?Ha llegado la hora?
La l¨ªnea pol¨ªtica del nuevo Gobierno nacionalista, una vez aparcada la v¨ªa Lizarra, dibuja el siguiente esquema de pasos sucesivos: a) deslegitimaci¨®n del Estatuto ante la opini¨®n p¨²blica (por la doble v¨ªa de reclamar una lectura maximalista y descontextualizada de su contenido, al tiempo que se acusa a Madrid de regresi¨®n involucionista); b) exigencia de un nuevo 'punto de encuentro' entre los vascos que sustituya al estatutario (meeting point que se convierte al mismo tiempo en f¨ªsica y pol¨ªticamente imposible, al anunciar el nacionalismo que no dejar¨¢ en ning¨²n caso de moverse en su trayectoria hacia la independencia); c) por ¨²ltimo, levantada acta de constancia de lo anterior (la 'falta de di¨¢logo' de que nos habla permanentemente el lehendakari funciona as¨ª como una self fullfilling prophecy) se anuncia el forcejeo institucional y el tensionamiento social para conseguir una consulta popular sobre el derecho de autodeterminaci¨®n. Lo que venga despu¨¦s, probablemente, no est¨¢ todav¨ªa claramente definido en la estrategia nacionalista, que de momento se contenta con este proyecto a medio plazo.
Plantea el autor si no es necesario ya someter a la decisi¨®n de los ciudadanos los postulados que esgrime el nacionalismo.
Llama poderosamente la atenci¨®n la incapacidad de la oposici¨®n para formular una pol¨ªtica alternativa a la nacionalista y, sobre todo, de hacerla cre¨ªble ante la opini¨®n p¨²blica. Factores para este fracaso son, evidentemente, muchos y variados. De entrada una acusada torpeza por parte de los populares en la gesti¨®n pol¨ªtica del Estado auton¨®mico, no tanto por sus proyectos de fondo como por su carencia de sensibilidad. La federalizaci¨®n del Estado no incluye s¨®lo la distribuci¨®n del poder, sino tambi¨¦n la federalizaci¨®n de su gesti¨®n pol¨ªtica, algo que no parece comprenderse desde el centro del sistema. Se incurre tambi¨¦n en un acusado numantinismo constitucional, que invoca la democracia como parapeto contra cualquier reivindicaci¨®n particularista, de forma que termina por proyectar una imagen defensiva (opresiva) de la Constituci¨®n. En lugar de proyecto sugestivo de vida en com¨²n, ¨¦sta acaba percibi¨¦ndose por la opini¨®n como un dique contra reivindicaciones que, en muchos casos, son perfectamente leg¨ªtimas en su planteamiento. Y, naturalmente, no podemos dejar de mencionar la terrible interferencia del terrorismo en el juego pol¨ªtico, sobre todo cuando recae s¨®lo sobre los jugadores de uno de los equipos. Dram¨¢tica influencia que, sin embargo, no exime de la obligaci¨®n de seguir jugando el partido, desde el momento en que el nacionalismo hegem¨®nico ha decidido no suspenderlo.
Si a lo anterior a?adimos la necesidad interna de la oposici¨®n de marcar diferencias entre sus componentes, como consecuencia inevitable de la l¨®gica del sistema partidista en el nivel nacional, el resultado es poco esperanzador, salvo para los ingenuos que todav¨ªa postulan 'terceras v¨ªas' y 'espacios propios', cuyo contenido concreto resulta siempre evanescente. O para los arribistas que prefieren tocar algo de poder hoy a cambio de acompa?ar al nacionalismo durante un trecho de su largo camino.
As¨ª las cosas, se me ocurre una humilde sugerencia que quiz¨¢s pudiera sacar del empantanamiento a la oposici¨®n no nacionalista: la de empezar por el final, situando la pelota, ya desde ahora, all¨ª donde los nacionalistas quieren llevarla en el futuro al t¨¦rmino de su estrategia. En concreto, se tratar¨ªa de estudiar, consensuar y preparar la convocatoria de una consulta popular en Euskalherria que interrogue al ciudadano, clara y directamente, si desea o no que se inicie el proceso de reforma constitucional para independizar al Pa¨ªs Vasco del resto de Espa?a, de acuerdo con lo previsto en los art¨ªculos 92.2 y 167 de la Constituci¨®n. Esta es una posibilidad legal y constitucionalmente impecable, estudiada y desarrollada en su d¨ªa por un experto como Juan Jos¨¦ Soloz¨¢bal, y recomendada recientemente por S¨¢nchez Cuenca (aun con la restricci¨®n, para ¨¦ste ¨²ltimo, de exigir un marco operativo sin terrorismo). ?Ser¨ªa esto la autodeterminaci¨®n? No, m¨¢s bien es lo contrario: es huir de los grandes conceptos que envenenan el debate, de la discusi¨®n pol¨ªticamente est¨¦ril en torno a abstracciones imponentes (soberan¨ªa, autodeterminaci¨®n, etc) y en su lugar iniciar un expediente constitucional para conocer la voluntad real de una parte de los espa?oles.
