Pinochet, de nuevo ante la Corte Suprema

Esta semana est¨¢ previsto que la Corte Suprema de Justicia de Chile se pronuncie sobre los dos recursos presentados contra la decisi¨®n de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que, por dos votos contra uno, se decidi¨® que el ex dictador chileno no pod¨ªa ser juzgado por padecer supuestamente un cierto grado de demencia. La cual fue calificada de leve por los forenses, pero posteriormente elevada a leve-moderada como consecuencia de las fuertes presiones ejercidas por las fuerzas harto poderosas defensoras de su impunidad.

Tras las positivas decisiones judiciales que significaron, meses antes, la privaci¨®n de la inmunidad parlamentaria del ex dictador y su procesamiento en su propio pa¨ªs, llegaron las nuevas presiones y vicisitudes diversas que condujeron a la interrupci¨®n de su proceso. Ahora, reci¨¦n finalizadas las celebraciones de la Caravana de la Vida (conmemorativas de los cr¨ªmenes de la llamada Caravana de la Muerte, perpetrados en aquel tr¨¢gico octubre de 1973), el ex dictador ve su caso nuevamente llevado ante la justicia, como consecuencia de dos diferentes recursos presentados por los representantes de las v¨ªctimas. El primero corresponde a una reclamaci¨®n de nulidad basada en la interpretaci¨®n de las pruebas m¨¦dicas, y el segundo a un vicio formal de procedimiento, que tambi¨¦n significar¨ªa la nulidad de la ¨²ltima decisi¨®n judicial.

M¨¢s all¨¢ del peso y efectividad de estos recursos -que esperamos prevalezcan-, vamos al aspecto central de la cuesti¨®n. Y el aspecto central no es otro que ¨¦ste: ?qu¨¦ significa hoy -para Chile y para el mundo- un juicio con una sentencia condenatoria del general Pinochet, y qu¨¦ significar¨ªa una liquidaci¨®n del caso sin juicio ni sentencia alguna?

Para ello, nada mejor que recordar aquello que los defensores de Pinochet se empe?an en silenciar y que quisieran cubrir definitivamente con el manto de la ocultaci¨®n y del olvido culpable. Recordemos, en efecto, que no estamos hablando simplemente de alguien que lleg¨® al poder de forma ileg¨ªtima, sino de alguien que mantuvo vigente durante 16 a?os y medio un sistema basado en la tortura y el asesinato de sus adversarios pol¨ªticos, incluso no violentos. La Comisi¨®n de Verdad y Reconciliaci¨®n (Comisi¨®n Rettig), ¨®rgano oficial constituido por el primer gobierno democr¨¢tico chileno tras la dictadura para determinar el alcance de lo realmente ocurrido en cuanto a violaciones de derechos humanos, constat¨® el uso sistem¨¢tico de m¨¦todos como los siguientes: la parrilla (catre met¨¢lico, concebido para aplicar descargas el¨¦ctricas a los cuerpos desnudos de las v¨ªctimas, atadas sobre ¨¦l); el submarino (inmersi¨®n de la cabeza de la v¨ªctima en agua sucia hasta el borde de la asfixia); la paliza met¨®dica y brutal concentrada sobre ciertos miembros, hasta producir graves fracturas y a veces la muerte; el colgamiento de las v¨ªctimas por sus extremidades, prolongado por largos periodos, terrible forma de tortura que produce sufrimientos indescriptibles sin esfuerzo alguno para el torturador; traumatismos producidos por cortes profundos por arma blanca, o por disparos en los miembros, o por graves fracturas utilizando veh¨ªculos que pasaban sobre las extremidades de las v¨ªctimas; quemaduras con l¨ªquidos a altas temperaturas; violaci¨®n o vejaci¨®n sexual de ¨¦stas, practicada sistem¨¢ticamente en algunos centros y espor¨¢dicamente en otros; empleo de animales amaestrados para ciertas formas de ataque a las v¨ªctimas; torturas y vejaciones aplicadas a seres queridos de las personas interrogadas, en presencia de ¨¦stas, como medio coactivo para forzarles a proporcionar informaci¨®n. Datos, todos ellos, no precisamente procedentes de un panfleto revolucionario, sino del ya citado informe institucional.

