Una ley contra la Universidad

En 1983, la Ley de Reforma Universitaria pretend¨ªa, sobre todo, modernizar, democratizar y abrir a todos los j¨®venes, independientemente de su origen social o econ¨®mico, la Universidad. Una Universidad que se encontraba a a?os luz de los pa¨ªses de nuestro entorno. Con la perspectiva de los 18 a?os transcurridos y a pesar de sus muchos defectos, tendremos que concluir que la LRU ha sido un instrumento v¨¢lido y ha permitido un salto no s¨®lo cuantitativo, sino tambi¨¦n cualitativo, de la educaci¨®n superior en nuestro pa¨ªs. Cualquier par¨¢metro que se elija (alumnado, profesorado, investigaci¨®n, n¨²mero de universidades y titulaciones) no admite comparaci¨®n con lo que exist¨ªa en los albores de la transici¨®n desde la dictadura, y todo ello desde un escrupuloso respeto a la autonom¨ªa universitaria y sentando unas m¨ªnimas bases de participaci¨®n social en la propia gesti¨®n de la Universidad.

La pol¨ªtica de becas brilla por su ausencia: 'El que quiera buena educaci¨®n, que la pague'

El PP ha optado por una ley org¨¢nica de partido, por una imposici¨®n unilateral

Pero en su relativo ¨¦xito -no queremos que se entienda que estamos plenamente satisfechos con sus resultados- la LRU lleva el germen de su modificaci¨®n. En algunos casos, por errores o escaso desarrollo; en otros, por haberse quedado obsoleta, como en lo referido al profesorado hace ya demasiados a?os y, en general, por falta de financiaci¨®n. Numerosos estudios, reivindicaciones sindicales y sociales, informes como Universidad 2000, la propia dimensi¨®n europea como reto y la realidad de las transferencias a las 17 comunidades aut¨®nomas generaban un gran consenso en la urgencia de la reforma.

El Ministerio de Educaci¨®n, el Gobierno del Partido Popular, ten¨ªa una oportunidad inmejorable para liderar ese consneso. Preservando lo que se hab¨ªa demostrado que funcionaba bien, deber¨ªa haber generado un amplio debate con la comunidad universitaria, con los sindicatos, con las asociaciones estudiantiles, con los grupos parlamentarios, con las comunidades aut¨®nomas, del que saliese una nueva ley lo m¨¢s apoyada posible.

Nada de esto ha ocurrido. Ni ha habido debate previo al conocimiento del primer anteproyecto de ley ni lo ha habido despu¨¦s. El Partido Popular ha optado por una Ley Org¨¢nica de Universidades de partido, por una imposici¨®n unilateral. Respetamos el derecho democr¨¢tico que les asiste a elaborar la ley que quieran, no discutimos la legalidad y la capacidad que su mayor¨ªa absoluta les permite. Pero queremos manifestar que existen tambi¨¦n otras legitimidades muy importantes en el ¨¢mbito universitario. Por ejemplo, la de los rectores, representantes electos de los claustros, de la Universidad o la de los sindicatos, representantes de los trabajadores (sean ¨¦stos profesores o personal de administraci¨®n y servicios) y conseguida a trav¨¦s de elecciones democr¨¢ticas.

El Ministerio de Educaci¨®n ha hecho gala de un autismo pol¨ªtico absoluto. Se ha mantenido impermeable a cualquier sugerencia que modificase los ejes fundamentales de su norma. S¨®lo ha admitido 'enmiendas-maquillaje' para salvar la cara de uno de sus socios parlamentarios o las derivadas de cubrir las innumerables lagunas u olvidos. No ha tenido el m¨ªnimo rubor democr¨¢tico en despachar en la Comisi¨®n de Educaci¨®n, en sesi¨®n de tarde-noche de 11 horas, alrededor de 800 enmiendas. No ha querido escuchar ninguna voz de la comunidad universitaria, vetando todas las comparecencias, al tiempo que se nos ped¨ªa a CC OO y UGT que explic¨¢ramos cu¨¢les eran nuestras razones para convocar la huelga en la Universidad. Se deslizaban juicios de valor muy preocupantes sobre las razones de los rectores o de los dos sindicatos para oponerse a la norma. Se recurr¨ªa incluso al insulto desde la m¨¢s alta instancia del Gobierno, calific¨¢ndonos a todos los que no comulgamos con esta ley partidaria de 'progres trasnochados'.

Y desde el autismo pol¨ªtico del que habl¨¢bamos, se han ido deslizando hacia un 'neodespotismo' que, eso s¨ª, no nos parece demasiado ilustrado. Ante las cr¨ªticas un¨¢nimes de que se invade la autonom¨ªa universitaria se nos responde que la ley la potencia. Ante la demanda de una Ley de Financiaci¨®n, se nos dice que existe una Memoria Econ¨®mica y que, en todo caso, el nuevo Pacto de Financiaci¨®n Auton¨®mica permitir¨¢ super¨¢vits; resulta muy c¨®modo el principio del 'yo legislo, t¨² pagas'. Ante nuestros temores por la calidad universitaria, por el empleo, por el acceso de los estudiantes, por la vertebraci¨®n del sistema de educaci¨®n superior, por su integraci¨®n en Europa, etc¨¦tera, no se nos escucha, y en una actitud claramente a la defensiva se recurre a ese despotismo que cit¨¢bamos con anterioridad. En lugar de intentar comprender algunas de nuestras razones, de intentar negociar, la ministra de Educaci¨®n ha repetido hasta la saciedad que su obligaci¨®n era gobernar. Cierto, pero gobernar no es mandar, imponer por la fuerza de los votos. Es tambi¨¦n convencer y es m¨¢s que evidente que la LOU no convence a la Universidad espa?ola.

