Desmontando la Agencia

La Agencia Tributaria, la instituci¨®n que en el sistema democr¨¢tico espa?ol debe velar por la equidad fiscal y la persecuci¨®n del fraude, atraviesa momentos de gran confusi¨®n. Durante la primera legislatura del PP, el Gobierno min¨® su credibilidad con el desgraciado asunto de la amnist¨ªa fiscal de los 200.000 millones, que los acusadores, con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Rodrigo Rato a la cabeza, fueron incapaces de demostrar y que provoc¨® la indignaci¨®n de los inspectores y subinspectores fiscales, a quienes se trat¨® gratuitamente de c¨®mplices en la comisi¨®n de un delito. En la segunda legislatura, los responsables pol¨ªticos de la Agencia amenazan con dar la puntilla a la instituci¨®n. La funambulesca gesti¨®n de los servicios de inspecci¨®n en el caso Gescartera, con expedientes a la sociedad de valores abiertos y cerrados misteriosamente, es un motivo poderoso para que los contribuyentes duden de la imparcialidad del actual equipo de gesti¨®n de la Agencia. El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, se ha sumado ahora a la ceremonia de la confusi¨®n con una serie de disposiciones, introducidas en la Ley de Acompa?amiento del Presupuesto, que limitan la autonom¨ªa econ¨®mica de la Agencia y, por consiguiente, merman su independencia, ya muy cuestionada por los casos mencionados.

No son medidas inocentes. Desde 1996, los Gobiernos del PP han seguido el principio de rebajar la autonom¨ªa de los organismos reguladores. La Comisi¨®n El¨¦ctrica fue convertida en un ¨®rgano consultivo, sin voz ni iniciativa propia, despu¨¦s de su atropellada transformaci¨®n en Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa; la Comisi¨®n Nacional de Telecomunicaciones est¨¢ enterrada en el anonimato y act¨²a como una dependencia m¨¢s del Ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa, y la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sufrido un proceso de envilecimiento que ha culminado en el caso Gescartera con la bochornosa dimisi¨®n de su presidenta, Pilar Valiente. Ahora le toca el turno a la Agencia Tributaria de tragar la misma medicina de p¨¦rdida de autonom¨ªa y de convertirse en una ventanilla m¨¢s de Hacienda, a las ¨®rdenes directas del ministro de turno. Si se atiende a los hechos, que no a las declaraciones de principios, el equipo econ¨®mico del PP no parece dispuesto a tolerar decisiones que no controle directamente ni dict¨¢menes u opiniones contrarios a la versi¨®n oficial.

La pol¨ªtica de nombramientos en el ¨¢rea de Hacienda explica en parte la p¨¦rdida de credibilidad de la Agencia Tributaria y el creciente malestar de los funcionarios que se ocupan de la vigilancia fiscal. Los ministros Rato y Montoro se han empe?ado en nombrar a ex asesores fiscales -como Enrique Gim¨¦nez-Reyna o su sucesor en la Secretar¨ªa de Estado, Estanislao Rodr¨ªguez Ponga-, expertos en sortear las normas tributarias, para dirigir a los inspectores y subinspectores que tienen que combatir el fraude. ?Pueden respetar los funcionarios p¨²blicos a jefes con los que anteriormente se enfrentaron durante la elaboraci¨®n de las actas de inspecci¨®n a entidades financieras o grandes empresas, mejor dotadas y con mayores medios que la propia Hacienda p¨²blica? ?Puede cambiar de registro un profesional que ha sido durante a?os asesor fiscal para convertirse en riguroso perseguidor del dinero oculto y de la ingenier¨ªa tributaria?

El sentido com¨²n y una m¨ªnima disposici¨®n a defender a los funcionarios p¨²blicos aconseja responder no a ambas cuestiones. No cabe criterio de designaci¨®n m¨¢s criticable que el que se ha seguido en Hacienda desde 1996, paralelo, por cierto, a los desdichados nombramientos en la CNMV. Los devastadores efectos de unos y otros se han podido comprobar en el fraude de Gescartera.