Los tribunales militares perjudican la guerra contra el terrorismo

Tan pronto como los submarinos alemanes depositaron ocho saboteadores en las costas de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, uno de ellos llam¨® al FBI para traicionar la misi¨®n, pero le tomaron por loco. D¨ªas despu¨¦s volvi¨® a llamar y consigui¨® convencer al FBI de que era un saboteador aut¨¦ntico. En parte para evitar que se conociera esta vergonzosa chapuza policial, los ocho fueron juzgados en secreto ante un tribunal militar en la sede del FBI.

Sorprendentemente, un abogado del Ej¨¦rcito de Estados Unidos asignado a los alemanes organiz¨® una vigorosa defensa. El coronel Kenneth Royall, citando la resoluci¨®n del Tribunal Supremo de 1866 referente al caso Milligan, puso en entredicho la legalidad del tribunal secreto sosteniendo que no se pod¨ªa aplicar la ley marcial en asuntos de los que se ocupaban los tribunales civiles.

Bush ha cedido a las naciones extranjeras el fundamento moral de la justicia estadounidense

Seg¨²n las memorias de Francis Biddle, Franklin D. Roosevelt le dijo a su fiscal general que se opondr¨ªa si el Tribunal Supremo resolv¨ªa conceder a los saboteadores acusados un juicio ordinario: 'No pienso entregarlos a ning¨²n alguacil del sistema estadounidense de justicia armado con un auto de habeas corpus'.

El enfrentamiento se evit¨® cuando el acobardado Tribunal Supremo reconoci¨® un¨¢nimemente los poderes extrajudiciales de un presidente armado con una declaraci¨®n de guerra emitida por el Congreso. Seis de los ocho cautivos fueron a la silla el¨¦ctrica y a J. Edgar Hoover le premiaron con una medalla de honor.

Ahora, el presidente George W. Bush, sin ninguna declaraci¨®n similar del Congreso, est¨¢ usando aquel error de Roosevelt como precedente para justificar su propia y espantosa desviaci¨®n del procedimiento legal. La ¨²ltima excusa de Bush ha sido alegar que protege a los miembros del jurado (suprimiendo los jurados). Y peor a¨²n, sus entusiastas asesores le han convencido, y tambi¨¦n a alg¨²n que otro cr¨¦dulo analista, de que los tribunales de Star Chamber que ha organizado cumplen el C¨®digo Normalizado de Justicia Militar legal.

Los abogados militares se agitan en silencio porque saben que no es cierto. El C¨®digo Normalizado de Justicia Militar exige un juicio p¨²blico, la demostraci¨®n de culpabilidad m¨¢s all¨¢ de toda duda razonable, que el acusado tenga voz en la elecci¨®n de los miembros del jurado y el derecho de elegir abogado, la unanimidad en la condena a muerte y, sobre todo, la posibilidad de recurso de apelaci¨®n ante civiles confirmados por el Senado. No podemos encontrar ni uno de esos derechos fundamentales en la resoluci¨®n militar de Bush por la que se establecen tribunales no autorizados para las personas que ¨¦l califica de terroristas antes del juicio. La autorizaci¨®n de Bush hace retroceder el reloj de todos los avances realizados en la justicia militar, a lo largo de tres guerras, en el ¨²ltimo medio siglo.

Sus asesores le aseguraron que una atemorizada mayor¨ªa aplaudir¨ªa su asunci¨®n de poderes dictatoriales para pasarse por alto nuestros tribunales. Sin embargo, no le advirtieron de que con su negaci¨®n de los derechos humanos tradicionales de Estados Unidos a los extranjeros le saldr¨ªa el tiro por la culata y, en la pr¨¢ctica, acabar¨ªa por debilitar la guerra contra el terror.

Espa?a, que detuvo y proces¨® a ocho hombres por complicidad en los ataques del 11 de septiembre, se neg¨® la semana pasada a entregar a los sospechosos a un tribunal estadounidense al que se le hab¨ªa ordenado ignorar los derechos que habitualmente se conceden a los acusados extranjeros. Puede que otros miembros de la Uni¨®n Europea que tienen detenidos a sospechosos que podr¨ªan ayudar a deshacer Al Qaeda tambi¨¦n se nieguen a extraditarlos.

De esta forma, Bush, tan preocupado por la coalici¨®n antiterrorista, la ha socavado y cedido a las naciones extranjeras el alto fundamento moral y legal que la justicia estadounidense ha ostentado durante tanto tiempo. ?Y en qu¨¦ se apoyar¨¢ ahora Estados Unidos cuando China condene a muerte a un estadounidense tras un juicio militar desprovisto de un abogado elegido por el acusado?

A nosotros, la min¨²scula minor¨ªa de editorialistas de izquierdas y derechas que nos atrevemos a poner de manifiesto este tipo de consideraciones antiterroristas constitucionales, morales y pr¨¢cticas, se nos tacha de 'hist¨¦ricos profesionales'.

Sin embargo, la posibilidad de ser acusados de no estar suficientemente indignados con los sospechosos de tener alguna conexi¨®n con los terroristas calla la boca de la mayor¨ªa de los pol¨ªticos. Y la necesidad de exhibir fervor patri¨®tico convierte a los detractores liberales de Bush en modelos de imparcialidad. Toda una carrera profesional puede verse destruida por adoptar una postura impopular.

Pero no siempre. Hace 40 a?os, mi mentor pol¨ªtico me present¨® a un colega suyo, Ken Royall, que fue nombrado como ¨²ltimo secretario de Guerra por el presidente Harry Truman tras concluir la II Guerra Mundial. Royal, que en aquel momento era el jefe de un gran despacho de abogados de Nueva York, consideraba que el momento m¨¢s importante de su carrera hab¨ªa sido la batalla perdida por conseguir que un grupo de terroristas nazis injuriados tuviera un juicio justo en Estados Unidos.