La Audiencia de Sevilla cierra la v¨ªa penal en el 'caso Aznalc¨®llar'
El auto abre la opci¨®n de pedir reparaciones
La rotura de la balsa minera de Aznalc¨®llar, que provoc¨® una cat¨¢strofe ecol¨®gica en el entorno de Do?ana en abril de 1998, no se debi¨® a ninguna 'imprudencia grave' en la actuaci¨®n de Boliden Apirsa, propietaria de la explotaci¨®n, o de las filiales de Dragados que ejecutaron el proyecto de construcci¨®n y recrecimiento de la presa. ?sa fue, al menos, la conclusi¨®n de la instructora de la causa, Celia Belhadj-Ben, y ¨¦sa ha sido tambi¨¦n la estimaci¨®n de la Audiencia de Sevilla, que en un auto difundido ayer, confirma el archivo del caso Aznalc¨®llar, lo que cierra casi definitivamente la v¨ªa penal.
Belhadj-Ben decidi¨® en diciembre de 2000, tras dos a?os y medio de instrucci¨®n, archivar las diligencias penales al no apreciar conducta delictiva en los 26 imputados: 13 t¨¦cnicos de Geocisa y tres de Intecsa (filiales de Dragados), siete de Boliden Apirsa, dos funcionarios de la Junta de Andaluc¨ªa y uno del Ministerio de Medio Ambiente. En su auto, que ha sido confirmado ahora por la Audiencia de Sevilla, la instructora se basaba casi exclusivamente en el informe pericial que achac¨® el derrumbe a errores de c¨¢lculo en los proyectos de construcci¨®n (1978) y recrecimiento (1996) de la balsa, que no tuvieron en cuenta la fragilidad del sustrato arcilloso en el que se aposenta la presa.
El informe pericial, sin embargo, indicaba que los t¨¦cnicos de las filiales de Dragados hab¨ªan seguido en la redacci¨®n de los proyectos 'la pr¨¢ctica habitual o convencional' en la ingenier¨ªa minera, lo que permiti¨® a Belhadj-Ben concluir que no hubo 'negligencia' en esa 'actuaci¨®n profesional' y por tanto, tampoco 'imprudencia grave', un requisito esencial para considerar la existencia de un delito contra el medio ambiente, tal y como recoge el C¨®digo Penal. El vertido aneg¨® 4.500 hect¨¢rea en el valle del Guadiamar con agua ¨¢cida y lodos t¨®xicos.
La Audiencia de Sevilla, que desestima los recursos interpuestos por el Gobierno central, la Junta de Andaluc¨ªa, IU, asociaciones ecologistas y agricultores afectados, considera bien fundamentada la conclusi¨®n de Belhadj-Ben y da por cerrada la v¨ªa penal, ya que a las partes s¨®lo les queda el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, aunque fuentes judiciales consideraron muy complicada que el tribunal lo tramite.
En el auto que confirma el archivo, la Audiencia indica que los recurrentes no se?alan qu¨¦ personas pudieron ser responsables del vertido, una 'indefinici¨®n de culpa' que avalar¨ªa que nadie incurri¨® en imprudencia grave. El tribunal tampoco cree que sea necesario practicar nuevas pruebas ni la celebraci¨®n de una vista oral, como exig¨ªan las acusaciones.
Tras la decisi¨®n de la Audiencia, ahora s¨®lo queda la opci¨®n de entablar acciones civiles para reclamar indemnizaciones. Una v¨ªa a la que recurrir¨¢n la Junta y el Gobierno para tratar de recuperar los 40.000 millones invertidos en recuperar el valle y, presumiblemente, Boliden, que adquiri¨® la balsa 'diez a?os despu¨¦s de su construcci¨®n', como record¨® ayer en un comunicado.
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