Honor y reserva

Pilar Valiente, ex presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) forzada a dimitir por su oscura relaci¨®n con Gescartera, se ha sentido agraviada en su honor e intimidad por la filtraci¨®n de su declaraci¨®n de bienes y derechos patrimoniales. El honor tiene un componente subjetivo dif¨ªcilmente evaluable, pero es un hecho cierto que esa declaraci¨®n, a la que est¨¢n obligados los altos cargos, tiene car¨¢cter reservado por ley, y que tal reserva ha sido vulnerada en el caso de la declaraci¨®n de Pilar Valiente tras pasar por la comisi¨®n de investigaci¨®n de Gescartera en el Congreso.

Pilar Valiente tiene motivos para pedir amparo por lo sucedido al presidente de la comisi¨®n, Luis Mardones. Y ello al margen de que, gracias a la indiscreci¨®n de alg¨²n diputado, los ciudadanos hayan podido conocer, no sin perplejidad, c¨®mo un patrimonio compuesto por cinco pisos, cuatros autom¨®viles -uno de ellos de lujo-, una motocicleta y una finca r¨²stica apenas alcanza un valor de 25 millones de pesetas en r¨¦gimen de bienes gananciales. Este hecho -es decir, los peculiares criterios de tasaci¨®n con que pueden hacerse declaraciones patrimoniales sin posibilidad de ser contrastadas por nadie- puede ser un argumento para exigir que sean p¨²blicas y de libre acceso, aunque haya que regular el procedimiento para consultarlas.

El otro gran registro de altos cargos, el de actividades, s¨ª tiene car¨¢cter p¨²blico. Y aunque es evidente que el de bienes y derechos patrimoniales es m¨¢s delicado, la naturaleza de la funci¨®n p¨²blica exigir¨ªa tambi¨¦n en este caso el m¨¢ximo grado de transparencia y de control social. Sin embargo, mientras la declaraci¨®n patrimonial sea reservada, hay que respetar ese car¨¢cter. Y quienes m¨¢s obligados est¨¢n a ello son las personas que tienen a su cargo velar por su confidencialidad y quienes la conocen en el ejercicio de otra funci¨®n, como es el caso de los miembros de una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n.

Es cierto que la declaraci¨®n de bienes de la ex presidenta de la CNMV, como la de Luis Ramallo y la de Enrique Gim¨¦nez-Reyna, lleg¨® con un injustificable retraso a la comisi¨®n, sin tiempo apenas de ser analizada por su miembros. Ese hecho, entre otros, explica que la oposici¨®n considere falsamente cerrada la comisi¨®n de Gescartera y que intente mantener vivo el asunto en otras instancias parlamentarias; pero ello no justifica que Mardones se desentienda de la filtraci¨®n producida. En sus manos no estaba impedir que alguien revelara datos o documentos reservados. Ha sucedido muchas veces en el pasado, sin importar el car¨¢cter, cerrado o abierto, de la comisi¨®n. Pero s¨ª entra dentro de sus funciones llamar la atenci¨®n sobre la infracci¨®n cometida y dar alguna explicaci¨®n a la persona perjudicada.

La experiencia de esta comisi¨®n, y de otras anteriores, aconseja modificar su reglamentaci¨®n. No s¨®lo para evitar privilegios en las comparecencias (Rato y Montoro), sino para reforzar las garant¨ªas de las personas que declaran sin estar acusadas de delitos y asegurar la confidencialidad de los datos reservados.