Expulsi¨®n familiaren Melilla

Al delegado del Gobierno en Melilla no se le ha ocurrido mejor cosa para resolver el problema de la delincuencia juvenil en esa ciudad que proponer la expulsi¨®n de los j¨®venes delincuentes que no sean espa?oles y, junto con ellos, a toda su familia. Aparte de lo disparatado que resulta pretender resolver un problema tomando la parte por el todo, la propuesta rezuma autoritarismo y arbitrariedad. ?Acaso en Melilla no delinquen, aunque s¨®lo sea en una peque?a proporci¨®n, los adolescentes espa?oles, y el problema de la delincuencia juvenil debe recaer por entero sobre sus colegas inmigrantes?

Menos mal que el delegado del Gobierno ha condicionado su propuesta a la previa autorizaci¨®n judicial de la expulsi¨®n. Pero ning¨²n juez de Melilla o de otro lugar de Espa?a dar¨ªa su consentimiento a una iniciativa que hace a los padres responsables directos -poco menos que autores materiales- de los delitos o faltas cometidos por sus hijos menores de edad, salt¨¢ndose a la torera las reglas b¨¢sicas sobre la responsabilidad civil y penal vigentes, y que tiene, incluso, un apenas disimulado componente de represalia contra toda la familia que ninguna ley autoriza; tampoco la de Extranjer¨ªa.

El problema de la delincuencia juvenil compete tambi¨¦n a los padres, desde luego. En Melilla y fuera de ella, se trate de padres inmigrantes o espa?oles. Pero en materia de responsabilidades s¨®lo cabe exigirles -adem¨¢s de la mejor educaci¨®n que puedan procurarles- exactamente aquello que est¨¢ tasado en la Ley del Menor: hacerse cargo, como principales responsables civiles, de los da?os y perjuicios causados. Ir m¨¢s all¨¢ de estas exigencias, adem¨¢s de posiblemente ilegal, resulta discriminatorio para las familias inmigrantes, castig¨¢ndolas, por algo que no han hecho, con su expulsi¨®n colectiva de Espa?a. Se tratar¨ªa de una clara burla de las medidas de reagrupamiento familiar que contempla la ley de Extranjer¨ªa para la integraci¨®n del inmigrante.