Venezuela pone precio a su petr¨®leo
Ofensiva de los empresrios contra la nueva regulaci¨®n impuesta por Ch¨¢vez a los hidrocarburos
La nueva Ley Org¨¢nica de Hidrocarburos, que regula la actividad b¨¢sica de la econom¨ªa nacional, el petr¨®leo, ha levantado una enorme polvareda al acentuar la hist¨®rica intervenci¨®n del Estado en el sector, consagrar su poder de decisi¨®n en las sociedades mixtas, y aumentar los impuestos a las empresas extranjeras del 16,6% al 30%.
Consultores ganados por el pesimismo aventuran que el sector habr¨¢ de entrar en contracci¨®n, y la reducci¨®n de exportaciones en la pr¨®xima d¨¦cada supondr¨¢ 50.000 millones de d¨®lares.
Venezuela suministra al mercado de Estados Unidos el 15% de sus importaciones de crudo, 1,5 millones de barriles diarios de un total de 2,6 millones, y dispone de las reservas m¨¢s cuantiosas de todo el mundo despu¨¦s de los pa¨ªses productores de Oriente Pr¨®ximo. El petr¨®leo supone el 50% de los ingresos totales del Gobierno, y el 80% del valor de las exportaciones nacionales.
El sector privado dice que la ley generar¨¢ una ca¨ªda de la exportaci¨®n de crudo en la pr¨®xima d¨¦cada de 50.000 millones de d¨®lares
'El capital nacional en vez de quejarse e invertir en la banca extranjera, debe invertir aqu¨ª para poder hablar', se?alan fuentes oficiales
La nueva regulaci¨®n ha sido promulgada por el presidente Hugo Ch¨¢vez sin afrontar un debate previo en la Asamblea Nacional
Mal momento
La estrat¨¦gica Ley de Hidrocarburos fue publicada en momentos en que el valor de los ingresos petroleros en los mercados internacionales cay¨® un 40% desde el pasado a?o, y no es previsible, a corto plazo, una evoluci¨®n al alza. El gasto p¨²blico de Venezuela hab¨ªa aumentado en un 42% durante el pasado ejercicio 2000, sostenido por los buenos precios, pero, a la espera de las inversiones, y a la baja del barril, el horizonte no es nada halag¨¹e?o.
Contrariamente al parecer del Gobierno venezolano, que destaca la integraci¨®n en su s¨®lo texto de una normativa dispersa desde hace 60 a?os, y una mayor claridad, los empresarios estiman que la Ley de Hidrocarburos reduce las posibilidades de crecimiento del sector, ya que desalentar¨¢ la inversi¨®n for¨¢nea al constre?ir su margen de maniobra.
El instrumento legal, que no tiene efectos retroactivos, fue promulgado por el presidente Hugo Ch¨¢vez, en virtud de una ley sancionada por la Asamblea Nacional que evita el debate parlamentario.
Las actividades primarias, esto es la explotaci¨®n, extracci¨®n, transporte y almacenamiento inicial, s¨®lo podr¨¢n ser efectuadas por empresas en las que el Estado tenga el control de las decisiones y una participaci¨®n accionarial de, al menos, el 51%.
Expulsi¨®n
'Esto pr¨¢cticamente acaba con la participaci¨®n privada en esta etapa del negocio petrolero en los t¨¦rminos en que se hizo posible gracias al art¨ªculo 5 de la Ley de Nacionalizaci¨®n', se?ala un reciente informe la Federaci¨®n de C¨¢maras de Venezuela (Fedec¨¢maras), la principal organizaci¨®n empresarial del pa¨ªs.
De los vol¨²menes de hidrocarburos extra¨ªdos de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a una participaci¨®n del 30% como regal¨ªa. Si se demuestra que el crudo pesado de la Faja del Orinoco, dif¨ªcil de refinar, no es econ¨®micamente explotable con el 30%, podr¨¢ rebajarse hasta el 20%. El gobierno subraya la existencia de mecanismos que compensan el aumento del impuesto.
Mazhar Al Sheridah, miembro de la comisi¨®n redactora de la ley, observa en las protestas una carga pol¨ªtica derivada de la inquina que despierta en los empresarios venezolanos el presidente Hugo Ch¨¢vez. 'El capital nacional en vez de quejarse e invertir en la banca extranjera, debe invertir aqu¨ª para poder hablar'.
