La bolsa y la vida

La decisi¨®n del Gobierno de vincular la aplicaci¨®n del nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica con el traspaso efectivo de la sanidad sit¨²a a las comunidades aut¨®nomas ante un dilema: o asumen el coste pol¨ªtico de la imprevisi¨®n del Gobierno en materia presupuestaria o se quedan sin las ventajas del modelo de financiaci¨®n pactado en julio pasado. Los socialistas consideran que se trata de un chantaje, y ayer votaron en el Senado contra la enmienda a los Presupuestos en que se recoge esa vinculaci¨®n y que, a su juicio, compromete el acuerdo sobre financiaci¨®n alcanzado por unanimidad el pasado verano y que se vota definitivamente este pr¨®ximo jueves en el Congreso.

La reticencia de la mayor¨ªa de las diez comunidades que asumen esa competencia el 1 de enero de 2002 a aceptarla se debe a que consideran que la dotaci¨®n que acompa?a al traspaso est¨¢ infravalorada. Ello es consecuencia, a su vez, del empecinamiento del Gobierno en mantener unos Presupuestos que el enfriamiento econ¨®mico ha convertido en poco realistas. La soluci¨®n de emergencia ha consistido en introducir dos enmiendas en la Ley de Acompa?amiento, por las que se destina a la financiaci¨®n de la sanidad un porcentaje de los impuestos cedidos a las autonom¨ªas.

?stas se quejan de la falta de cuantificaci¨®n del nuevo modelo de financiaci¨®n. Desde el Gobierno se ha hablado de una aportaci¨®n suplementaria de 350.000 millones de pesetas, pero no est¨¢ claro c¨®mo se va a distribuir. Esto deber¨ªa ser objeto de negociaci¨®n en las comisiones mixtas, pero el resultado queda condicionado sin apelaci¨®n posible por la decisi¨®n unilateral del Gobierno. Todo parece indicar que el Ejecutivo quiere compensar con el recorte en la valoraci¨®n del traspaso de la sanidad el coste de los compromisos suscritos en julio, y que ahora considerar¨ªa excesivo, especialmente si quiere mantener el objetivo de d¨¦ficit cero.

La de la sanidad es una competencia de gran impacto social, esencial en el juicio que los ciudadanos se forman de la gesti¨®n de una determinada Administraci¨®n. Las comunidades que ahora asumir¨ªan la competencia temen que con ella est¨¦n adquiriendo un riesgo desproporcionado. No s¨®lo por la infravaloraci¨®n del traspaso, sino por la incertidumbre sobre la evoluci¨®n futura del gasto sanitario. La experiencia de las comunidades que ya tienen la competencia es que ese gasto crece m¨¢s que proporcionalmente. Hay dudas sobre las inversiones plurianuales comprometidas por el Insalud que ahora deber¨¢n asumir las comunidades, y sobre el incremento de gasto corriente asociado a esas inversiones, dif¨ªcil de cuantificar por adelantado. Adem¨¢s, el hecho mismo del traspaso encarece el coste, dado que se pierden las econom¨ªas de escala ligadas a una gesti¨®n com¨²n para todo el territorio.

Por supuesto que la corresponsabilidad fiscal implica correr con los riesgos de toda elecci¨®n pol¨ªtica. Sin descartar que pueda haber por parte de alguna comunidad un cierto ventajismo, hay datos para pensar que en este caso es el Gobierno quien intenta lavarse las manos desplazando hacia las autonom¨ªas la responsabilidad, y el coste pol¨ªtico, de optar entre el endeudamiento o un deterioro de ese servicio p¨²blico. El procedimiento resulta tambi¨¦n inquietante. Durante 20 a?os las condiciones de los traspasos de competencias se han negociado entre las partes, no impuesto por una de ellas mediante amenaza.

El hecho de que las reticencias sean compartidas en similar medida por comunidades gobernadas por el PP o por el PSOE indica que los motivos de desconfianza son objetivos. Sin embargo, la presi¨®n para que las comunidades acepten finalmente la transferencia es grande por temor a que se repita lo ocurrido a las autonom¨ªas que no aceptaron el anterior sistema de financiaci¨®n. Seguramente por eso han decidido los socialistas llevar el tema al Parlamento, con la esperanza de forzar una -improbable- negociaci¨®n in extremis.