Este planteamiento supone tomarse la Constituci¨®n en serio. En efecto, no vale afirmar d¨ªa tras d¨ªa que todos los proyectos son defendibles dentro de su ¨¢mbito o que la propia Constituci¨®n permite su reforma, cuando lo cierto es que est¨¢ dise?ada precisamente para hacer casi imposible esa reforma, exigiendo para ello unas mayor¨ªas inalcanzables para cualquier partido aislado. Si los partidos mayoritarios creen de verdad en las posibilidades de la Constituci¨®n, deben prestar su apoyo consensuado para estudiar su cambio cuando la reclamaci¨®n para hacerlo tiene seriedad y fundamento, por mucho que su palad¨ªn sea minoritario.
Rep¨¢rese en que, por vez primera en la democracia, el nacionalismo se ha presentado a unas elecciones con la palabra independencia en su programa (aunque sea en letra peque?a). Y que, rompiendo con un tab¨², un 53% de la poblaci¨®n ha dado su voto a ese programa. En un pa¨ªs en que esto sucede es perfectamente congruente, al tiempo que bastante saludable para el clima pol¨ªtico, iniciar una consulta popular para determinar el alcance real de esa voluntad. La alternativa de no hacerlo a tiempo es la de quedar todos presos de la estrategia de la tensi¨®n adoptada por PNV-EA, con un desenlace final m¨¢s que problem¨¢tico y probablemente desastroso (imag¨ªnense simplemente un escenario en que la fuerza p¨²blica estatal impide una consulta convocada por Vitoria, u otro en que el Gobierno de Madrid hace uso del art¨ªculo 155.1? de la Constituci¨®n para disolver al Gobierno vasco por incumplir sus obligaciones).
Obviamente, ser¨ªa t¨¦cnicamente complejo articularlo (¨¢mbito de consulta, mayor¨ªa a tener en cuenta, etc.), exigir¨ªa un consenso partidista trabajoso, costar¨ªa sumar al nacionalismo a la iniciativa, etc.; pero a pesar de todo tendr¨ªa enormes ventajas. Pues si el resultado es el que creemos, el escenario pol¨ªtico quedar¨ªa por fin estructurado en sus l¨ªmites esenciales, poniendo fin a esa sensaci¨®n de fluidez y transitoriedad que impide hoy el juego pol¨ªtico normal en una democracia. Y, de paso, la oposici¨®n podr¨ªa formular un proyecto vasquista propio, sin temor al deslizamiento o al chantaje nacionalista.
Bien, ?pero y si sale al final que este pa¨ªs desea realmente la independencia? ?Qu¨¦ hacemos entonces? Bueno, querido lector, si es usted dem¨®crata ya conoce la respuesta.La l¨ªnea pol¨ªtica del nuevo Gobierno nacionalista, una vez aparcada la v¨ªa Lizarra, dibuja el siguiente esquema de pasos sucesivos: a) deslegitimaci¨®n del Estatuto ante la opini¨®n p¨²blica (por la doble v¨ªa de reclamar una lectura maximalista y descontextualizada de su contenido, al tiempo que se acusa a Madrid de regresi¨®n involucionista); b) exigencia de un nuevo 'punto de encuentro' entre los vascos que sustituya al estatutario (meeting point que se convierte al mismo tiempo en f¨ªsica y pol¨ªticamente imposible, al anunciar el nacionalismo que no dejar¨¢ en ning¨²n caso de moverse en su trayectoria hacia la independencia); c) por ¨²ltimo, levantada acta de constancia de lo anterior (la 'falta de di¨¢logo' de que nos habla permanentemente el lehendakari funciona as¨ª como una self fullfilling prophecy) se anuncia el forcejeo institucional y el tensionamiento social para conseguir una consulta popular sobre el derecho de autodeterminaci¨®n. Lo que venga despu¨¦s, probablemente, no est¨¢ todav¨ªa claramente definido en la estrategia nacionalista, que de momento se contenta con este proyecto a medio plazo.
Llama poderosamente la atenci¨®n la incapacidad de la oposici¨®n para formular una pol¨ªtica alternativa a la nacionalista y, sobre todo, de hacerla cre¨ªble ante la opini¨®n p¨²blica. Factores para este fracaso son, evidentemente, muchos y variados. De entrada una acusada torpeza por parte de los populares en la gesti¨®n pol¨ªtica del Estado auton¨®mico, no tanto por sus proyectos de fondo como por su carencia de sensibilidad. La federalizaci¨®n del Estado no incluye s¨®lo la distribuci¨®n del poder, sino tambi¨¦n la federalizaci¨®n de su gesti¨®n pol¨ªtica, algo que no parece comprenderse desde el centro del sistema. Se incurre tambi¨¦n en un acusado numantinismo constitucional, que invoca la democracia como parapeto contra cualquier reivindicaci¨®n particularista, de forma que termina por proyectar una imagen defensiva (opresiva) de la Constituci¨®n. En lugar de proyecto sugestivo de vida en com¨²n, ¨¦sta acaba percibi¨¦ndose por la opini¨®n como un dique contra reivindicaciones que, en muchos casos, son perfectamente leg¨ªtimas en su planteamiento. Y, naturalmente, no podemos dejar de mencionar la terrible interferencia del terrorismo en el juego pol¨ªtico, sobre todo cuando recae s¨®lo sobre los jugadores de uno de los equipos. Dram¨¢tica influencia que, sin embargo, no exime de la obligaci¨®n de seguir jugando el partido, desde el momento en que el nacionalismo hegem¨®nico ha decidido no suspenderlo.
