Los grupos civiles norteamericanos festejan la 'sentencia Yahoo!' contra el juez franc¨¦s
El fallo demuestra la dificultad de imponer leyes nacionales a una red universal.Los juristas debaten qu¨¦ tribunal debe entender un caso que enfrente a ciudadanos de dos pa¨ªses: el del origen de la web o el de su destinatario
Un juez norteamericano rebati¨® la semana pasada la sentencia de un magistrado franc¨¦s que impon¨ªa a la compa?¨ªa estadounidense Yahoo! restricciones en la oferta que ofrec¨ªa a trav¨¦s de Internet en territorio franc¨¦s. Concretamente, exigi¨® a Yahoo! que impidiera a los franceses acceder a su sitio de subastas de material nazi. El juez norteamericano recuerda que este comercio no est¨¢ perseguido en su pa¨ªs y que el juez franc¨¦s no tiene jurisdicci¨®n sobre un servicio de Internet que ofrece desde EE UU una compa?¨ªa norteamericana.
Los grupos de defensa de las libertades civiles estadounidenses han festejado la sentencia. Alan Davidson, del Centro para la Democracia y la Tecnolog¨ªa, afirm¨® que la sentencia env¨ªa 'un fuerte mensaje a los gobiernos que quieren imponer sus leyes sobre Internet m¨¢s all¨¢ de sus fronteras'. El caso es considerado por SiliconValley.com como el primer gran test sobre los l¨ªmites que tiene un Gobierno extranjero para imponer su ley sobre un sitio radicado en Norteam¨¦rica. Juristas espa?oles consideran que el conflicto demuestra la dificultad de imponer una ley nacional sobre una red universal.El a?o pasado, un juez parisino conden¨® a Yahoo! a bloquear el acceso de los franceses a las subastas nazis que ofrec¨ªa la compa?¨ªa desde Estados Unidos. En Francia este comercio est¨¢ prohibido. El juez franc¨¦s sosten¨ªa que las leyes francesas han de cumplirse en su territorio. Yahoo! aleg¨® dificultades t¨¦cnicas para el filtrado y que la ley francesa no era aplicable a un sitio norteamericano. Aunque pocas semanas despu¨¦s cerr¨® para todos los internautas estas subastas, Yahoo! recurri¨® en EE UU. Paloma Llaneza, abogada especialista en Internet, explic¨® a este diario que ante la dificultad de una jurisdicci¨®n planetaria sobre Internet -es imposible que todos los pa¨ªses acuerden un m¨ªnimo sobre libertad de expresi¨®n- , la decisi¨®n sobre qu¨¦ ley y tribunal es aplicable en un conflicto que implica a varios estados ha de ser la del pa¨ªs de origen del sitio y no la de destino. 'En el comercio, se pacta en los contratos qu¨¦ tribunal entender¨¢ del caso. La Uni¨®n Europea sostiene que, a falta de pacto, es el tribunal del pa¨ªs de la empresa vendedora, salvo en el caso de que el afectado sea un consumidor, entonces es del pa¨ªs del consumidor'.
Origen o destino
Para Llaneza el criterio de adjudicar el caso al tribunal de origen es el m¨¢s funcional, salvo en la excepci¨®n comentada. Primero, porque es imposible para un suministrador de Internet conocer todas las legislaciones nacionales y adaptarse a ellas. 'En Utah est¨¢ prohibida la ense?anza de las tesis evolucionistas de Darwin... ?cometo all¨ª un delito si desde Espa?a cuelgo una p¨¢gina cient¨ªfica sobre el tema? ?En cu¨¢ntos pa¨ªses molestar¨¢ una web que defienda la libertad sexual de la mujer?'. Segundo, es m¨¢s f¨¢cil ejecutar la sentencia si la dicta el juez donde reside el emisor, aunque a veces tambi¨¦n se desconoce su localizaci¨®n si no es una empresa registrada. Tercero, Internet no es un distribuidor que sabe la identidad de todos los que acceden y es imposible perseguirlos.
