'Penalizar la pol¨ªtica es muy pernicioso para la democracia'
En espera de destino tras nueve a?os como presidente de la Audiencia, Clemente Auger denuncia el efecto perverso de la judicializaci¨®n de la vida pol¨ªtica, atribuible en parte a la resistencia de los partidos a la autodepuraci¨®n
'La reforma judicial choca con el obst¨¢culo del conservadurismo y la demagogia verbal'
'La expresi¨®n 'jueces estrella' es la autodefensa de las ¨¦lites cuando se ven atacadas'
Despu¨¦s de nueve a?os, Clemente Auger (Madrid, 1933) dej¨® a primeros de diciembre la presidencia de la Audiencia Nacional. Su solicitud de ingreso en el Tribunal Supremo ha dado lugar a un hecho ins¨®lito: la Junta de Gobierno no ha aceptado su petici¨®n de inscripci¨®n a la Sala de lo Penal y le han enviado a la Sala de lo Civil. Auger ha recurrido una resoluci¨®n que es dif¨ªcil separar del marco de politizaci¨®n de la c¨²pula judicial que vive este pa¨ªs.
Durante el mandato de Auger, el terrorismo de ETA, el narcotr¨¢fico, el crimen organizado, los esc¨¢ndalos financieros, la corrupci¨®n pol¨ªtica o el terrorismo de Estado (desde los GAL hasta Pinochet) han llevado a menudo a la Audiencia Nacional y a sus jueces a las portadas de los peri¨®dicos. En opini¨®n del ex presidente, la ca¨ªda del muro marca un cambio en la justicia, como si la gran inundaci¨®n hubiese hecho emerger por todas partes delitos que antes quedaban m¨¢s o menos ocultos. Los ciudadanos se han hecho m¨¢s exigentes con los poderosos y m¨¢s activos en la defensa de sus intereses. La Audiencia se ha enfrentado a gran n¨²mero de esc¨¢ndalos financieros y pol¨ªticos y el Estado de derecho ha vivido nuevos retos del crimen organizado.
Pregunta. En estos tiempos de cambio, ?se puede hablar de aportaciones de la Audiencia Nacional para la justicia del futuro?
Respuesta. En el ¨¢mbito de lo penal, que es aquello por lo que la Audiencia Nacional acostumbra a ser noticia, destacar¨ªa cuatro aspectos. La Audiencia ha hecho frente a los macroprocesos de delincuencia econ¨®mica a los que las leyes no ofrecen una salida f¨¢cil. Aqu¨ª se han resuelto casos como Banesto o la PSV, cuando en Francia no se pudo encontrar soluci¨®n judicial al caso del Cr¨¦dit Lyonnais, por ejemplo. La Audiencia ha hecho frente a fraudes masivos como el de la colza, con doscientos mil millones de pesetas pagados en indemnizaciones, cuando un caso parecido como el de Bopal no fue resuelto ni en la India ni en Inglaterra. Ha abierto una v¨ªa para terminar con el terrorismo de Estado, con resoluciones que han tenido resonancia en todo el mundo, en el caso Pinochet, por ejemplo. La Audiencia ha sentado las bases para la actual euroorden en sus actuaciones contra la mafia y contra el terrorismo, desde la interpretaci¨®n de los textos jur¨ªdicos, sin atisbo de activismo judicial.
P. Hay quien critica a la Audiencia por romper el principio del juez natural.
R. La expresi¨®n juez natural en una sociedad compleja como la nuestra es na?f. Con la Audiencia ocurre lo que Tocqueville dec¨ªa de la prensa: que es necesaria, mucho m¨¢s que por el bien que procura, por el mal que descarta.
P. Otro tema recurrente es el de los jueces estrella.
R. Esta expresi¨®n no deja de ser una denominaci¨®n peyorativa de autodefensa de las ¨¦lites cuando se han visto afectadas.