La industria no es s¨®lo exploraci¨®n y extracci¨®n, precis¨® Mazhar Al Sheridah. 'Es industrializar, refinar, construir una industria petroqu¨ªmica, y en eso la nueva ley est¨¢ abierta al 100%'. Venezuela, se?al¨® este redactor de la la pol¨¦mica ley, es el ¨²nico pa¨ªs entre los miembros de la Organizaci¨®n de Pa¨ªses Productores de Petr¨®leo (OPEP) abierto al capital privado, ya que Ir¨¢n, Irak y Libia no pueden porque est¨¢n embargados, y Arab¨ªa Saud¨ª y los Emiratos ?rabes pueden hacerlo pero no quieren.
Fedec¨¢maras remiti¨® un documento al Gobierno informando que Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Noruega, Reino Unido, Kazajtan, Angola, Australia e India no cobran reagal¨ªa, o si lo hacen son inferiores al 20%.
Portavoces oficiales respondieron tajantemente que los hidrocarburos no representan tanto para le econom¨ªa como ocurre en Venezuela. Este pa¨ªs tiene 76.900 millones de barriles en reservas comprobadas, el 7,3% del total mundial. Su consumo llevar¨¢ 66 a?os al ritmo actual de extracci¨®n y venta de crudo.
El ex presidente de la estatal Petr¨®leos de Venezuela (PDVSA), Humberto Calder¨®n, lo ve de otra manera, y no es optimista respecto a la entrada de nuevos capitales en la faja bituminosa del Orinoco. Aun con una regal¨ªa del 16,23%, y un impuesto sobre la renta del 50%, esos proyectos no tienen viabilidad. 'Ni para las empresas internacionales, ni para PDVSA, pues en cualquiera de los casos se va a producir un flujo de caja negativo'. El antiguo marco estableci¨® una regal¨ªa m¨ªnima del 1% y una m¨¢xima del 16,23%.
La C¨¢mara Petrolera de Venezuela pidi¨® una mayor flexibilidad de la ley para que el capital nacional se anime, y act¨²e como un elemento de equilibrio entre los capitales extranjeros y el Estado. Todav¨ªa en curso el pugilato, la ley entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo primero de enero.
Costas y pesca bajo escrutinio
La Ley de Zonas Costeras, pol¨¦mica tambi¨¦n, establece una zona costera de 500 metros medidos desde la l¨ªnea de la marea m¨¢s alta hasta la costa sujeta al Plan de General de Ordenaci¨®n, a determinar por el Gobierno. Una franja de 80 metros ser¨¢n 'de dominio p¨²blico', y en ella podr¨¢n registrarse expropiaciones. La autoridad gubernamental se convierte, de hecho, en judicial al estar facultada para tomar medidas dr¨¢sticas sobre las propiedades. Todas las personas naturales o jur¨ªdicas due?as de bienes ubicados en esas franjas, seg¨²n resume Fedec¨¢maras, deber¨¢n adecuarse a ese plan en un plazo de seis meses, y de no hacerlo podr¨¢n ser sancionados por el Ejecutivo con la suspensi¨®n de actividades, multas o anulaci¨®n de concesiones. Edificaciones tur¨ªsticas, muelles, viviendas, comercio y todo tipo de bienes, incluso los adquiridos antes de la vigencia de la nueva ley, deber¨¢n ponerse a la orden. La franja de 80 metros, a partir de costas, y riberas de r¨ªos y lagos, 'implica una expropiaci¨®n legislativa pues los bienes de dominio p¨²blico s¨®lo pueden ser propiedad de la rep¨²blica', se?alan los detractores de la reforma. Aunque esa ley s¨®lo vaya a ser aplicada en casos determinados, su existencia misma constituye instrumento de intimidaci¨®n, destacan. La superficie bajo escrutinio y control del Estado equivale a la de B¨¦lgica. 'Hay que ver c¨®mo se desarrolla la ley para ver si efectivamente es tan intervencionista como pinta', dijeron fuentes diplom¨¢ticas. Al declararse la actividad pesquera de utilidad p¨²blica, el Estado podr¨¢ igualmente expropiar. Queda prohibida la pesca y capturas en varias zonas por razones de car¨¢cter ambiental, y los procedimientos empleados, y se aumenta el costo de los permisos hasta un 2.000%. Los pescadores industriales no podr¨¢n operar a menos de 10 millas n¨¢uticas de la costa, y las opciones de diversificaci¨®n hacia otras pesquer¨ªas industriales se reducen, ya que ¨²nicamente los palangreros, atuneros y arrastreros son definidos como pesca industrial, lamenta la C¨¢mara Venezolana de Armadores.
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