Ibarra contra los terratenientes

En Extremadura tienen un nuevo motivo de gresca pol¨ªtica, esta vez a cuenta de las subvenciones de la UE que recibe el campo. La realidad es que el 4% de las explotaciones se llevan el 40% de las ayudas que recibe la regi¨®n, que en 2001 ascendieron a unos 588 millones de euros (98.000 millones de pesetas). Y buena parte de estos propietarios se ocultan detr¨¢s de sociedades y tienen su residencia fiscal en otros puntos de Espa?a (el 34% de los que cobran m¨¢s de 150.000 euros, 25 millones de pesetas). As¨ª que el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra, se ha comprometido a una iniciativa: si el Gobierno espa?ol no lo aplica en el resto del territorio, est¨¢ dispuesto a promulgar una ley mediante la cual algunos terratenientes sufran una reducci¨®n de hasta un 20% de las subvenciones que reciben.

Si prospera la iniciativa, algunos propietarios ver¨¢n reducidas sus ayudas en un 20%

Ese recorte se conoce como 'modulaci¨®n' y se est¨¢ aplicando en algunos pa¨ªses de Europa siguiendo recomendaciones de la UE. Y para llevarlo a cabo, Ibarra ha puesto a trabajar al Parlamento extreme?o, donde se ha creado una singular comisi¨®n de investigaci¨®n, por la que est¨¢n compareciendo agricultores grandes y peque?os, terratenientes, ayuntamientos y sindicatos agrarios, pero tambi¨¦n arist¨®cratas, empresarios y hasta toreros. Incluso lleg¨® a estar propuesta Carmen Sevilla para que hablara de sus famosas ovejitas. En medio de los citados, algunos comparecientes con cierto calado pol¨ªtico, como el suegro del presidente del PP de Extremadura o la mujer del ministro de Agricultura. 'Esta comisi¨®n va a poner de manifiesto la defensa de los agricultores profesionales frente a los absentistas de toda la vida o de nuevo cu?o', dijo Ibarra esta semana en una carta abierta. El debate est¨¢ servido.

Pero el debate no es exclusivo de Extremadura, porque en Espa?a el 20% de las explotaciones se llevan el 80% del presupuesto de la PAC (Pol¨ªtica Agraria Com¨²n). O lo que es lo mismo: 125 propietarios se reparten cada a?o m¨¢s de 360 millones de euros (unos 60.000 millones de pesetas), seg¨²n datos de UPA (Uni¨®n de Peque?os Agricultores).

Algunos de estos grandes agricultores son en realidad banqueros, constructores, empresarios de todo tipo o, simplemente, arist¨®cratas. La cuesti¨®n es que las directrices que emanan de Bruselas permiten a cada Estado miembro moderar estas ayudas de tal forma que se les pueda deducir hasta un m¨¢ximo de un 20% para dedicar ese dinero a otras cuestiones relacionadas con el desarrollo agrario. Y la modulaci¨®n se reduce seg¨²n ciertos criterios, siendo el m¨¢s importante el de la creaci¨®n de empleo: una gran finca que cree trabajo no tiene por qu¨¦ ser 'modulada'. Este criterio se aplica en Francia, Portugal (desde el pasado 1 de enero), Reino Unido (de forma lineal) y algunos lander alemanes, pero el Gobierno espa?ol parece poco decidido a hacerlo, a pesar de existir una resoluci¨®n del Pleno del Congreso de los Diputados de 11 de septiembre de 1999 que as¨ª lo solicita y de un informe del propio Ministerio de Agricultura del mismo a?o, elaborado junto a los sindicatos agrarios, que se muestra favorable a la medida. Es m¨¢s, un a?o despu¨¦s, en un documento de la Comisi¨®n Europea se dice que 'las autoridades espa?olas han anunciado su intenci¨®n de aplicar la modulaci¨®n'. Desde entonces el Gobierno no ha querido saber nada del asunto. Seg¨²n el Ministerio de Agricultura, 'el Gobierno no tiene intenci¨®n de modular, salvo que se imponga desde la Comisi¨®n Europea, porque eso crear¨ªa distorsiones entre las comunidades aut¨®nomas'.