P. Desde la presidencia de la Audiencia, ?c¨®mo se ha visto evolucionar a la sociedad espa?ola?
R. Se aprecia descontento y cr¨ªtica al poder judicial como aparato de mal funcionamiento y, al mismo tiempo, una comprensi¨®n del mismo como un intermediario entre los poderes y el ciudadano. Ello se traduce en un aumento espectacular en la reclamaci¨®n de sus derechos, que desde la Audiencia se percibe muy claramente a trav¨¦s de lo contencioso-administrativo y de lo social, donde se dirimen los conflictos con la Administraci¨®n y con las grandes empresas.
P. Se dice que el peor tratado en el sistema judicial es siempre la v¨ªctima. ?Es cierto?
R. Es el que est¨¢ en peor situaci¨®n por ser v¨ªctima. Y eso no tiene arreglo. Creo que es el que peor se siente tratado, lo cual ya es grave. A su vez, a menudo, se fuerzan resoluciones para que las v¨ªctimas tengan reparaci¨®n. El proceso en s¨ª es algo profundamente doloroso e incomprensible. Y a menudo con m¨¦todos de trabajo inadecuados que lo hacen todav¨ªa m¨¢s insoportable para la v¨ªctima.
P. ?El pacto de la justicia es un buen instrumento para resolver los problemas de la justicia?
R. Tiene un importante valor simb¨®lico. Al firmar este pacto los dos grandes partidos reconocen que hay un tercero neutral que debe ser extra¨ªdo de las circunstancias partidarias. Adem¨¢s de reformar debemos aprender a saber reformar, dec¨ªa un gran jurista ingl¨¦s. Lo que no est¨¢ en este pacto es c¨®mo hay que reformar.
P. ?Y c¨®mo hay que hacerlo?
R. La Administraci¨®n de justicia es complej¨ªsima: hay que hacer muchos apartados y un tratamiento particularizado para cada uno. El s¨ªmbolo que es este pacto deber¨ªa dejar claro que la reforma es a cargo del poder pol¨ªtico, no a cargo de los jueces, donde, como en toda reforma, siempre se encontrar¨¢n dos obst¨¢culos tradicionales: el conservadurismo y el verbalismo demag¨®gico. Siempre los afectados por una reforma suelen ser los mayores enemigos de la misma.
P. Estamos en una situaci¨®n de alarmante politizaci¨®n de la justicia y judicializaci¨®n de la pol¨ªtica. Las resoluciones judiciales se explican, a veces, como si fueran votaciones parlamentarias. ?Qu¨¦ hay que hacer ante ello?
R. Hay un fondo de verdad en lo que dice. En asuntos en que est¨¢n implicados pol¨ªticos se ha podido adelantar el resultado en funci¨®n de la presunta ubicaci¨®n pol¨ªtica de cada juez. A m¨ª lo que me parece importante se?alar es que la penalizaci¨®n de la vida pol¨ªtica es muy perniciosa para la democracia representativa. La penalizaci¨®n, no el sometimiento al derecho, es tan perniciosa como la impunidad. ?A qu¨¦ es debida? No han existido mecanismos dentro de los partidos para la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas. Decisiones estrictamente pol¨ªticas est¨¢n en manos de t¨¦cnicos que les han comido el terreno a los pol¨ªticos que s¨®lo reaccionan cuando se encuentran sometidos a la desgracia de estar enredados en un proceso penal. La entrada en el proceso penal tiene que ser un ¨²ltimo extremo, cuando los indicios de comisi¨®n de un delito son tan relevantes que cualquier otra actuaci¨®n significar¨ªa la quiebra del Estado de derecho. Esta penalizaci¨®n de la vida p¨²blica la marca la prensa, no en alianza subjetiva pero s¨ª en confluencia con la investigaci¨®n judicial, y luego se utiliza como arma de un partido contra otro. Y los partidos se quejan o se aprovechan de ello, en funci¨®n de si les toca el papel de acusados o de acusadores.
P. La doctrina de subordinaci¨®n de las responsabilidades pol¨ªticas a las resoluciones judiciales, ?ha sido letal para el equilibrio entre justicia y pol¨ªtica?
