Ruiz-Gallard¨®n aparca la redacci¨®n de una ley que compense a Madrid por ser la capital del Estado

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n no redactar¨¢ la Ley de Capitalidad, normativa que debe fijar las competencias de Madrid y el canon que recibir¨¢ la capital por albergar el Gobierno central. La consejera de Justicia, Paz Gonz¨¢lez, afirm¨® ayer que la Comunidad considera que la Ley de Grandes Ciudades, que prepara el Gobierno central, puede resultar suficiente para Madrid. Pero Mercedes de la Merced, primera teniente de alcalde, record¨® ayer mismo que Jes¨²s Posada, ministro de Administraciones P¨²blicas, asever¨® hace un mes que Madrid necesita una ley distinta a la de Grandes Ciudades.

Los enfrentamientos entre el Gobierno regional y el municipal, ambos del PP, se pusieron ayer nuevamente de manifiesto a prop¨®sito de la Ley de Capitalidad. Esa norma, reconocida por el art¨ªculo sexto del Estatuto de Autonom¨ªa de Madrid, debe deslindar las competencias espec¨ªficas de la Comunidad de las del ¨¢mbito municipal y establecer un canon econ¨®mico que compense al Ayuntamiento tanto de los inconvenientes que supone para los madrile?os que las principales instituciones del Estado radiquen en la capital como de los gastos generados por los actos y eventos oficiales que se celebran obligatoriamente en Madrid.

El gobierno municipal ha elaborado hasta ahora dos borradores del futuro anteproyecto de ley. Pero ambos textos han sido aparcados por el Gobierno regional, receloso de que el Ayuntamiento le reste competencias. Aunque el texto debe ser consensuado entre las dos administraciones, es el Gobierno regional el que debe trasladar esa ley al Gobierno central para que despu¨¦s sea aprobada en las Cortes.

Pero el Ejecutivo que preside Ruiz-Gallard¨®n ha decidido ahora aparcar definitivamente la elaboraci¨®n de esa normativa, a tenor de las manifestaciones realizadas ayer por la consejera de Justicia, Paz Gonz¨¢lez. La consejera admiti¨® que est¨¢ 'clar¨ªsimo' que Madrid necesita una compensaci¨®n por ser la capital de Espa?a, pero asegur¨® que con la Ley de Grandes Ciudades, que est¨¢ elaborando el Gobierno central, no ser¨¢ necesaria la Ley de Capitalidad. 'Si esta ley contuviera la compensaci¨®n econ¨®mica que se merece Madrid, y si cumple las expectativas del Ayuntamiento y la Comunidad, no ser¨¢ necesario que el Gobierno regional regule nada m¨¢s', afirm¨® Gonz¨¢lez.

Sin embargo, hace justo un mes que Jes¨²s Posada, ministro de Administraciones P¨²blicas, admiti¨® en el Senado que Madrid, por su condici¨®n de capital, tendr¨¢ un tratamiento diferenciado del resto de las grandes ciudades. El ministro compareci¨® el 11 de octubre para presentar el informe elaborado por su departamento como base para la Ley de Grandes Ciudades.

Posada puntualiz¨® que Madrid y su Ley de Capitalidad 'tienen un proceso completamente distinto'. 'Muchos de los asuntos que se tratan en el informe son aplicables a Madrid como gran ciudad, pero no como capital de Espa?a', especific¨® el ministro de Administraciones P¨²blicas. El informe presentado por Posada en la Comisi¨®n de Entes Locales del Senado asume que la 'circunstancia de capital del Estado que desempe?a Madrid requerir¨ªa una subvenci¨®n anual por parte de la Administraci¨®n central en el marco de una Ley de Capitalidad'.

Gastos extraordinarios

El documento elaborado por el departamento de Posada precisa, adem¨¢s, que, desde el punto de vista pr¨¢ctico, el r¨¦gimen de capitalidad tendr¨ªa dos proyecciones: estatuto de capitalidad y subvenci¨®n estatal por gastos extraordinarios.

Mercedes de la Merced, primera teniente de alcalde y miembro de la ejecutiva federal del PP, dio por hecho que la Ley de Capitalidad ser¨¢ una realidad, bas¨¢ndose en lo dicho por Posada en el Senado. De la Merced, que clausur¨® ayer un seminario internacional sobre las 'Ciudades Capitales. Visiones de futuro', afirm¨® que conf¨ªa en el apoyo de la oposici¨®n (PSOE e IU) para sacar adelante la Ley de Capitalidad. Sin embargo, De la Merced condicion¨® el impulso a esa normativa a que, previamente, se llegue a un consenso sobre el reglamento que regular¨¢ el funcionamiento de la Corporaci¨®n. PSOE e IU quieren que ese texto otorgue a las comisiones, actualmente informativas, un car¨¢cter m¨¢s decisorio para descargar al pleno de temas menores.