Para el catedr¨¢tico de Derecho de la Complutense, Santiago Mu?oz Machado, las opciones est¨¢n m¨¢s abiertas. 'Las dos corrientes, americana y francesa, son, en principio, aceptables'. El problema es cuando dan lugar a decisiones judiciales contradictorias. 'Situaciones as¨ª obligan a que cada orden jurisdiccional tenga que resolver la ejecuci¨®n de sus sentencias en su territorio'.
Para Machado, 'estas contradicciones, en el estado actual de la globalizaci¨®n jur¨ªdica, s¨®lo tienen tres soluciones posibles: o se establece un acuerdo internacional relativo al control de los contenidos de las redes, que sirva de par¨¢metro a todas las jurisdicciones del mundo (con la posibilidad de instituir una organizaci¨®n de tribunales encargada de aplicar tal regulaci¨®n internacional). O, en otro caso, sin necesidad de unificar la regulaci¨®n, se establecen acuerdos interestatales en los que se consagren est¨¢ndares de com¨²n aceptaci¨®n y aplicaci¨®n, a los efectos de determinar cu¨¢les son los l¨ªmites de la licitud de los contenidos que circulan en Internet. Un ejemplo de esto ¨²ltimo pueden ser los acuerdos denominados de puerto seguro, que se han adoptado en materia de protecci¨®n de datos'. En este caso, sin necesidad de una regulaci¨®n unitaria, se han establecido compromisos para que las reglas de protecci¨®n, m¨¢s duras en Europa, sean asumidas voluntariamente por las compa?¨ªas del otro lado del Atl¨¢ntico que comercien con Europa. 'Una soluci¨®n de ese tipo permite, por ejemplo, establecer est¨¢ndares de protecci¨®n de la libertad de expresi¨®n, acomodados a las exigencias constitucionales m¨ªnimas de todos los pa¨ªses, lo que har¨ªa imposible que unos tribunales puedan apelar a la mejor protecci¨®n de dicha libertad que su Constituci¨®n establece'.
La tercera opci¨®n ser¨ªa, siempre seg¨²n Mu?oz Machado y como han pretendido el tribunal franc¨¦s, el Consejo de Estado franc¨¦s y el Tribunal de Justicia Comunitario: reconocer efectos universales a las decisiones que adopten los tribunales en un pa¨ªs sobre contenidos servidos desde Internet, cuando dichos contenidos son contrarios a las leyes del pa¨ªs de destino. Pero esta f¨®rmula es la que discute el juez americano.
Europa pacta la lucha contra el cibercrimen
Los 43 estados del Consejo de Europa aprobaron el jueves pasado, tras cuatro a?os de debates, la convenci¨®n contra el cibercrimen, primer texto internacional sobre las infracciones penales cometidas desde redes inform¨¢ticas. La convenci¨®n quiere armonizar las leyes de los distintos pa¨ªses. La convenci¨®n regula asuntos como el acceso no autorizado a una red, la interferencia en el tr¨¢fico de datos, la pornograf¨ªa infantil o el fraude comercial. El texto prev¨¦ obligar a los proveedoreds de acceso a guardar los datos de conexi¨®n de sus clientes durante un mes para facilitar la investigaci¨®n policial. El rechazo de los Estados Unidos ha impedido incluir un art¨ªculo que impusiera la eliminaci¨®n de sitios de contenidos xen¨®fobo o racista. Ahora los estados firmantes han de adecuar sus legislaciones nacionales al texto conjunto. Cuando en junio se aprob¨® el borrador, las organizaciones de derechos civiles norteamericanas lo criticaron duramente porque no contemplaba las garant¨ªas sobre la privacidad vigentes en su pa¨ªs. Tras el atentado del 11 de septiembre y la correcci¨®n de las leyes norteamericanas que dan m¨¢s facilidades al husmeo policial en la red, la situaci¨®n ha cambiado. En Europa se lavantan voces cr¨ªticas ante la paradoja de que Estados Unidos proteja con tanto fervor que ning¨²n otro tribunal de otro pa¨ªs interfiera las leyes de su territorio y, al mismo tiempo, mantenga sistemas de espionaje electr¨®nico universal como Echelon que incluso se han aplicado al espionaje industrial. Convenci¨®n: conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprojets.htm
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