Espirales de violencia

EN UNA RUEDA DE PRENSA celebrada tras su elecci¨®n como presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jim¨¦nez de Parga expres¨® a t¨ªtulo personal (abstracci¨®n hecha de que sus palabras pudieran comprometer objetivamente a los dem¨¢s magistrados del ¨®rgano colegiado) el respeto que le merec¨ªa el ejemplar respaldo 'un¨¢nime' dado por las instituciones estatales americanas -incluido el ya c¨¦lebre lehendakari de Oklahoma- a las medidas adoptadas por el presidente Bush en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre. La afirmaci¨®n es incierta: no s¨®lo el proyecto de la USA Patriot Act fue suavizado por el Congreso, sino que adem¨¢s 66 miembros de la C¨¢mara de Representantes y un senador votaron contra el texto definitivo de la ley. La reciente orden ejecutiva presidencial de encomendar a tribunales militares -dentro y fuera del territorio de Estados Unidos- el enjuiciamiento secreto de extranjeros acusados de terrorismo, susceptibles de ser condenados a muerte tras un simulacro procesal sin garant¨ªas y sin derecho a recurso, no s¨®lo ha sido criticada por asociaciones defensoras de los derechos civiles y por un peri¨®dico tan prestigioso como The New York Times: tambi¨¦n ha levantado voces de protesta en el Congreso. Los medios de comunicaci¨®n americanos contin¨²an debatiendo, por lo dem¨¢s, la legitimidad y el alcance de las restricciones a la libertad de informaci¨®n y de opini¨®n en asuntos relacionados con el terrorismo.

La prisi¨®n dictada por Garz¨®n contra presuntos miembros de Al Qaeda residentes en Espa?a confirma que un Estado de derecho puede combatir el terrorismo sin necesidad de medidas de excepci¨®n

Esas discrepancias -surgidas dentro de las instituciones estatales o en el seno de la sociedad civil- desmienten el supuesto apoyo un¨¢nime americano a las iniciativas presidenciales. Los cr¨ªticos estadounidenses no infravaloran, sin embargo, la amenaza terrorista: los miles de muertos causados el 11 de septiembre, las 3.500 v¨ªctimas sacrificadas en el Ulster y los m¨¢s de 800 asesinatos perpetrados por ETA en Espa?a son de imposible olvido. Los americanos discrepantes tambi¨¦n creen que la democracia tiene el deber de proteger a los ciudadanos y su propia supervivencia.

Estados Unidos ha marcado el per¨ªmetro del debate: se trata de saber si las medidas extraordinarias guardan la proporcionalidad debida, afectan al contenido esencial de los derechos fundamentales y transgreden los valores y principios democr¨¢ticos y liberales en cuya defensa se libra el combate contra el terrorismo. Los europeos -incluidos, claro est¨¢, los espa?oles- no pueden permanecer ajenos a esa discusi¨®n. El proyecto de ley enviado a los Comunes por Blair para posibilitar la detenci¨®n indefinida sin mandato judicial de extranjeros sospechosos de terrorismo ha levantado ronchas dentro del Partido Laborista; si las emociones patri¨®ticas del presidente de nuestro Tribunal Constitucional quedaron tal vez marcadas en su infancia por las pel¨ªculas del Far West de John Ford, la pasi¨®n b¨¦lica del premier brit¨¢nico ser¨ªa deudora de Tres lanceros bengal¨ªes.

Por lo dem¨¢s, la prisi¨®n de ocho presuntos colaboradores de Al Qaeda residentes en Espa?a y la orden internacional de busca y captura de otros implicados en el mismo sumario, dictadas por el juez Garz¨®n la pasada semana, prueban que el Estado de Derecho pone a disposici¨®n de polic¨ªas, fiscales y magistrados instrumentos adecuados para luchar contra el terrorismo. Si bien las medidas de excepci¨®n pueden resultar indispensables en determinadas situaciones, otras veces ocultan los fracasos de los servicios de seguridad en el cumplimiento de sus tareas o facilitan al Gobierno una mampara multiuso para eludir el control judicial. Las situaciones de emergencia permiten a los sistemas pol¨ªticos -aunque sean democr¨¢ticos- rebasar las fronteras del Estado de derecho mediante el fraudulento recorte de las garant¨ªas constitucionales. Tal estrategia resulta criticable no s¨®lo desde un punto de vista moral o jur¨ªdico, sino tambi¨¦n por razones de eficacia; las provocaciones terroristas suelen perseguir la respuesta desproporcionada y a ciegas del poder capaz de poner en marcha la espiral de la violencia para su beneficio.