Un abogado pide la reapertura del caso por la muerte de S¨¢ Carneiro

El abogado Ricardo S¨¢ Fernandes solicit¨® ayer en la Asamblea de la Rep¨²blica portuguesa la reapertura del proceso judicial por la muerte en extra?as circunstancias del ex primer ministro Francisco S¨¢ Carneiro y el ex ministro de Defensa Adelino Amaro da Costa, ocurrida hace ahora 21 a?os. Durante la presentaci¨®n del libro El crimen de Camarate, el autor y abogado de los familiares de las v¨ªctimas defendi¨® la tesis del atentado y acus¨® a las autoridades pol¨ªticas y judiciales de obstruir la investigaci¨®n.

El ex presidente Mario Soares y el ex primer ministro An¨ªbal Cavaco Silva han reclamado tambi¨¦n la reapertura del proceso. La ca¨ªda del avi¨®n Cessna en el que viajaban S¨¢ Carneiro y Amaro da Costa no fue un accidente, a juicio de S¨¢ Fernandes, sino un claro crimen de Estado en el que est¨¢n identificados los autores materiales y, casi con seguridad, el m¨®vil: impedir una investigaci¨®n sobre el tr¨¢fico de armas que estaba dirigiendo el entonces ministro de Defensa.

S¨¢ Fernandes subraya que uno de los supuestos autores del atentado, Lee Rodrigues, actualmente en Brasil, confes¨® a terceras personas haber colocado la bomba en la avioneta, pero nadie quiso apreciar ¨¦sta u otras pruebas que conduc¨ªan hacia el crimen.

S¨¢ Fernandes considera como principal responsable del caso al que fuera durante 17 a?os fiscal general del Estado, Cunha Rodrigues. A su juicio, Cunha Rodrigues 'trat¨® el asunto Camarate como una cuesti¨®n de Estado y no como una cuesti¨®n simplemente judicial, obstruyendo el esclarecimiento de la verdad'. El abogado sostiene que el temor a una guerra civil en un momento delicado de la transici¨®n portuguesa enterr¨® el caso durante a?os y luego fue muy dif¨ªcil volver a reabrirlo.

Por su parte, el diplom¨¢tico y ex presidente de la asamblea general de la ONU, Diego Freitas do Amaral, afirma en el pr¨®logo del libro que 'si el ministerio p¨²blico mantiene su orientaci¨®n de no ejercer la acci¨®n penal en un caso en el que las dudas son tantas y las pruebas contrarias a la tesis oficial son tan fuertes, habr¨¢ que pensar entonces en retirar al ministerio p¨²blico el monopolio de la acci¨®n penal y restituirselo a los ciudadanos con intereses leg¨ªtimos'.