Lo que Bush no dijo

Este peri¨®dico sali¨® a la calle el 4 de mayo de 1976 con un buen pu?ado de decisiones muy sopesadas durante los meses anteriores. Una de las m¨¢s importantes es que sus primeras p¨¢ginas, por delante de las de opini¨®n y de las del resto del peri¨®dico, estuviesen dedicadas a la informaci¨®n internacional.

Era una manera de hacer visible el prop¨®sito de abrir las ventanas y ensanchar los horizontes de un pa¨ªs, forzado por el franquismo a mantener un pernicioso ensimismamiento, que ven¨ªa de atr¨¢s y que trataba de sostenerse con el argumento de que todos los males llegaban de fuera.

El peri¨®dico trataba de contribuir a lo contrario: s¨®lo enganch¨¢ndonos al carro que circulaba por lo que entonces se llamaba el mundo occidental podr¨ªamos superar lo que se hab¨ªa venido llamando el aislamiento secular.

Desde el primer d¨ªa, la informaci¨®n internacional tuvo especial relevancia en el conjunto del peri¨®dico y el prop¨®sito inicial se ha mantenido como una de sus se?as de identidad.

Ese compromiso exige dosis de calidad y de rigor reforzadas, si cabe, por esos antecedentes y explican que Jim Farrugia se haya dirigido al Defensor para quejarse de los titulares del pasado mi¨¦rcoles que informaban del discurso sobre el estado de la Uni¨®n del presidente de Estados Unidos, George Bush.

En primera p¨¢gina se titul¨®: 'Bush propone incrementar el gasto militar para reactivar la econom¨ªa', y en la p¨¢gina 2 del peri¨®dico: 'Bush propugna un fuerte aumento del gasto militar para combatir la recesi¨®n'. Farrugia piensa que ambos son falsos y que Bush no dijo tal cosa en su discurso.

La informaci¨®n del mi¨¦rcoles advert¨ªa claramente que el texto estaba escrito antes de que se pronunciase el discurso, algo que ocurri¨® sobre las tres de la madrugada del jueves -hora peninsular espa?ola- y despu¨¦s del cierre de todas las ediciones del peri¨®dico.

Enric Gonz¨¢lez, corresponsal en Washington, hac¨ªa saber en su cr¨®nica que estaba escrita con los datos que, unas horas antes de la comparecencia del presidente, hab¨ªa facilitado Karen Hughes, principal asesora de prensa de Bush, y que el texto del discurso se manten¨ªa 'en secreto'.

Al principio de la cr¨®nica pod¨ªa leerse que 'la concesi¨®n de 48.000 millones de d¨®lares adicionales al Pent¨¢gono ser¨¢ la principal causa de un d¨¦ficit presupuestario de 80.000 millones, pero ayudar¨¢ a luchar contra la recesi¨®n'.

Gonz¨¢lez ha explicado al Defensor que en ning¨²n momento puso en boca de Bush una sola frase, ni le atribuy¨® ninguna cita textual, ya que no conoc¨ªa el discurso y que, evidentemente, interpret¨® los datos que sobre el contenido del discurso hab¨ªa facilitado la Casa Blanca antes de que se pronunciase.

Farrugia piensa que la frase anteriormente transcrita y los titulares 'dan una impresi¨®n err¨®nea de lo que dijo Bush o, dicho de otra manera, que le atribuyen a Bush algo que, simplemente, no ha dicho'.

En opini¨®n del lector, no se debe escribir algo sin que sea posible distinguir 'los hechos (en este caso lo que ha dicho Bush) de la opini¨®n del escritor (en este caso, la interpretaci¨®n sobre lo que ha dicho Bush)'.

Asegura en su carta que oy¨® todo el discurso del presidente y que ' aunque es verdad que propuso aumentar los gastos militares, en ninguna parte dijo que quiso aumentar ese presupuesto para reactivar la econom¨ªa'.

Cree, con raz¨®n, que el lector debe poder distinguir entre 'un relato de hechos y lo que va m¨¢s all¨¢, con una evaluaci¨®n de esos hechos', llevada a cabo por el periodista.

El problema, una vez m¨¢s, est¨¢ en los titulares. Con los antecedentes que se han narrado es f¨¢cil entender que las interpretaciones del contenido del discurso, hechas sobre las l¨ªneas generales que se hab¨ªan facilitado oficialmente, suponen un riesgo cierto, pero el paso definitivo en el error se da cuando se titula sin matices, con un 'para' que pone en boca de Bush, con relaci¨®n causa-efecto, el aumento de gastos militares y la reactivaci¨®n de la econom¨ªa estadounidense.

La realidad es que el presidente de Estados Unidos habl¨®, por separado, de aumento de gastos militares, de seguridad para todos los ciudadanos de su pa¨ªs y de reactivaci¨®n de la econom¨ªa.

Jos¨¦ Manuel Calvo, redactor jefe de la secci¨®n de Internacional, se reponsabiliza de los titulare y admite claramente que se hizo una 'simplificaci¨®n excesiva' de los datos que se conoc¨ªan.

?Laico o aconfesional?

Luis Manuel Duyos se ha dirigido, en m¨¢s de una ocasi¨®n, al Defensor del Lector para quejarse por el tratamiento que da el peri¨®dico a cuestiones relaciodas con la religi¨®n y, m¨¢s espec¨ªficamente, con la Iglesia cat¨®lica.

Su ¨²ltima carta advierte de que el peri¨®dico, en su opini¨®n, est¨¢ cometiendo un grave error al afirmar que Espa?a es un 'Estado laico'. Ello ha ocurrido en algunas informaciones, en textos de colaboradores y en alguna carta al director.

El lector piensa que el peri¨®dico difunde la idea de que nuestro pa¨ªs se sustenta en un Estado laico, cuando la realidad es que se trata de un Estado 'no confesional', o aconfesional. El laicismo, dice, 'trata de impedir cualquier influencia de la religi¨®n en el hombre y en la sociedad', mientras que la Constituci¨®n (art¨ªculo 16.1) 'garantiza la libertad religiosa', proclama que 'ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal' y, a rengl¨®n seguido, establece que 'los poderes p¨²blicos tendr¨¢n en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa?ola y mantendr¨¢n las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones'.

Sin duda, el lector tiene raz¨®n. Basta acudir a un manual universitario de Derecho Constitucional, por ejempo el que han escrito varios catedr¨¢ticos de la especialidad, encabezados por Luis L¨®pez Guerra, para leer que la Constituci¨®n espa?ola hace una 'proclamaci¨®n del car¨¢cter aconfesional' del Estado, en su papel frente a la libertad religiosa que reconoce.

Es tan claro que no estamos ante un Estado laico que, en el mismo texto, los autores escriben que 'el mandato constitucional de colaboraci¨®n con las distintas confesiones veda una pol¨ªtica, no ya de hostilidad hacia los sentimientos religiosos existentes en la sociedad, sino incluso de indiferencia. La Constituci¨®n obliga a que dichos sentimientos sean tenidos en cuenta, lo que hace constitucionalmente obligada una pol¨ªtica de cooperaci¨®n con las confesiones religiosas'.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electr¨®nico (defensor@elpais.es), o telefonearle al n¨²mero 91 337 78 36.