De mal en peor
La renovaci¨®n de los cargos institucionales ha ido de mal en peor desde que en 1985 entr¨® en el lote de los designados por el Parlamento la totalidad de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La que culmin¨® ayer en el Congreso con la elecci¨®n de 10 vocales del CGPJ, seis consejeros del Tribunal de Cuentas y cuatro magistrados del Constitucional (pendiente todav¨ªa la elecci¨®n del Senado) se ha llevado la palma como expresi¨®n de las peores pr¨¢cticas partidarias. Y se han hecho notar m¨¢s, si cabe, por las esperanzas que hizo albergar el Pacto por la Justicia con la participaci¨®n de los jueces en el proceso de elecci¨®n.
El PP y el PSOE, firmantes de ese pacto, se las han arreglado para mofarse de su esp¨ªritu a las primeras de cambio. Las cuotas de poder en instituciones que por su naturaleza y funci¨®n -ser ¨®rganos de control y de supervisi¨®n democr¨¢ticos- deber¨ªan estar fuera de la influencia directa de los partidos han sido el motivo central negociador de ambos, aprovechando que re¨²nen la mayor¨ªa cualificada de 210 diputados. Y a ese objetivo han supeditado todo lo dem¨¢s: no les ha importado dejar por primera vez fuera de instituciones b¨¢sicas del Estado a las fuerzas nacionalistas -al PNV, del CGPJ, y a CiU, del Tribunal Constitucional- y han colocado por encima de la reconocida competencia de los candidatos, requisito exigido por la Constituci¨®n, criterios de proximidad pol¨ªtica y personal. Todo ello agravado por el hecho de que este acuerdo para el reparto se ha cocinado al margen del Parlamento, que se ha limitado a convocar unas sesiones de idoneidad puramente lit¨²rgicas.
Ni siquiera han intervenido las C¨¢maras para desbloquear el conflicto suscitado por una impertinencia de Rato, respondida por los socialistas con un ¨®rdago sin cartas en la mano. El espect¨¢culo ha sido lamentable. Desde luego, no es con este tipo de pr¨¢cticas como los pol¨ªticos pueden recuperar un prestigio social que no les sobra y sin el cual no puede funcionar una democracia sana. S¨®lo queda esperar que los elegidos act¨²en con la exigible independencia e idoneidad profesional al servicio de las instituciones.
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