Justicia de horas

Los llamados juicios r¨¢pidos son como un Guadiana que aparece y desaparece en el sistema judicial espa?ol sin llegar a cuajar nunca en algo definitivo. El Gobierno del PP y los partidos firmantes del Pacto sobre la Justicia los han incluido en su agenda de trabajo en un nuevo intento de hacer frente a la delincuencia de entidad penal menor, y probablemente tambi¨¦n al aumento de delitos relacionados con la violencia dom¨¦stica.

Se tratar¨ªa del tercer o cuarto intento durante la democracia de introducir en una justicia a destiempo como la espa?ola un enjuiciamiento ¨¢gil de los delitos menores y flagrantes que m¨¢s inciden en la delincuencia callejera, y que en buena parte quedan impunes. Los Gobiernos de la UCD lo intentaron por primera vez en 1980 con la llamada ley del mazo, y los del PSOE volvieron a intentarlo en 1992 con la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, ante el riesgo de aumento de la delincuencia durante los Juegos Ol¨ªmpicos de Barcelona y la Exposici¨®n de Sevilla, por no hablar del proyecto anunciado por el ex biministro Belloch en 1994 de crear jueces de barrio como respuesta a la peque?a delincuencia.

Estas leyes siguen vigentes, por lo que no har¨ªa falta promulgar otras nuevas. Si han fracasado se debe a que la falta de medios y las propias exigencias de un proceso con garant¨ªas -ning¨²n detenido o acusado aspira a ser juzgado tan pronto- han terminado por expulsar los juicios r¨¢pidos de los juzgados o por convertirlos en un mero residuo sin apenas incidencia en la marcha general de la justicia. El ministro Acebes ha se?alado que la intenci¨®n del Gobierno es que los nuevos juicios r¨¢pidos se celebren en menos de 72 horas, es decir, dentro del plazo m¨¢ximo de detenci¨®n policial. Se tratar¨ªa m¨¢s bien de una justicia inmediata, casi expeditiva, con el riesgo de vulnerar las garant¨ªas procesales del detenido y de que el juicio se declare nulo. Las normas actuales sobre justicia r¨¢pida nunca han pretendido juzgar a nadie en menos de 10 o 15 d¨ªas y pocas veces lo han conseguido. Har¨ªa falta reforzar la infraestructura judicial en las grandes ciudades, y especialmente sus juzgados de guardia, encargados de interrogar a los detenidos, instruir las causas sobre la marcha y se?alar la fecha del juicio. Si el Gobierno destina una buena parte de la financiaci¨®n prevista para el pacto de la justicia a ese objetivo, es posible que los juicios r¨¢pidos dejen de ser un desideratum pol¨ªtico y judicial. En caso contrario, ser¨¢ un nuevo brindis al sol y una frustaci¨®n m¨¢s de los ciudadanos.