Un trayecto de ida y vuelta

Mucho se ha hablado de responsabilidades pol¨ªticas a prop¨®sito del caso Gescartera. Y, sin embargo, no parece que este debate se haya producido en el mismo pa¨ªs donde s¨®lo hace unos a?os cuaj¨® una doctrina muy precisa sobre la responsabilidad pol¨ªtica cuya aplicaci¨®n mand¨® al retiro o al ostracismo a unos cuantos pol¨ªticos de raza. ?Ha dejado de ser v¨¢lida esa doctrina y los precedentes de su aplicaci¨®n? ?O es que la circunstancia, irrelevante desde un punto de vista normativo, de que son otros los sujetos afectados por dichos criterios ha producido su derogaci¨®n pr¨¢ctica? ?No ha habido bastante temperatura medi¨¢tica ni suficiente acierto investigador de la oposici¨®n como para que prevalezca la versi¨®n seg¨²n la cual este esc¨¢ndalo ha sido simplemente un pretexto para la 'cacer¨ªa personal' del vicepresidente del Gobierno?

M¨¢s por necesidad que por virtud, en la primera mitad de los noventa la oposici¨®n y el Gobierno de entonces, con el concurso activo de opinadores y estudiosos pol¨ªticos, importaron un concepto de la responsabilidad pol¨ªtica al uso en otras democracias consolidadas. Sin duda, el auge de este g¨¦nero de responsabilidad tiene que ver con el aumento de la personalizaci¨®n de la pol¨ªtica, el protagonismo de los medios en la percepci¨®n ciudadana de lo p¨²blico y el refinamiento de los controles pol¨ªticos. Dicha concepci¨®n de la responsabilidad se compone, como explica Ernesto Garz¨®n Vald¨¦s, de un 'enunciado de responsabilidad condenatorio' que establece una relaci¨®n causal entre la acci¨®n u omisi¨®n de un agente pol¨ªtico y un estado de cosas resultante que, con arreglo a una teor¨ªa normativa, se eval¨²a como fracaso objetivo de una gesti¨®n p¨²blica encomendada. La relaci¨®n causal determinante de la imputaci¨®n de responsabilidad pol¨ªtica incluye tambi¨¦n una suerte de responsabilidad vicaria en los casos de nombramientos desacertados, ignorancia culposa y pasividad ante indicios de conductas reprobables que se producen en el ¨¢mbito de la competencia del sujeto pol¨ªtico en cuesti¨®n. En particular, esta doctrina, anglosajona por inspiraci¨®n y espa?ola por adopci¨®n, ha consolidado en su desarrollo las siguientes aplicaciones normativas: primero, la responsabilidad pol¨ªtica corresponde a los ministros y no a sus subordinados; segundo, por definici¨®n, la imputaci¨®n de responsabilidad conlleva como castigo la p¨¦rdida del cargo vinculado a los hechos que generan la responsabilidad, bien dimitiendo la persona que ejerce el cargo, bien siendo cesado por la autoridad que lo design¨®, y tercero, el reconocimiento, sanci¨®n y extinci¨®n de la responsabilidad pol¨ªtica se producen en un mismo acto. A fin de cuentas, y como dec¨ªa Joaqu¨ªn Garc¨ªa Morillo, la responsabilidad pol¨ªtica es un producto de la civilizaci¨®n pol¨ªtica frente a la 'militarizaci¨®n' de la pol¨ªtica que busca la destrucci¨®n del adversario lanz¨¢ndolo a los jueces.

Agotada la investigaci¨®n parlamentaria del caso Gescartera y a la vista de su rendimiento y conclusiones, a cualquiera no dispuesto a comulgar con ruedas de molino ni a conformarse con imprecaciones t¨®picas le asaltan serios temores sobre el futuro de las responsabilidades pol¨ªticas en nuestra democracia. Lo pertinente, en primer lugar, hubiera sido no dar por supuesta la doctrina de las responsabilidades pol¨ªticas, sino haber refrendado en t¨¦rminos precisos la vigencia y alcance normativo del concepto de responsabilidad pol¨ªtica consolidado unos a?os antes. En segundo lugar, hab¨ªa que haber analizado minuciosamente los precedentes de su aplicaci¨®n en nuestra vida pol¨ªtica, en torno a una decena de casos, determinando cu¨¢l de entre los mismos presenta mayores similitudes con el caso actual y aquilatando si a la luz de los hechos probados corresponde adoptar las mismas iniciativas que entonces. Pero nada de esto se ha hecho. Y es que para el partido del Gobierno los precedentes, aun al precio de envilecer la competici¨®n pol¨ªtica, s¨®lo valen para arrojar basura contra la oposici¨®n; mientras que ¨¦sta frente al pasado contin¨²a sintiendo v¨¦rtigo y no esa curiosidad moral que transforma un latente sentimiento de culpa en informaci¨®n, sentido de la responsabilidad y firmeza para que los errores anteriores nunca vuelvan a repetirse.

Por ¨²ltimo, y atendiendo a las conclusiones de la comisi¨®n de investigaci¨®n, ?puede sostenerse de modo cre¨ªble ante una informaci¨®n tan contundente que no se ha producido un fracaso objetivo de la gesti¨®n de las agencias p¨²blicas de supervisi¨®n, inspecci¨®n y control afectadas? Claro que reconocerlo supondr¨ªa, seg¨²n la doctrina de las responsabilidades pol¨ªticas, el cese o la dimisi¨®n de los ministros implicados. Ante ese aprieto, el PP ha optado por negar la evidencia y renegar de aquella doctrina que compulsivamente defend¨ªa cuando era oposici¨®n. El resultado no ofrece dudas: se rebaja a precio de saldo el coste de la transgresi¨®n; las buenas razones de anta?o devienen apelaciones ret¨®ricas o simple ostentaci¨®n de la mentira, y, por descontado, suma y sigue el descr¨¦dito de la pol¨ªtica. Al final, la fortuna de las responsabilidades pol¨ªticas se asemeja en nuestra reciente democracia a un trayecto, ayer de ida al mundo real de la pr¨¢ctica pol¨ªtica, hoy de vuelta al mundo de la quimera y la especulaci¨®n.

Ram¨®n Vargas-Machuca Ortega es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa Pol¨ªtica en la Universidad de C¨¢diz.