La ministra de Educaci¨®n y el presidente del Gobierno deber¨ªan ser conscientes de ello y del periodo de inestabilidad que van a provocar con su prepotencia y obcecaci¨®n al entonar a coro, cual pol¨ªticos del XVIII redivivos: 'Todo para la Universidad, pero sin la Universidad'.

No podemos dejar de se?alar las declaraciones a un grupo de rectores de una alta personalidad del ministerio que puede darnos luz sobre los verdaderos motivos del porqu¨¦ de una ley tan partidaria, cuando se extra?aba de que la mayor¨ªa social que le hab¨ªa dado el triunfo en las ¨²ltimas elecciones al PP no ten¨ªa su correlato dentro de las universidades. Obviamente, se han puesto manos a la obra para conseguir modificarlo y por eso necesitan vulnerar la autonom¨ªa universitaria; la experiencia adquirida en la Generalitat Valenciana les ha servido de mucho en este sentido.

La LOU, si alguien no lo remedia, va a sumir a las universidades espa?olas en un periodo de desestabilizaci¨®n enorme, y no s¨®lo durante los 18 meses necesarios para establecer los estatutos. Las comunidades aut¨®nomas, y cada una de las universidades, tendr¨¢n que desarrollar la ley; al menos son precisos 37 reales decretos b¨¢sicos y 11 ¨®rdenes ministeriales, adem¨¢s de la normativa auton¨®mica y la elaboraci¨®n de los estatutos de cada universidad. Se pretende angelicalmente que aquellos que se han manifestado clar¨ªsimamente en contra de la ley no s¨®lo la asuman, sino que la desarrollen y se olviden autom¨¢ticamente de sus cr¨ªticas.

Que se acepte la masiva precariedad laboral, que no se establezcan salvaguardas para los despidos masivos paralelos al descenso del alumnado. Que cada comunidad aut¨®noma decida la duraci¨®n y salario de los contratos, sin establecer m¨ªnimos homologables. Que se asuma un sistema de habilitaci¨®n que valga tanto para un empleo estable como temporal; que en lugar de valorar los m¨¦ritos acreditados a trav¨¦s del curr¨ªculum docente e investigador, recupere las viejas pruebas anteriores a la LRU.

Que se pretenda mejorar la Universidad espa?ola sin gastar una sola peseta o euro. Que en cuanto a calidad todo se va a solucionar con una Agencia Nacional de Evaluaci¨®n y Calidad para todas las universidades, sin mecanismos que establezcan par¨¢metros homog¨¦neos entre las diferentes universidades, de forma que todas tengan las mismas posibilidades en la carrera en la que tendr¨¢n que competir.

Se elimina la selectividad y, aunque no se concreta el nuevo sistema de acceso del alumnado, dar¨¢ paso a mayores pruebas selectivas sin un control que las homologue. Se suavizan los requisitos que se le exigen a las universidades privadas; los profesores no necesitan ning¨²n tipo de habilitaci¨®n. Se deja a la investigaci¨®n b¨¢sica, a la propia de la universidad a su suerte, sin financiaci¨®n y sin marcos de coordinaci¨®n con el Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa, retrotrayendo a las cavernas de la historia la investigaci¨®n, desarrollo e innovaci¨®n en nuestro pa¨ªs.

Se vulnera la autonom¨ªa universitaria con los nuevos consejos de gobierno, donde se incluyen representantes pol¨ªticos; se puede eliminar la presencia de los representantes de los agentes sociales en los consejos sociales; se recorta la representatividad del personal de administraci¨®n y servicios; no se incrementan sus ratios de plantilla en relaci¨®n con el profesorado y las necesidades de docencia e investigaci¨®n de ¨¦stos, y no se establece un cuerpo ¨²nico. La pol¨ªtica de becas brilla por su ausencia, no les preocupa la compensaci¨®n de desigualdades, la igualdad de oportunidades: 'El que quiera buena educaci¨®n, que la pague'.

Pero a pesar del sombr¨ªo panorama no queremos ser pesimistas. UGT y CC OO, no s¨®lo como federaciones de ense?anza, sino tambi¨¦n como confederaciones, somos conscientes de que otra Universidad es posible. Hacemos un llamamiento de nuevo a la negociaci¨®n, a que se reconsideren muchas posturas, a que se valore que una ley contra la Universidad est¨¢ condenada al fracaso; que necesitamos una ley que pueda perdurar en el tiempo y fruto del consenso, no de la imposici¨®n. De no ser as¨ª, no habr¨¢ un punto final con su publicaci¨®n en el BOE; al contrario, ser¨¢ el inicio de una campa?a para conseguir un soporte normativo que nos permita una Universidad p¨²blica de calidad, que, no nos enga?emos, es la verdadera garant¨ªa de futuro de nuestro pa¨ªs, la mejor inversi¨®n que podemos realizar.

Jes¨²s R. Copa Novo es secretario general de la Federaci¨®n de Trabajadores de la Ense?anza de UGT. Fernando Lezcano L¨®pez es secretario general de la Federaci¨®n de Ense?anza de CC OO.