?Debemos, los hombres y mujeres civilizados de comienzos del siglo XXI, seamos chilenos o no, permitir que se corra un tupido velo sobre estos horrores tan recientes, arrinconando definitivamente los cr¨ªmenes de Pinochet, es decir, impidiendo que su m¨¢ximo responsable se someta a los correspondientes juicios no s¨®lo por el caso Caravana, sino por los otros cientos de casos denunciados, juicios donde estos delitos se analicen, testifiquen y valoren, ante una acusaci¨®n y una defensa con plenas garant¨ªas procesales, para llegar a una sentencia o sentencias justas y pormenorizadas que castiguen lo probado y rechacen lo no probado? ?Podemos permitirnos que jam¨¢s se celebren tales juicios, que jam¨¢s declaren ante un tribunal chileno los testigos, que jam¨¢s testifiquen las v¨ªctimas supervivientes, que jam¨¢s se redacte una sentencia sobre tales horrores contra el hombre que los implant¨® y se benefici¨® de ellos para mantener su tiran¨ªa, s¨®lo porque tiene hoy la debilidad mental propia de una persona normal de 85 a?os? Personas a¨²n m¨¢s ancianas -Papon y otros- han comparecido en estos ¨²ltimos a?os ante sus jueces en Europa, para dar cuenta de unos cr¨ªmenes mucho m¨¢s lejanos (cometidos en los a?os 40), y su muy avanzada edad actual no ha impedido que fueran condenados por los actos que perpetraron en sus a?os de plenitud vital y mental.

Recordemos, por ¨²ltimo, que una sentencia judicial, y m¨¢s para este g¨¦nero de delitos, reviste un significado mucho mayor que el logro -ya valioso de por s¨ª- del castigo para el responsable en la medida de su responsabilidad individual. Estos casos, y sus correspondientes sentencias, tienen otra funci¨®n moral y social de mucha mayor magnitud: la de dejar constancia ante el mundo de que este tipo de cr¨ªmenes son intolerables en el ¨¢mbito nacional e internacional; que ninguna sociedad puede permit¨ªrselos, y que el mundo entero, el conjunto de la sociedad humana, tiene mucho que decir sobre su car¨¢cter inhumano y sobre la necesidad de que nunca jam¨¢s se puedan repetir.

M¨¢s de 250 denuncias han sido formuladas contra Pinochet ante la justicia de su pa¨ªs. El definitivo sobreseimiento del caso Caravana de la muerte significar¨ªa la imposibilidad de juzgarle por ¨¦ste y por todos los dem¨¢s casos acumulados contra ¨¦l. Pues bien, la omisi¨®n de todo juicio y de toda condena por los delitos imputados a Pinochet nos dejar¨ªa, una vez m¨¢s, y como tantas otras, privados -por una parte- de ese pronunciamiento de la justicia universal que todav¨ªa no es posible, por carecer a¨²n de un Tribunal Penal Internacional, y por la decisi¨®n pol¨ªtica del Gobierno brit¨¢nico de impedir en su d¨ªa la extradici¨®n que era solicitada por cuatro pa¨ªses europeos y que fue judicialmente otorgada a Espa?a. Y -por otra parte- nos dejar¨ªa igualmente carentes del pronunciamiento de la justicia territorial, en este caso chilena, que, tambi¨¦n una vez m¨¢s, demostrar¨ªa su incapacidad de resistir las presiones estamentales que por tanto tiempo y en tantos lugares consiguieron -y con frecuencia consiguen a¨²n- que prevalezca la inmensa inercia de la impunidad.

Por nuestros principios humanitarios seguimos sin pedir la c¨¢rcel para un anciano como Pinochet. Pero seguimos exigiendo para ¨¦l la sentencia justa y merecida, por unos delitos que fueron calificados por el fiscal brit¨¢nico como 'los m¨¢s terribles cr¨ªmenes jam¨¢s vistos ante un tribunal ingl¨¦s', a pesar de que aquel juicio s¨®lo se refer¨ªa a unos casos de tortura correspondientes a los ¨²ltimos 15 meses de dictadura del general. ?Qu¨¦ hubiera dicho de los horrores, asesinatos y torturas de las primeras semanas? Esperemos, pues, que tras el nuevo y muy pr¨®ximo pronunciamiento de la justicia chilena el caso Pinochet permanezca abierto, y que el mundo -parafraseando lo que se dijo sobre Argentina tras la condena de las Juntas- pueda llegar a ver esa sentencia condenatoria que 'vuelva a colocar a Chile entre las naciones civilizadas de la tierra'.

Prueba de ello, entre otros datos, es lo ocurrido d¨ªas atr¨¢s, cuando los funcionarios judiciales enviados por el juez Juan Guzm¨¢n se personaron en el lujoso domicilio del general, dispuestos a cumplir su orden de tomarle las fotograf¨ªas y huellas dactilares, preceptivas para el fichaje reglamentario de todo procesado. No fue posible. Los funcionarios no lograron franquear la puerta de la verja exterior. Se les dijo que el general necesitaba reposo absoluto, y que no pod¨ªa recibir aquella clase de visitas. Y quien les transmiti¨® esta prohibici¨®n de acceso no fue un familiar del procesado. Tampoco fue un miembro del servicio. Fue precisamente un oficial del Ej¨¦rcito el encargado de transmitir tal respuesta, impidiendo la reglamentaria y supuestamente rutinaria gesti¨®n judicial. Una vez m¨¢s, despu¨¦s de sucesivos intentos frustrados, y esta vez quiz¨¢ de forma definitiva, el general no pudo ser fichado.

Prudencio Garc¨ªa es investigador y consultor internacional del INACS.