Desobediencia institucional

En 1846 el americano Henry David Thoreau consider¨® que la guerra que acaba de iniciar su propio pa¨ªs, los EE UU, contra M¨¦xico era ileg¨ªtima y, para luchar contra ella, dej¨® de pagar impuestos al Estado de Massachusetts.

Desde entonces, la desobediencia civil se ha usado para defender las causas m¨¢s nobles por multitud de personas, algunas de las cuales han alcanzado veneraci¨®n universal, como el Mahatma Ganhi y Martin Luther King. Hist¨®ricamente, los espa?oles nunca hemos sido demasiado proclives a esta t¨¦cnica pol¨ªtica, sino que cuando un grupo consideraba inmoral una determinada acci¨®n del Gobierno (o mejor al Gobierno entero porque tampoco nos ha gustado mucho detenernos en matices y detalles) prefer¨ªa dec¨ªrselo mediante una sublevaci¨®n armada. Sin embargo, en los ¨²ltimos a?os tambi¨¦n en Espa?a nos hemos animado a emplear la desobediencia civil, aunque hoy d¨ªa sea dif¨ªcil encontrar motivos tan poderosos para practicar la desobediencia civil como fueron en el pasado acabar con una guerra injusta, con la esclavitud y con el colonialismo.

Si dejamos para los fil¨®sofos de fuste como Dworkin, Habermas y Bobbio los l¨ªmites morales que esta forma de lucha pol¨ªtica tiene en una sociedad democr¨¢tica, lo cierto es que el com¨²n de los ciudadanos no podemos reprimir nuestra m¨¢s sincera simpat¨ªa por la gente que, como los insumisos, es capaz de arrostrar el riesgo de acabar entre rejas por negarse a hacer el servicio militar o, menos espectacularmente, de sufrir las sanciones administrativas y molestias sociales de todo tipo por entregar el DNI y vivir 'indocumentado' como forma de combatir la nueva Ley de Extranjer¨ªa. Porque la desobediencia civil no se define ¨²nicamente por la negativa a cumplir una norma que se considera injusta, sino tambi¨¦n porque quien la practica est¨¢ dispuesto a aceptar la sanci¨®n correspondiente. M¨¢s todav¨ªa: usa la propia sanci¨®n como elemento de lucha contra el Estado represor. As¨ª Thoreau, Gandhi, Mandela y tantos otros, que dieron con sus huesos en la c¨¢rcel, exigieron el cumplimiento escrupuloso de su castigo.

Ahora bien, como las ciencias adelantan que es una barbaridad, seg¨²n ya nos ense?ara don Hilari¨®n en la Verbena de la Paloma, parece que ¨²ltimamente los espa?oles hemos encontrado una forma de desobedecer a la ley que consideramos injusta sin tener que afrontar ning¨²n riesgo personal. La nueva t¨¦cnica es de gran sencillez, no carece de elegancia y viene envuelta en rigor t¨¦cnico: cuando una norma cualquiera no le gusta a un colectivo, en lugar de adoptar cada uno individualmente un comportamiento de resistencia c¨ªvica (dejar de pagar impuestos, entregar el carnet, no acudir a la convocatoria obligatoria a filas, etc¨¦tera), se le hace decir a la instituci¨®n que representa a ese colectivo que dicha norma es inconstitucional, con lo que ya no hay necesidad de aplicarla. El Consejo Andaluz de Colegios de Enfermer¨ªa ha sido, que yo sepa, la primera instituci¨®n andaluza en usar esta t¨¦cnica para negarse a tramitar las bajas de sus colegiados que lo soliciten tal y como ordena desde el uno de enero la Ley andaluza de Colegios Profesionales porque, a su entender, la comunidad aut¨®noma no tiene competencia para establecer la colegiaci¨®n voluntaria de los funcionarios. En las Universidades andaluzas hay tambi¨¦n grupos que pretenden que los claustros universitarios actuales no se disuelvan, como ordena la LOU, argumentando que se trata de una ley anticonstitucional ante la que hay que declararse insumisos.

El ¨²nico reparo que se puede hacer a esta nueva t¨¦cnica de 'desobediencia institucional' es que pasa por alto una regla b¨¢sica del Estado de Derecho: que toda ley emanada de un poder legislativo tiene una presunci¨®n de constitucionalidad que ¨²nicamente puede ser invalidada por el Tribunal Constitucional y no por las instituciones a las que va dirigida la norma; ¨¦stas pueden usar los mecanismos jur¨ªdicos a su alcance para pedir al Tribunal Constitucional que las anule, pero mientras tanto no tienen m¨¢s remedio que aplicarlas. Lo contrario supone, entre otras cosas, incumplir el deber de lealtad constitucional tomando como disculpa la propia Constituci¨®n.

Una barbaridad, evidentemente, volver¨ªa a cantar don Hilari¨®n.

Agust¨ªn Ruiz Robledo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.