Contrapoderes en Francia

El Consejo Constitucional franc¨¦s, m¨¢xima instituci¨®n judicial del Estado, ha asestado en menos de una semana dos serios varapalos al Gobierno socialista de Lionel Jospin. El primero, al rechazar una parte crucial de la Ley de Modernizaci¨®n Social, la que regula las condiciones de los despidos empresariales. El ¨²ltimo, al negarse a convalidar el texto legal que garantiza una limitada autonom¨ªa a la isla de C¨®rcega. En diciembre pasado, el ¨®rgano independiente que vigila la constitucionalidad de las leyes ya hab¨ªa censurado el modelo de financiaci¨®n aprobado para sufragar la semana laboral de 35 horas.

La acumulaci¨®n de correctivos contra los grandes proyectos sociales y pol¨ªticos del primer ministro, am¨¦n de su importancia intr¨ªnseca, tiene en estos d¨ªas la relevancia a?adida de que se producen en medio de la fiebre que precede a las elecciones presidenciales y legislativas de esta primavera, para las que velan sus armas Jospin y el presidente, Jacques Chirac, cabezas de sendos proyectos antag¨®nicos. Las decisiones del Constitucional, adem¨¢s, enrarecen la relaci¨®n del jefe del Gobierno con sus aliados izquierdistas y con los sindicatos, a tres meses vista de la contienda electoral.

En el caso de la regulaci¨®n de los despidos, Jospin ha cedido al oportunismo electoral y, contra la opini¨®n de miembros de su Gabinete, sucumbido a las presiones de sus socios comunistas. La ley restringe tanto las circunstancias de los despidos, que el Consejo Constitucional ha entendido, al censurarla, que pon¨ªa en peligro la competitividad de las empresas francesas y limitaba la libertad de acci¨®n de sus responsables. En los crudos t¨¦rminos de la econom¨ªa globalizada, una compa?¨ªa no podr¨ªa desprenderse de parte de sus empleados para obtener mayores beneficios y atraer m¨¢s capital para crecer.

En la cuesti¨®n de C¨®rcega, el rechazo por el Consejo Constitucional de la capacidad legislativa de la Asamblea auton¨®mica, una cuesti¨®n clave que al final hab¨ªa inclinado a los nacionalistas a favor del proyecto despu¨¦s de largas negociaciones, tendr¨¢ probablemente consecuencias significativas sobre la naturaleza del Estado. El proceso auton¨®mico corso vuelve al empantanamiento y Francia sigue siendo el ¨²nico pa¨ªs relevante de la Uni¨®n Europea que mantiene un perfil decididamente centralista.

El Consejo Constitucional se ha ido convirtiendo en 30 a?os en pieza imprescindible del debate pol¨ªtico-social, en el verdadero Tribunal Constitucional no querido por De Gaulle. Es cierto que, como instituciones similares en otros pa¨ªses, su composici¨®n no es fruto del sufragio directo, y que de sus nueve miembros -designados a partes iguales por el presidente de la Rep¨²blica y los de la Asamblea Nacional y el Senado- la mayor¨ªa sintoniza m¨¢s con el talante conservador de la oposici¨®n. Pero sus fallos a lo largo de los a?os, al margen de la irritaci¨®n de los gobiernos afectados, han cumplido un papel decisivo en el fortalecimiento del Estado de derecho y han resultado claves en el mantenimiento del equilibrio de los principios enunciados en la Constituci¨®n francesa.