El 'inter¨¦s general' ataca de nuevo

El f¨²tbol debe plantearse, antes de que sea demasiado tarde, abrir un proceso de regularizaci¨®n y recordar que hace pocas semanas todo un juez, miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta en su d¨ªa de Convergencia i Uni¨®, ha ingresado en la c¨¢rcel por fraude fiscal con una condena de a?os. Seg¨²n la Liga de F¨²tbol Profesional, 'los clubes somos fieles cumplidores de nuestras obligaciones fiscales y, aunque no queremos ning¨²n trato de favor respecto a otro sector empresarial, no podemos asistir pasivamente a una injusticia, a una persecuci¨®n. Ni lo merece el f¨²tbol ni se tendr¨ªa en cuenta el enorme trabajo del f¨²tbol profesional, considerado por todos de inter¨¦s general'.

De nuevo el argumento del f¨²tbol como inter¨¦s general de ?lvarez Cascos (que dedicado a lo suyo de planificar infraestructuras est¨¢ m¨¢s equilibrado) vuelve a aparecer, sin que tenga nada que ver con lo que se est¨¢ discutiendo: todos debemos pagar a Hacienda.

Los derechos de imagen de los futbolistas han sido un argumento recurrente y, ante la posibilidad de que existiera alguna laguna legal en el ordenamiento fiscal de la profesi¨®n, se plante¨® una reforma con un nuevo sistema de pago de estos derechos que fueron aprobados por el Parlamento.

Con la nueva legislaci¨®n, los ingresos de los deportistas profesionales que eran objeto del IRPF quedaban mucho m¨¢s claros: la n¨®mina, la ficha, la prima de contrataci¨®n -ahora ya no es defendible argumentar que el porcentaje que pueda recibir un jugador por su traspaso se queda fuera de este cap¨ªtulo-, las primas por partido ganado y la cl¨¢usula de rescisi¨®n. Los ingresos por cesi¨®n de derechos de imagen siguen como un rendimiento de capital mobiliario, s¨®lo en la medida en que no sobrepasen el 15% de las cantidades totales que un jugador percibe por estar ligado laboralmente a un club. Si se excede ese porcentaje, el futbolista est¨¢ indefectiblemente obligado a integrar estos rendimientos en su base imponible, junto con el resto de las cantidades satisfechas por el club.

Lo investigado desde entonces pone de manifiesto que el f¨²tbol, a pesar de intentos por corregirse, es un sector que ha manejado dinero negro y la Agencia Tributaria, que deber¨ªa haber entrado en el tema mucho antes, tiene que cumplir con su obligaci¨®n y los ciudadanos espa?oles se lo vamos a exigir.

Conviene saber de lo que estamos hablando cuando se dice que el f¨²tbol ha cumplido con sus obligaciones. Acompa?o dos tablas, correspondientes a un importante club espa?ol, para que se entienda lo que ha significado la llamada econom¨ªa de opci¨®n de los derechos de imagen. ?sta es la liquidaci¨®n de un mes normal de la temporada 94-95: remuneraciones fijas (6.561.949 pesetas); retenciones practicadas (2.520.798); Seguridad Social (573.118); n¨®minas netas (3.468.033). Naturalmente el f¨²tbol se ha movido ante la nueva legislaci¨®n y as¨ª, en este mismo mes de la temporada 98-99, las cifras se hab¨ªan multiplicado pr¨¢cticamente por diez: remuneraciones fijas (61.618.104); retenciones (27.780.664); Seguridad Social (516.676); n¨®minas netas (33.320.764). Como referencia, el equipo m¨¦dico de este mismo club en este mismo periodo hab¨ªa pasado de unas retribuciones brutas mensuales de 1.850.000 a 2.650.000, mucho m¨¢s acorde con la evoluci¨®n salarial habida en el pa¨ªs. A pesar del incremento registrado, al lector le sorprender¨¢ que la n¨®mina mensual de un equipo de campanillas se resolviera con poco m¨¢s de 33 millones.

Uno, viejo socialdem¨®crata, cree que el ¨²nico inter¨¦s general que encierra el f¨²tbol es que sea una actividad que maneje dinero limpio y que los afortunados que se convierten en sus multimillonarias estrellas paguen los impuestos que las leyes marcan. Hoy reaccionan los clubes, ma?ana tendr¨¢n que hacerlo los futbolistas. Suenan descalificaciones para Hacienda, tambores de guerra, en forma de boicots, alarma social y disoluciones de clubes. Tranquilidad, la ¨²nica alarma social es que un sector no cumpla con sus obligaciones fiscales, pues si se consiente esta situaci¨®n, basta con mirar a Argentina para saber los riesgos que puede correr un Estado, sin respeto a su ordenamiento fiscal.

Gregorio Mart¨ªn es catedr¨¢tico y director del Instituto de Rob¨®tica de la Universidad de Valencia.