El Defensor del Pueblo pide que se investigue la construcci¨®n defectuosa de unas casas en M¨¢laga

El Defensor del Pueblo andaluz ha solicitado a la Fiscal¨ªa de M¨¢laga que investigue las circunstancias que rodearon la construcci¨®n de la segunda fase de la Urbanizaci¨®n Heliomar, un total de 44 adosados de protecci¨®n oficial con graves defectos de construcci¨®n. En 1991, la Junta ya sancion¨® al Patronato Municipal de la Vivienda de M¨¢laga por las deficiencias que presentaban las casas, pero nunca han llegado a solventarse los problemas. Las grietas y filtraciones provocan humedades que han ocasionado a varios vecinos graves problemas de huesos y alergias.

El proyecto original de la urbanizaci¨®n, que contemplaba la construcci¨®n de 51 viviendas, fue alterado, sin que en el proyecto reformado conste visado alguno de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas de la Junta. Finalmente, se construyeron 44 adosados, sin aislamientos en las paredes ni juntas de dilataci¨®n.

Las casas fueron entregadas a sus compradores en 1989. Ese a?o, las fuertes lluvias que cayeron en M¨¢laga pusieron en evidencia los defectos de construcci¨®n: aparecieron grietas y humedades por doquier. Dos a?os m¨¢s tarde, la denuncia presentada por unos vecinos provoc¨® la apertura de un expediente sancionador por parte de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas al Patronato Municipal de la Vivienda.

A ra¨ªz de aquel expediente, se hicieron algunas reparaciones en las casas, pero fue en vano: los problemas eran estructurales, y la humedad sigui¨® calando las casas y los huesos de sus inquilinos. Uno de ellos, Jos¨¦ Romero Medina, alba?il de profesi¨®n, decidi¨® en 1994, despu¨¦s de agotar la v¨ªa administrativa, interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas de la Junta, corresponsable de la construcci¨®n de las viviendas.

Enfermedades ¨®seas

Por esas fechas, su esposa y ¨¦l padec¨ªan ya dolencias ¨®seas por culpa de la humedad. Actualmente, Romero tiene reconocido un 66% de minusval¨ªa a causa de una osteoartrosis, y su c¨®nyuge, un 56% de minusval¨ªa por el mismo problema. Dos de sus hijos, que conviven con el matrimonio, est¨¢n afectados por una alergia causada por los ¨¢caros de la humedad.

Al principio, el afectado pens¨® que los tribunales pondr¨ªan soluci¨®n a su caso, pero esta v¨ªa se ha visto obstaculizada por un problema: el juez determin¨® que un perito judicial deb¨ªa efectuar una valoraci¨®n de los da?os que sufre su vivienda, y hasta ahora ninguno de los seis peritos nombrados ha aceptado el cargo. En sus renuncias, todos alegan imposibilidad de ser imparciales por tener relaciones laborales con la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas.

La renuncia del ¨²ltimo perito se produjo el 30 de mayo de 2001. Este t¨¦cnico hab¨ªa sido designado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) el 6 de mayo de 1999, tras rechazar otros cinco la pr¨¢ctica de la prueba. Pero s¨®lo present¨® la renuncia despu¨¦s de que la sala le notificase, el 28 de mayo de 2001, que ten¨ªa tres d¨ªas para proceder a la pr¨¢ctica de la pericial. Tras este ¨²ltimo rechazo, la sala a¨²n no ha designado un nuevo perito.

Quien s¨ª ha certificado los riesgos que las humedades de las casas representan para la salud de sus habitantes es la Delegaci¨®n Provincial de Salud de la Junta, que inspeccion¨® las viviendas en 1996. Tambi¨¦n los ha hecho constar el perito de la compa?¨ªa con la que Romero tiene contratado el seguro del hogar, en un informe expedido para rechazar que su empresa asuma las reparaciones. En este informe se hace constar que los problemas obedecen a 'defectos de construcci¨®n' y se hace menci¨®n a que el proyecto 'no est¨¢ visado por la Junta de Andaluc¨ªa'.

As¨ª las cosas, Romero, que a¨²n tiene que seguir pagando la hipoteca de la casa otros 12 a?os, ha decidido recurrir por segunda vez al Defensor del Pueblo andaluz -la primera queja, que tambi¨¦n fue admitida a tr¨¢mite, la elev¨® en 1999-, mientras soporta grietas y caladeros sin atreverse a parchear el problema 'porque el perito judicial, cuando venga, tiene que ver la casa tal cual est¨¢'.

Los dem¨¢s vecinos han tomado caminos diferentes: 'unos se han marchado a vivir a otras casas y otros, como aceptaron el dinero que nos dio el Patronato para los primeros arreglos, est¨¢n callados porque creen que han perdido el derecho a reclamar', explica Romero. ?l y su abogado, designado por turno de oficio tras serle reconocido el derecho a asistencia jur¨ªdica gratuita, siguen intentando que la justicia se pronuncie sobre el caso.