R. Sobre todo ha sido una autolimitaci¨®n bastante incomprensible de las facultades de los pol¨ªticos, que subordinan a la justicia responsabilidades pol¨ªticas que podr¨ªan dirimir ellos.
P. En la politizaci¨®n de la justicia ha jugado un papel importante el proceso de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial. ?Abusan los pol¨ªticos? ?Les falta dignidad a los jueces para rechazar la elecci¨®n en determinadas condiciones? ?Hay un sistema mejor?
R. Que los jueces y magistrados, al salir de una oposici¨®n, que significa adem¨¢s una forma de selecci¨®n dudosa, determinen sus ¨®rganos de gobierno no es razonable. El CGPJ no es un ¨®rgano de representaci¨®n, es un ¨®rgano de gobierno. El ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional, que es independiente para que sea neutral, necesita de un control externo, que est¨¢ encaminado por el CGPJ. Y, por tanto, la mayor y ¨²nica legitimaci¨®n es la designaci¨®n parlamentaria.
P. La ¨²ltima elecci¨®n llev¨® lo inadecuado al l¨ªmite.
R. En la ¨²ltima elecci¨®n, sin enjuiciar a las personas, al haber colisionado ¨®rganos corporativos como son las asociaciones, se ha llegado a extremos exasperantes. El resultado, que espero que los interesados puedan corregir, ha sido la identificaci¨®n absoluta de cada uno de los dos partidos con una asociaci¨®n judicial. Es un obst¨¢culo para los partidos en su tarea inexcusable de reforma de la justicia, por los compromisos que hayan adquirido con las asociaciones judiciales. No tengo una visi¨®n angelical del Parlamento. Creo que es razonable que los ¨®rganos constitucionales reflejen las mayor¨ªas.
P. ?Est¨¢ t¨¦cnicamente muy desfasada la justicia para afrontar la delicuencia internacional?
R. La euroorden y la nueva definici¨®n de terrorismo en Europa son dos pasos muy importantes.
P. Esta definici¨®n de terrorismo tiene algunos problemas: el terrorismo de Estado queda totalmente excluido de ella.
R. El prop¨®sito es lo importante.
P. ?Qu¨¦ maneja la Audiencia como definici¨®n de terrorismo?
R. Es una definici¨®n concretada a partir de los propios trabajos de la Audiencia. As¨ª, por ejemplo, la noci¨®n de terrorismo se extendi¨® a la violencia callejera. En general se tienen en cuenta dos circunstancias fundamentales: la v¨ªctima es innominada. Se dice inocente, pero inocente siempre es. Mejor decir innominada, para el amedrantamiento social. Y la finalidad: la instauraci¨®n de un Estado totalitario ¨¦tnico, en el caso de ETA. Para ello act¨²a de muchas maneras, no s¨®lo con el asesinato.
P. Deja la Audiencia, se va al Supremo y pese a su biograf¨ªa y deseo de ir a la Sala de lo Penal, le mandan a la Sala de lo Civil.
R. Al terminar mi mandato por imperativo legal estoy destinado en el Tribunal Supremo. Se ha producido una decisi¨®n de la sala de gobierno que estimo improcedente. No tiene precedente. Mi adscripci¨®n a la Sala de lo Civil es muy honrosa para mi persona, pero en el ejercicio de mi responsabilidad de 40 a?os de juez y de nueve presidiendo la Audiencia Nacional tengo que recurrir esta decisi¨®n discrecional y pol¨ªtica ante el CGPJ. No en defensa de posibles derechos o expectativas leg¨ªtimas vulneradas, sino porque estimo que la decisi¨®n sin precedentes afecta al estatuto del juez y al buen orden del tribunal. La invocaci¨®n de la situaci¨®n de la sala no es suficiente para legitimar esta decisi¨®n, pues en situaciones an¨¢logas no se ha adoptado nunca una medida de este tipo que implica ser el ¨²nico juez o magistrado, fuera de los supuestos de traslado forzoso por sanci¨®n, destinado a un orden jurisdiccional y a un puesto que no ha solicitado.
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