El TSJ pone en duda la constitucionalidad de la ley que regula la actividad urban¨ªstica valenciana

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha decidido remitir al Tribunal Constitucional la figura del agente urbanizador, recogida en la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) de 1994. El TSJ cree que es necesario para ejecutar un proyecto de urbanizaci¨®n cumplir las mismas exigencias que recoge para el contratista la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas (LCAP) de ¨¢mbito estatal, aprobada en mayo de 1995. El TSJ plantea al Constitucional la duda de si la legislaci¨®n auton¨®mica deber¨ªa haber incorporado las exigencias incluidas en la norma de rango superior.

El agente urbanizador, cuya figura m¨¢s parecida es la de promotor inmobiliario, es una persona f¨ªsica o jur¨ªdica que en un momento dado asume, de forma voluntaria, la responsabilidad p¨²blica de promover la ejecuci¨®n de una actuaci¨®n urbanizadora. Es decir, que sobre una superficie declarada urbanizable presenta un proyecto para actuar que es aprobado por la autoridad competente, los ayuntamientos, y por el que desarrolla infraestructuras tales como aceras, asfaltado de calles, alcantarillado o tendido el¨¦ctrico. Ese agente, una vez ha conseguido el visto bueno de la Administraci¨®n, tiene mandato para obligar al propietario de la superficie en cuesti¨®n de abonar las cargas de urbanizaci¨®n correspondientes.

La Ley Reguladura de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) supuso en el momento de su aprobaci¨®n, 1994, una propuesta novedosa en dos sentidos. Por una parte, establec¨ªa que la ejecuci¨®n de planes urban¨ªsticos se pod¨ªa hacer seg¨²n dos reg¨ªmenes: actuaciones aisladas y actuaciones integradas (¨¦stas afectan a m¨¢s de una parcela). Por otra, establec¨ªa el modelo denominada programa para el desarrollo de actuaciones integradas. En ¨¦l, no se califica el suelo, no se regula u ordena su destino, sino que se planifica el proceso de gesti¨®n urban¨ªstica. Su aprobaci¨®n, seg¨²n consta en el pre¨¢mbulo de la ley, s¨®lo necesita del compromiso 'efectivo y voluntario, asumido por el promotor de desarrollo en plazos y condiciones'. Es decir, la Administraci¨®n cede la actuaci¨®n a un particular al que no se exigen los avales que s¨ª exige la ley estatal a los contratistas: solvencia econ¨®mica y solvencia t¨¦cnica a trav¨¦s de una serie de complejos tr¨¢mites.

Concurso p¨²blico

Pero adem¨¢s la ley auton¨®mica marca un proceso de adjudicaci¨®n que tambi¨¦n es diferente. Una vez se ha se?alado la superficie sobre la que actuar, la Administraci¨®n, o sea los ayuntamientos, da publicidad a la oferta del promotor inmobiliario que ya ha sido presentada. El objetivo, con ello, es ponerlo en conocimiento y abrir la posibilidad a que en funci¨®n del libre mercado pueda presentarse una propuesta m¨¢s atractiva en materia de costes o de plazos. Sin embargo, la ley estatal exige concurrencia y concurso p¨²blico.

Sobre este ¨²ltimo punto, el auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ recoge el planteamiento de quien impugn¨® una actuaci¨®n del Ayuntamiento de Alzira y lo eleva al Constitucional como duda. La LRAU, en la regulaci¨®n de la contrataci¨®n de la obra en p¨²blica concurrencia, no re¨²ne los requisitos establecidos en la ley estatal, cuando ¨¦sta es de rango superior, aplicable a todas las comunidades aut¨®nomas y habr¨ªa que entender modificada la ley valenciana. La sala entiende que la respuesta est¨¢ en la propia naturaleza jur¨ªdica de la figura del agente urbanizador.

En el auto, los seis magistrados y el presidente de la sala explican que a su juicio, 'la conexi¨®n que existe entre el agente urbanizador y el programa no puede justificar que en aras de la competencia que la Comunidad Aut¨®noma ostenta en materia de urbanismo, la regulaci¨®n del urbanizador quede desvinculada de la legislaci¨®n b¨¢sica en materia de contratos'. Y para ello se ampara en un pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional en una sentencia de 20 de marzo de 1997. Es decir, las competencias auton¨®micas en materia de urbanismo amparan el dise?o del programa para el desarrollo de actuaciones integradas perno no es extensible a la regulaci¨®n que se hace del agente urbanizador.

El TSJ plantea que podr¨ªan ser inconstitucionales, entre otros: la posibilidad de que el pleno del Ayuntamiento establezca ¨²nicamente las bases orientativas para la selecci¨®n del urbanizador (art. 45-2); presentaci¨®n de proposiciones por los interesados (art. 46-1) e informaci¨®n p¨²blica (art. 46-3); proceso de aprobaci¨®n y adjudicaci¨®n de los programas (art. 47); procedimientos y formas de adjudicaci¨®n (art. 47-5) y publicidad de la adjudicaci¨®n (47-8); y la definici¨®n de las relaciones del urbanizador con la Administraci¨®n (art.29-2) y garant¨ªas provisionales para la adjudicaci¨®n (art.29-8).

El TSJ traslada esas dudas al Tribunal Constitucional mencionando que la adecuaci¨®n de leyes de ¨¢mbito auton¨®mico a la estatal s¨ª se produjo en este particular en las comunidades de Castilla La Mancha y La Rioja, entre otras, pero no en la Valenciana.