El PNV pide a sus tribunales internos la expulsi¨®n de sus concejales de Amorebieta

La crisis interna que ha suscitado en el PNV el proyecto de la central energ¨¦tica de Amorebieta termin¨® por estallar ayer. La ejecutiva nacional peneuvista, el Euskadi Buru Batzar (EBB), ha pedido al Tribunal Nacional de Justicia (la m¨¢xima instancia judicial interna) la expulsi¨®n de sus concejales en Amorebieta por aceptar la celebraci¨®n de una consulta popular sobre la futura planta, contraviniendo los acuerdos del partido. La medida afecta a siete de los ocho ediles peneuvistas de la localidad vizca¨ªna, incluida la alcaldesa, Bego?a Azarloza, ya que el octavo concejal es independiente y no est¨¢ afiliado.

El fuerte malestar creado en la c¨²pula peneuvista por la postura de los ediles de Amorebieta tuvo as¨ª una r¨¢pida consecuencia, apenas un d¨ªa despu¨¦s de que el EBB la calificara de 'personal y ajena' al partido. La decisi¨®n de mantener la celebraci¨®n del refer¨¦ndum anunciado por Azarloza -aprobada en una moci¨®n del grupo municipal del PNV que cont¨® con la abstenci¨®n de toda la oposici¨®n- desobedec¨ªa abiertamente a la direcci¨®n, que hace un mes impuso el apoyo a la planta a trav¨¦s de una resoluci¨®n de la Asamblea Nacional, el m¨¢ximo ¨®rgano del partido. Con ella, y bas¨¢ndose en los estatutos, los ediles de Amorebieta estaban obligados a acatar el respaldo al proyecto, cuya inversi¨®n prevista es de casi 70.000 millones de pesetas. Incluso la organizaci¨®n municipal, que manten¨ªa hasta hace poco su rechazo a la planta, acordodo en junio, ha cambiado de postura.

El EBB comunic¨® ayer que solicita 'la baja forzosa' de sus siete concejales 'por incumplimiento de las obligaciones fundamentales que como afiliados/as les corresponde'. La direcci¨®n peneuvista se basa en el art¨ªculo 13 de sus estatutos, que establece como obligaciones de los afiliados 'cumplir los acuerdos v¨¢lidamente adoptados por los ¨®rganos del partido', y en el art¨ªculo 14, en el que explicita como causa de expulsi¨®n 'realizar declaraciones o actuaciones p¨²blicas contrarias a la disciplina del partido'.

El expediente ser¨¢ resuelto por el Tribunal Nacional de Justicia del PNV que, seg¨²n se indica en el art¨ªculo 80 de los estatutos, debe actuar, entre otros casos, en denuncias que 'afecten a acuerdos de la Asamblea Nacional'.

Los siete ediles afectados eludieron ayer realizar comentarios sobre el expediente abierto y se remitieron a lo que pueda manifestar en los pr¨®ximos d¨ªas la alcaldesa, Bego?a Azarloza. Partidos de la oposici¨®n en Amorebieta, como el PSE, calificaron de 'injusta' la medida, mientras que la plataforma vecinal Zornotza Bizirik, que lleva dos a?os de lucha contra la planta energ¨¦tica, exigi¨® a la direcci¨®n peneuvista que cumpla la promesa realizada en junio de que respetar¨ªan lo que decidieran sus representantes de Amorebieta. Entonces, el propio Xabier Arzalluz acudi¨® a una reuni¨®n de la organizaci¨®n local para intentar convencer a los afiliados de que apoyaran la central, pero no tuvo ¨¦xito.

'Fraude de ley'

La petici¨®n de expulsi¨®n se conoci¨® horas despu¨¦s de que la Diputaci¨®n de Vizcaya confirmara que el resultado de la futura consulta no cambiar¨¢ su postura y propiciar¨¢ el desarrollo del proyecto. La alcaldesa ya anunci¨® el martes las 'limitaciones' del refer¨¦ndum, puesto que, en el caso de que los vecinos voten mayoritariamente en contra de la planta, el consistorio no podr¨ªa hacer m¨¢s que proponer un cambio urban¨ªstico en el pol¨ªgono de Boroa, donde se ubicar¨¢, para 'suprimir los usos energ¨¦ticos'. Sin embargo, la Diputaci¨®n, propietaria del pol¨ªgono y instituci¨®n competente en el cambio urban¨ªstico, anunci¨® que, aunque el Ayuntamiento lo reclame, 'no modificar¨¢ los usos permitidos en el pol¨ªgono industrial de Boroa'. 'Actuar de manera contraria ser¨ªa, adem¨¢s de un fraude de ley, ir en contra de los intereses generales' de Vizcaya y Euskadi, a?adi¨®.

Los dirigentes de la instituci¨®n foral vizca¨ªna, que ha defendido con ah¨ªnco el proyecto que promueve la empresa p¨²blica irlandesa ESB y han criticado en privado a la alcaldesa y los concejales de su partido en Amorebieta, volvieron a acharcarles su 'falta de responsabilidad p¨²blica'. Insistieron en que la consulta no puede variar 'el cumplimiento de la legalidad vigente' y que el Ayuntamiento est¨¢ obligado a conceder de 'manera reglada' los permisos de obras. Precisamente este lunes, Bizkaia Energ¨ªa -la empresa filial de ESB que impulsa la planta- present¨® la solicitud de los dos ¨²ltimos permisos pendientes, las licencias de actividad y obras que corresponden al consistorio, puesto que su intenci¨®n es iniciar la construcci¨®n en el primer semestre de 2002.

La Diputaci¨®n ha expresado su preocupaci¨®n por el antecedente que crea la consulta, que califica de 'v¨ªas de decisi¨®n imposibles'. 'De prodigarse', a?ade, 'har¨ªan ingobernable' el sistema democr¨¢tico actual. Un su comunicado subraya que los responsables pol¨ªticos 'estamos para solucionar problemas, no para crearlos' y culpa al Ayuntamiento de Amorebieta de realizar 'un flaco favor al conjunto del entramado institucional existente en Euskadi' .

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, afirm¨® ayer en la Rep¨²blica Checa, donde se encuentra en una visita oficial junto al lehendakari Ibarretxe, que el Ayuntamiento de Amorebieta cometer¨¢ una ilegalidad si no concede los permisos a ESB. 'No existe ning¨²n motivo por el cual la licencia no pueda ser concedida, ya que se ha respetado escrupulosamente el marco urban¨ªstico y normativo del propio ayuntamiento y el proyecto cumple todos los requisitos medioambientales'. Imaz destac¨® la necesidad de ofrecer a las empresas un 'principio de seguridad jur¨ªdica'. 'No podemos dejar que una empresa que invierte esfuerzo y dinero en un proyecto, acogi¨¦ndose a un marco creado por nosotros mismos, se vea obligada a abandonar dicho proyecto en el vac¨ªo', agreg¨®.

En cambio, su compa?ero de Gobierno, el consejero de Vivienda y Medio Ambiente, Javier Madrazo (IU), inst¨® al Ayuntamiento y al resto de instituciones a respetar el resultado de la consulta, que a su juicio 'debe ser vinculante'.

[Por otro lado, el Ministerio de Econom¨ªa ha abierto el periodo de informaci¨®n p¨²blica sobre el proyecto IGCC que promueve Petronor, otro de los planes energ¨¦ticos en Euskadi, cuya inversi¨®n supera los 181.000 millones].