Si a lo anterior a?adimos la necesidad interna de la oposici¨®n de marcar diferencias entre sus componentes, como consecuencia inevitable de la l¨®gica del sistema partidista en el nivel nacional, el resultado es poco esperanzador, salvo para los ingenuos que todav¨ªa postulan 'terceras v¨ªas' y 'espacios propios', cuyo contenido concreto resulta siempre evanescente. O para los arribistas que prefieren tocar algo de poder hoy a cambio de acompa?ar al nacionalismo durante un trecho de su largo camino.
As¨ª las cosas, se me ocurre una humilde sugerencia que quiz¨¢s pudiera sacar del empantanamiento a la oposici¨®n no nacionalista: la de empezar por el final, situando la pelota, ya desde ahora, all¨ª donde los nacionalistas quieren llevarla en el futuro al t¨¦rmino de su estrategia. En concreto, se tratar¨ªa de estudiar, consensuar y preparar la convocatoria de una consulta popular en Euskalherria que interrogue al ciudadano, clara y directamente, si desea o no que se inicie el proceso de reforma constitucional para independizar al Pa¨ªs Vasco del resto de Espa?a, de acuerdo con lo previsto en los art¨ªculos 92.2 y 167 de la Constituci¨®n. Esta es una posibilidad legal y constitucionalmente impecable, estudiada y desarrollada en su d¨ªa por un experto como Juan Jos¨¦ Soloz¨¢bal, y recomendada recientemente por S¨¢nchez Cuenca (aun con la restricci¨®n, para ¨¦ste ¨²ltimo, de exigir un marco operativo sin terrorismo). ?Ser¨ªa esto la autodeterminaci¨®n? No, m¨¢s bien es lo contrario: es huir de los grandes conceptos que envenenan el debate, de la discusi¨®n pol¨ªticamente est¨¦ril en torno a abstracciones imponentes (soberan¨ªa, autodeterminaci¨®n, etc) y en su lugar iniciar un expediente constitucional para conocer la voluntad real de una parte de los espa?oles.
Este planteamiento supone tomarse la Constituci¨®n en serio. En efecto, no vale afirmar d¨ªa tras d¨ªa que todos los proyectos son defendibles dentro de su ¨¢mbito o que la propia Constituci¨®n permite su reforma, cuando lo cierto es que est¨¢ dise?ada precisamente para hacer casi imposible esa reforma, exigiendo para ello unas mayor¨ªas inalcanzables para cualquier partido aislado. Si los partidos mayoritarios creen de verdad en las posibilidades de la Constituci¨®n, deben prestar su apoyo consensuado para estudiar su cambio cuando la reclamaci¨®n para hacerlo tiene seriedad y fundamento, por mucho que su palad¨ªn sea minoritario.
Rep¨¢rese en que, por vez primera en la democracia, el nacionalismo se ha presentado a unas elecciones con la palabra independencia en su programa (aunque sea en letra peque?a). Y que, rompiendo con un tab¨², un 53% de la poblaci¨®n ha dado su voto a ese programa. En un pa¨ªs en que esto sucede es perfectamente congruente, al tiempo que bastante saludable para el clima pol¨ªtico, iniciar una consulta popular para determinar el alcance real de esa voluntad. La alternativa de no hacerlo a tiempo es la de quedar todos presos de la estrategia de la tensi¨®n adoptada por PNV-EA, con un desenlace final m¨¢s que problem¨¢tico y probablemente desastroso (imag¨ªnense simplemente un escenario en que la fuerza p¨²blica estatal impide una consulta convocada por Vitoria, u otro en que el Gobierno de Madrid hace uso del art¨ªculo 155.1? de la Constituci¨®n para disolver al Gobierno vasco por incumplir sus obligaciones).
Obviamente, ser¨ªa t¨¦cnicamente complejo articularlo (¨¢mbito de consulta, mayor¨ªa a tener en cuenta, etc.), exigir¨ªa un consenso partidista trabajoso, costar¨ªa sumar al nacionalismo a la iniciativa, etc.; pero a pesar de todo tendr¨ªa enormes ventajas. Pues si el resultado es el que creemos, el escenario pol¨ªtico quedar¨ªa por fin estructurado en sus l¨ªmites esenciales, poniendo fin a esa sensaci¨®n de fluidez y transitoriedad que impide hoy el juego pol¨ªtico normal en una democracia. Y, de paso, la oposici¨®n podr¨ªa formular un proyecto vasquista propio, sin temor al deslizamiento o al chantaje nacionalista.
Bien, ?pero y si sale al final que este pa¨ªs desea realmente la independencia? ?Qu¨¦ hacemos entonces? Bueno, querido lector, si es usted dem¨®crata ya conoce la respuesta.
Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado.
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