El asunto parec¨ªa haber quedado como una cuesti¨®n de consumo interno a la espera de que lleguen nuevas ¨®rdenes desde Bruselas, hasta que Ibarra ha dicho basta. Adem¨¢s, se hab¨ªa comprometido a ello en la ¨²ltima campa?a electoral. Una acusaci¨®n del PP sobre la percepci¨®n de una subvenci¨®n por parte de un miembro del PSOE, como un coletazo m¨¢s del triste asunto de los cazaprimas del lino, rompi¨® la baraja. Ibarra anunci¨® en p¨²blico que Extremadura ir¨ªa a la modulaci¨®n y se mont¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n en la Asamblea regional. En el ¨¢nimo de los socialistas estaba mostrar en p¨²blico c¨®mo algunas fortunas se aprovechan del campo, cobran subvenciones millonarias y apenas crean empleo. El PP habla de venganza utilizando el Parlamento. En medio del barullo apareci¨® alguna que otra sorpresa: por ejemplo, que la mujer del ministro de Agricultura parcel¨® una finca en nueve partes, cada una de ellas perteneciente a una sociedad distinta, hecho que el ministro se?al¨® que era falso porque su mujer s¨®lo es titular de dos parcelas.

Esta pr¨¢ctica no es ilegal, dice el PSOE, que aprovech¨® la ocasi¨®n para ponerla como ejemplo de lo que el PP propone para eludir una futura ley: la finca grande se divide en varias peque?as y as¨ª se puede seguir cobrando. Esta pr¨¢ctica de repartir una parcela en varias sociedades ya se est¨¢ empezando a notar en Extremadura, donde el n¨²mero de fincas grandes se est¨¢ reduciendo asombrosamente. As¨ª, una sociedad titular de una finca que percib¨ªa casi 1 mill¨®n de euros en ayudas en 1998 consta ahora como perceptora de algo m¨¢s de 60.000. Seg¨²n el PSOE, Pilar Ayuso, eurodiputada del PP, ya indic¨® el camino cuando dijo que, de hacerse la modulaci¨®n, 'haremos ricos a notarios y registradores'. Pero el debate no cesa y el PSOE puso otro ejemplo: un diputado regional del PP, Quintin Monta?o, percibe 96.000 euros (16 millones) en ayudas por una explotaci¨®n en la que ¨¦l mismo reconoce que no crea ni un solo empleo fijo. 'El ¨²nico fijo soy yo', dijo en el Parlamento.

Ambiente crispado

En ese ambiente ciertamente tenso, donde las acusaciones de caciquismo est¨¢n a la orden del d¨ªa, la comisi¨®n entr¨® en su recta final la pasada semana, con la intervenci¨®n de los propietarios de tierras, que fueron divididos en varios grupos seg¨²n la cuant¨ªa de las subvenciones que recib¨ªan. As¨ª, el primer grupo estaba formado por gente o empresas que perciben m¨¢s de 100 millones. Esas primeras comparecencias no fueron muy felices y el n¨²mero de ausentes fue muy superior al de presentes, lo que motiv¨® un enorme enfado del presidente de la comisi¨®n, Antonio Olivenza, que volver¨¢ a usar 'toda la artiller¨ªa legal' para obligar a que se presenten. No vino, por ejemplo, el torero Jos¨¦ Mari Manzanares, pero s¨ª su colega ?ngel Teruel, quien no concret¨® si las seis familias que dice viven en su finca eran trabajadores fijos.

'No podemos dejar de regular las ayudas en un sector tan sensible', dicen en la Consejer¨ªa de Agricultura. Andaluc¨ªa y Castilla-La Mancha, las otras dos regiones con alto nivel de latifundismo, siguen de cerca lo que sucede en Extremadura.