Aborto inseguro

El fiscal jefe de Andaluc¨ªa ha pedido que se suspenda el ingreso en prisi¨®n de dos ginec¨®logos condenados por un delito de aborto cometido en 1995 hasta que se resuelva su recurso al Constitucional. El fiscal pide, subsidiariamente, que se cambie la pena de prisi¨®n por la de multa, en atenci¨®n a las circunstancias del caso. Sobre todo, que el motivo de la condena fue que el certificado m¨¦dico sobre los riesgos del embarazo para la salud mental de la mujer fue firmado por una psic¨®loga, en lugar de por un psiquiatra. Otros dos m¨¦dicos han sido condenados recientemente en Castell¨®n. El riesgo de c¨¢rcel sigue acechando a m¨¦dicos y mujeres por la inseguridad jur¨ªdica que planea sobre los tres supuestos legales de interrupci¨®n del embarazo.

?Qu¨¦ seguridad jur¨ªdica puede tener una ley cuya aplicaci¨®n depende de criterios profesionales siempre discutibles -la medicina no es una ciencia exacta- y en la que la mujer que aborta y el m¨¦dico que la atiende quedan al albur de un tercero: el marido, un m¨¦dico discrepante o una asociaci¨®n antiabortista?

Estos nuevos episodios avalan los reiterados intentos de los grupos de la izquierda parlamentaria por establecer un marco legal del aborto fuera del alcance del C¨®digo Penal -ley de plazos o supuestos legales m¨¢s amplios y definidos-, que otorgue amparo jur¨ªdico a la libre decisi¨®n de la mujer y que deje sin asidero legal al militantismo ideol¨®gico. Las asociaciones provida est¨¢n detr¨¢s de la mayor¨ªa de las diligencias judiciales que se abren contra m¨¦dicos y mujeres por casos de aborto acogidos a los tres supuestos legales. Se calcula que en la actualidad hay unos 300 procesos judiciales abiertos. Aunque en su mayor¨ªa terminan archiv¨¢ndose, constituyen una fuente de incertidumbre y de sinsabores para quienes los sufren.

El calvario de los m¨¦dicos condenados en Granada y Castell¨®n empieza mucho antes, con denuncias que tardan a?os en tramitarse. A la condena en s¨ª, con la secuela de la inhabilitaci¨®n profesional, se a?aden los efectos de una justicia que se pronuncia a?os despu¨¦s. El Gobierno del PP, que se opone a todo intento de ampliar la ley del aborto, y que ha pasado ol¨ªmpicamente de ¨¦sta y de otras cuestiones relacionadas con la libertad individual y modo de vida de las personas en su XIV Congreso, tiene en sus manos la facultad del indulto para impedir ingresos en prisi¨®n no queridos por casi nadie e inhabilitaciones profesionales fuera de lugar.