Las empresas de Mart¨ªn Berrocal recibieron ayudas al aceite hasta 1999

Un juzgado de Ja¨¦n investiga el supuesto fraude a la ayudas de la UE a la producci¨®n del aceite de oliva en las campa?as 1994-1995 y 1996-1997 cometido por cuatro empresas administradas por Jos¨¦ Luis Mart¨ªn Berrocal. Pero, como el control a las subvenciones se produce a?os despu¨¦s del cobro, este n¨²cleo de empresas relacionadas con Mart¨ªn Berrocal recibi¨® fondos europeos hasta 1999. Es m¨¢s que probable que la investigaci¨®n judicial se ampl¨ªe hasta un supuesto fraude de cerca de 500 millones.

En las campa?as que a¨²n no han sido investigadas, las empresas Mendoza Agr¨ªcola y Ganadera (MAGSA), El Potril Olivarera, La Toledana Olivarera y Punta Mar, solicitaron y cobraron fondos europeos. En la campa?a 1995-1996 (justo entre las dos que se han inspeccionado), las cuatro empresas solicitaron ayudas y las cobraron. En la 1996-1997, la Junta de Andaluc¨ªa bloque¨® el pago de la subvenci¨®n solicitada por MAGSA, pero s¨ª pag¨® las de las otras tres. Por ¨²ltimo, en 1998-1999, ni MAGSA, ni La Toledana Olivarera pidieron ayudas, pero s¨ª El Potril Olivarera y Punta Mar, que, adem¨¢s, las cobraron.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que si el manejo de estas empresas durante estas campa?as se asemeja a lo hecho en las ya investigadas, el supuesto delito rondar¨ªa los 500 millones y, si se prueba el mal hacer, la sanci¨®n administrativa podr¨ªa ser hasta tres veces m¨¢s.

Las subvenciones agrarias necesitan tener inmediatez para ser verdaderamente ¨²tiles al productor y contribuir a la modernizaci¨®n del sector. As¨ª, las ayudas a la producci¨®n del aceite de oliva de la Uni¨®n Europea (220 pesetas por kilo de grasa) se pagan en funci¨®n de los certificados emitidos por las almazaras autorizadas. Las distintas administraciones est¨¢n encargadas de vigilar que las ayudas multimillonarias se paguen a quien verdaderamente las merece. Pero, estas investigaciones normalmente tardan varios a?os.

Por lo tanto, la necesaria inmediatez de la concesi¨®n de los fondos, cuando hay trampa, se convierte en una bomba de impacto retardado. Esto puede suceder con la investigaci¨®n judicial sobre el supuesto fraude de 220 millones a las ayudas de la UE por parte de las citadas cuatro empresas.

La Agencia para el Aceite de Oliva -dependiente del Ministerio de Agricultura- vio en su inspecci¨®n de 1999 indicios suficientes de delito en la campa?a 1996-1997. El supuesto fraude ascender¨ªa a algo m¨¢s de 63 millones. La Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado tambi¨¦n investig¨® las actividades de estas mismas empresas, pero las relativas a la campa?a 1994-1995. Al igual que la Agencia para el Aceite de Oliva, se top¨® con suficientes irregularidades como para solicitar que se sancionara a las empresas y que se exigiera la devoluci¨®n de los alrededor de 160 millones de ayudas que se embolsaron esa campa?a. Esta inspecci¨®n tambi¨¦n tuvo lugar en 1999.

A la luz de estos informes, la Consejer¨ªa de Agricultura de la Junta de Andaluc¨ªa (encargada del control de las subvenciones agrarias), acudi¨® el pasado julio a la Fiscal¨ªa de la Audiencia de Ja¨¦n, que vio delito y traslad¨® el caso al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Ja¨¦n.

'Hechos aislados'

'Los casos de fraude siempre ponen en peligro la continuidad de las ayudas', afirm¨® el pasado jueves el consejero de Agricultura, Paulino Plata, sobre este caso. 'Lo que s¨ª quiero resaltar es que este tipo de hechos es aislado y que, en ¨¦ste en particular, se ha demostrado que los mecanismos de detecci¨®n de supuestos fraudes han funcionado'.

Y es que la Junta est¨¢ m¨¢s que preocupada por el prestigio del sector olivarero andaluz. 'S¨ª pedir¨ªa que no se sobredimensione el caso porque el presunto afectado sea una persona conocida. Son situaciones excepcionales', insisti¨® Plata.