cualquier medio que nos conceda la ley'.

El nuevo texto legal, tramitado en el tiempo r¨¦cord de mes y medio, deber¨¢ ser manejado con cautela para evitar que lesione los fundamentos del Estado de derecho. Para desmayo de las organizaciones de libertades civiles, la Administraci¨®n ha obtenido del Congreso casi todo lo que ped¨ªa. Los cuerpos de seguridad y las agencias de espionaje, adem¨¢s de compartir su informaci¨®n, podr¨¢n registrar viviendas con mayor facilidad, practicar escuchas telef¨®nicas y fiscalizar el correo electr¨®nico de los sospechosos. En sus diez cap¨ªtulos, la ley, que aumenta el tipo de delitos que se consideran terrorismo y ampl¨ªa las penas por su comisi¨®n, aspira a cubrir todos los posibles flancos: desde un formidable refuerzo de la polic¨ªa de fronteras (las de Canad¨¢, sobre todo), de los servicios de inmigraci¨®n y de aduana, hasta los nuevos poderes al Departamento del Tesoro para dirigirse contra pa¨ªses y bancos que pudieran alimentar las finanzas de los terroristas.

El titular de Justicia no ha conseguido, afortunadamente, el visto bueno de los legisladores en dos aspectos cruciales. El Senado ha reducido a una semana su pretensi¨®n de que los extranjeros sospechosos pudieran ser detenidos indefinidamente sin cargos. Y la C¨¢mara de Representantes ha impuesto que las medidas m¨¢s delicadas referidas a la vigilancia electr¨®nica de personas deban ser renovadas judicialmente cada cuatro a?os, en lugar de la vigencia ilimitada que ped¨ªa el Gobierno. Parece una m¨ªnima cautela para permitir al Parlamento lidiar con las consecuencias imprevistas de las nuevas facultades otorgadas a los agentes de la ley.

Bush quiere implicar en la batalla a todos los sectores sociales. Pero en un pa¨ªs edificado sobre la idea misma de las libertades individuales, la aplicaci¨®n de algunas de las medidas sancionadas ayer est¨¢ llamada a la controversia, pese a su aceptaci¨®n inicial. El futuro inmediato dir¨¢ si, como temen algunos, ciudadanos inocentes caen en las redes de unos poderes de vigilancia definidos con excesiva amplitud o si ¨¦stos acaban siendo utilizados en casos penales ordinarios, sin conexi¨®n con delitos terroristas. El interrogante de mayor calado, sin embargo, es hasta qu¨¦ punto los evidentes recortes a las libertades p¨²blicas que se han puesto en marcha van a contribuir a fortalecer la seguridad de una naci¨®n que ahora mismo, a consecuencia de los env¨ªos postales de ¨¢ntrax, est¨¢ ya al borde de la obsesi¨®n colectiva.