La izquierda catalana y los juristas

He tenido ocasi¨®n de asistir a un acto de notable trascendencia: la presentaci¨®n y debate ante un nutrido grupo de juristas del informe que los tres partidos de la izquierda catalana propondr¨¢n a la comisi¨®n parlamentaria que estudia la profundizaci¨®n del autogobierno de Catalu?a. El hecho es ins¨®lito y relevante de tan razonable, pues, por sensato que parezca someter a juicio de legistas los proyectos normativos antes de ser discutidos en el Parlament, no suele actuarse como en el presente caso, es decir, al margen del secretismo confidencial y de los asesores implicados en su redacci¨®n.

Justo es decir que este encuentro ven¨ªa a ser la culminaci¨®n l¨®gica de otro anterior, tambi¨¦n novedoso y laudable: el del pleno de la comisi¨®n con una serie de expertos e instituciones, que hab¨ªan aportado a su conocimiento valiosos informes descriptivos de la actual situaci¨®n del autogobierno catal¨¢n. Los tres grupos de izquierda eran ahora los primeros en querer escuchar el juicio del constitucionalismo universitario respecto al com¨²n proyecto de pol¨ªtica constitucional y estatutaria, logrado a partir de los datos recabados en su d¨ªa.

Los partidos de izquierdas catalanes han elaborado un texto sobre autogobierno que sometieron a juicio de un grupo de juristas. Una forma de proceder poco habitual y muy ¨²ltil

La sesi¨®n de trabajo fue convocada por cuatro fundaciones de cultura pol¨ªtica: Rafael Campalans, Nous Horitzons, Josep Irla y Catalunya Segle XXI. He ah¨ª otra novedad: el inter¨¦s de un amplio ¨¢mbito intelectual por las propuestas parlamentarias cuando son concretas, serias y solventes. Presentaron el informe los diputados Vall¨¨s, Ridao y Rib¨® y lo enjuiciaron cuatro especialistas en la materia, los profesores Aja, Albert¨ª, Bayona y Gerpe. Finalizada su intervenci¨®n, se abri¨® un vivo debate acad¨¦mico en el que participaron varios de los juristas que llenaban la sala, profesores y letrados del Parlament en su mayor¨ªa.

El texto, pulcramente editado, del informe Catalunya i l'autogovern, Perspectiva 2008 contiene seis recomendaciones dirigidas a la Generalitat en su conjunto institucional, con indicaci¨®n detallada de objetivos espec¨ªficos y de los instrumentos jur¨ªdicos y pol¨ªticos que pueden contribuir a su logro. Se recomienda actualizar las competencias auton¨®micas y su ejercicio; revisar las instituciones propias y el gobierno local en cuanto a su regulaci¨®n presente; reforzar la posici¨®n de la Generalitat como parte del Estado; institucionalizar la presencia de la misma en la Uni¨®n Europea y en el ¨¢mbito de las relaciones insternacionales, garantizar el reconocimiento de los aspectos simb¨®licos y culturales del Estado plurinacional y, en fin, establecer una carta de derechos y deberes de los ciudadanos de Catalu?a.

En su presentaci¨®n, los tres diputados de la izquierda insistieron en que, frente a comentarios desde?osos en el sentido de que 'a la gente no le preocupa el autogobierno', ¨¦sta es la ¨²nica herramienta eficaz para atender, mediante pol¨ªticas p¨²blicas, las nuevas o no tan nuevas necesidades y demandas de la poblaci¨®n. Rafael Rib¨® lleg¨® a propugnar la conveniencia de implicar a toda la ciudadan¨ªa en las reformas previstas mediante el ejercicio del refer¨¦ndum.

El juicio de los especialistas fue rotundamente positivo. Con frialdad t¨¦cnica muy convincente resaltaron las virtudes del informe: coherente planificaci¨®n de un conjunto casi exhaustivo de reformas jur¨ªdicas; idoneidad y realismo de ¨¦stas; atinada formulaci¨®n de los procedimientos oportunos para llevarlas a cabo. Pero, como es propio de entendidos, hubo discrepancias sutiles sobre la posibilidad, oportunidad o consecuencias de ciertas medidas, pero pronto se vio que eran cuestiones sobre las que el acuerdo deber¨ªa ser m¨¢s pol¨ªtico que acad¨¦mico cuando se plantearan en la pr¨¢ctica. El punto algo pol¨¦mico fue la inclusi¨®n en el Estatut o en el texto singular de una tabla de derechos y deberes ciudadanos. Se record¨® que los ¨²nicos que la Constituci¨®n reconoce como ejercitables ante la judicatura ya se hallan impl¨ªcitos en el art¨ªculo octavo del Estatuto y que otros nuevos, al no poder alegarse, provocar¨ªan falsas expectativas y frustraciones, lo cual no impide que, como meros principios rectores de las pol¨ªticas p¨²blicas, sea factible y conveniente ampliar en Catalu?a la lista contenida en la norma fundamental, algo desfasada ya en este campo despu¨¦s de 20 a?os. Personalmente me apunto a esta soluci¨®n.

Como era de esperar, el gran acuerdo alcanzado entre los impulsores del informe y el colectivo de juristas se acompa?¨® de una inevitable diferencia: la existencia entre los hispanoesc¨¦pticos y los que conf¨ªan en el imprescindible sost¨¦n al proyecto por una futura mayor¨ªa parlamentaria en Madrid. ?stos, a su vez, mostraron sus dudas sobre el previo apoyo que la alizanza CiU-PP podr¨ªa dar a su proyecto en el Parlament, sin el cual todo quedar¨ªa en agua de borrajas.

Opciones pol¨ªticas aparte, considero oportuno confesar que, como constitucionalista y como ciudadano de Catalu?a, me caus¨® una reconfortante impresi¨®n el di¨¢logo, tan riguroso y responsable, que ante mis o¨ªdos sostuvieron la izquierda catalana y los juristas.