El PP renuncia a que el Parlamento reciba informaci¨®n sobre el nombramiento de Oliveri

El PP ha retirado en el Parlamento la pregunta que hab¨ªa dirigido al consejero de Sanidad, Gabriel Incl¨¢n, para conocer todos los extremos de la contrataci¨®n de Inaxio Oliveri como asesor, de ese departamento el mismo d¨ªa de su cese como responsable de Educaci¨®n. El portavoz popular, Leopoldo Barreda, reconoci¨® a este peri¨®dico que su grupo decidi¨® retirar la pregunta tras recibir una llamada del propio ex consejero, en la que ¨¦ste se explic¨® en privado. El PP, que hab¨ªa acusado al Gobierno de ser una oficina de 'recolocaci¨®n' de sus cesantes, retir¨® su pregunta

Los populares se han dado por satisfechos con esta explicaci¨®n restringida ofrecida por Oliveri, pese a que la pregunta planteada en sede parlamentaria se dirig¨ªa al autor de la contrataci¨®n y consejero de Sanidad en ejercicio, Gabriel Incl¨¢n.

Esta decisi¨®n del PP, que reaccion¨® con gran esc¨¢ndalo al conocimiento de esa contrataci¨®n, y se?al¨® que el Gobierno usa la Administraci¨®n vasca como oficina de 'recolocaci¨®n' de sus propios cesantes, hurtar¨¢ ahora al conocimiento p¨²blico lo ocurrido con la contrataci¨®n del ex consejero de Educaci¨®n durante mes y medio el pasado verano como asesor de Relaciones Institucionales con rango de viceconsejero de su hom¨®logo de Sanidad.

Incl¨¢n respondi¨® recientemente con un lac¨®nico 's¨ª' por escrito a otra interpelaci¨®n anterior del PSE que simplemente preguntaba si la contrataci¨®n se produjo y sus fechas. Al nombramiento no se le dio ninguna publicidad en su momento, ya que el Gobierno no tiene obligaci¨®n de hacerlo con los asesores y el llamado personal eventual de confianza.

La pregunta del PP, sin embargo, pon¨ªa en aprietos de mayor calado al Ejecutivo, ya que habr¨ªa obligado al consejero de Sanidad a efectuar precisiones sobre si el lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, conoci¨® la gestaci¨®n del nombramiento de Oliveri, el despacho que ¨¦ste ocup¨®, si disfrut¨® de vacaciones durante las fechas en que estuvo contratado -entre el 16 de julio y el 1 de septiembre pasados- qu¨¦ personal y extensi¨®n telef¨®nica se le asignaron, que reuniones mantuvo y con qui¨¦n, qu¨¦ informes emiti¨® y cu¨¢nto cobr¨® por todos los conceptos.

El fichaje de Oliveri por su ex compa?ero de Gabinete fue revelado por el portavoz parlamentario socialista, Rodolfo Ares, en un pleno parlamentario el pasado 5 de octubre. El PSE a¨²n est¨¢ esperando la respuesta del Gobierno a una petici¨®n de informaci¨®n sobre todos los nombramientos efectuados desde la formaci¨®n del nuevo Ejecutivo, ya que sospecha que se produjeron otros tr¨¢nsitos como el de Oliveri.

Tanto el PP ahora como el PSE desde el principio -'no vamos a la caza de Oliveri', recalc¨® Rodolfo Ares desde un principio- han mostrado su inclinaci¨®n a poner sordina al caso del ex consejero, como una demostraci¨®n de que no buscan perjudicarle personalmente.

Los socialistas, sin embargo, consideran que el problema central no reside en ¨¦l, que es ya un particular ajeno a la pol¨ªtica, sino en la actuaci¨®n de Incl¨¢n, responsable del nombramiento. 'Quien no obr¨® correctamente fue el Gobierno en ejercicio', se?al¨® Ares a este peri¨®dico.

Un informe jur¨ªdico que los socialistas anunciaron para abordar incluso la compatibilidad de la condici¨®n de ex consejero de Educaci¨®n de Oliveri con su destino como rector de Mondragon Unibertsitatea se ha cerrado sin una conclusi¨®n clara, ya que, seg¨²n Ares, caben interpretaciones distintas de la ley. El PSE ha optado por presentar una proposici¨®n de ley que busca endurecer el control sobre los cargos p¨²blicos, no s¨®lo en su acceso a la funci¨®n, sino a la hora de su cese y regreso a la actividad privada.

La propuesta socialista afectar¨ªa a los miembros del Gobierno, viceconsejeros y secretarios generales, directores, miembros de gabinetes del lehendakari y consejeros (salvo asesores de prensa), puestos de libre designaci¨®n en organismos aut¨®nomos dependientes de la Administraci¨®n, presidentes, directores generales, gerentes y directivos de las sociedades p¨²blicas y los entes p¨²blicos de derecho privado, al director general de EITB y a cualquier puesto cuyo nombramiento dependa de una decisi¨®n del Consejo de Gobierno.

El PSE quiere someter a los altos cargos al mismo control establecido por la ley aprobada en el Congreso de los Diputados en 1995. As¨ª, no podr¨ªan durante los dos a?os siguientes a su cese realizar actividades privadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resoluci¨®n, ni celebrar contratos con las administraciones p¨²blicas. Quienes reciban indemnizaciones no podr¨¢n intervenir en actividades relacionadas con las competencias del cargo que ocuparon. Durante los mismos dos a?os estar¨ªan obligados a comunicar todas sus actividades al Registro de Actividades y de Derechos y Bienes Patrimoniales y a formular una declaraci¨®n patrimonial dentro de los tres meses siguientes al cese y despu¨¦s anualmente.