Cuatro de los nueve jueces del Supremo de Argentina tienen redactadas sus dimisiones

Los poderosos nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia de Argentina probablemente est¨¢n hoy m¨¢s solos y desamparados que los 15 millones de ciudadanos considerados pobres y m¨¢s encerrados y desesperados que los m¨¢s de dos millones de ahorradores a los que intentaron conquistarse el pasado viernes desmontando el corralito financiero de un plumazo. Nadie les quiere, nadie pide por ellos. Julio Nazareno, presidente del tribunal, ex socio de los Menem en el despacho que compart¨ªan en la provincia de La Rioja, y otros tres de los nueve miembros ya redactaron sus renuncias.

El Congreso, con el acuerdo de los grupos parlamentarios mayoritarios, se aline¨® sin fisuras detr¨¢s del Ejecutivo y admitir¨¢ a tr¨¢mite esta misma semana las demandas de juicio pol¨ªtico que considere mejor fundamentadas y m¨¢s s¨®lidas, con el prop¨®sito de suspender a los jueces en sus cargos dentro de 'quince o veinte d¨ªas'.

'?Llegan al jueves? ?Soportar¨¢n la cacerolada que se les viene?', se preguntaba un alto cargo del Ejecutivo. La guerra de poderes en el Gobierno argentino est¨¢ declarada. La presi¨®n del Ejecutivo sobre la Corte puede volverse insostenible para los jueces si el peronismo moviliza a sus militantes para contribuir a la manifestaci¨®n de repudio que la asociaci¨®n de abogados laboralistas convoca cada jueves, y que la pasada semana cont¨® con la adhesi¨®n de las asambleas de vecinos de Buenos Aires. Eran 500 personas la primera tarde, m¨¢s de 1.000 la siguiente, 5.000 la pasada semana y ?cu¨¢ntos el pr¨®ximo jueves? El acto es siempre pac¨ªfico, pero cada vez m¨¢s estruendoso y prolongado, porque al caer la noche los manifestantes marchan desde el Palacio de los Tribunales hasta los edificios donde viven el presidente de la Corte, Julio Nazareno, y uno de los jueces, Antonio Boggiano, miembro del Opus Dei.

En el acto de repudio, reclamando la renuncia, conviven la organizaci¨®n Hijos en nombre de sus padres desaparecidos, las Madres de Plaza de Mayo, militantes de izquierda y una mayor¨ªa de espont¨¢neos a los que la bronca les deton¨® finalmente el pasado noviembre, cuando la Corte sac¨® de prisi¨®n y cerr¨® el proceso contra el ex presidente Carlos Menem y contra su ex cu?ado Emir Yoma. Cada sector o grupo de ciudadanos tiene su propia lista de reclamaciones por los fallos del Supremo en los ¨²ltimos 12 a?os, los 10 que corresponden al mandato del peronista Menem y los dos siguientes a cargo del radical Fernando de la R¨²a, que hab¨ªa prometido promover los juicios pol¨ªticos y acab¨® benefici¨¢ndose a su vez de la 'mayor¨ªa autom¨¢tica' montada por Menem.

Se acusa a los jueces del Supremo de todo tipo de delitos. De encubrir y proteger a los militares sospechosos de asesinatos, secuestros y torturas durante la dictadura militar, de aprobar privatizaciones irregulares de las empresas del Estado, de legalizar atropellos a los derechos constitucionales como las confiscaciones de dep¨®sitos con el llamado Plan Bonex en 1990 o las rebajas de salarios y jubilaciones en 2001, y de impedir, trabar y desviar la investigaci¨®n del atentado terrorista que en 1992 destruy¨® la sede de la Embajada de Israel y caus¨® m¨¢s de 20 muertos.

De las 28 demandas contra la Corte, algunas de ellas demoradas en el Congreso desde comienzos de la d¨¦cada de los noventa, 10 fueron presentadas por los propios legisladores y 17 por abogados que representan intereses de ciudadanos, organizaciones o empresas. La restante es de uno de los miembros del tribunal, el juez Enrique Petracchi, que solicit¨® su propio juicio pol¨ªtico cuando fue involucrado por una investigaci¨®n parlamentaria en un supuesto delito vinculado al lavado de dinero. Petracchi es considerado uno de los 'hist¨®ricos' porque integraba la Corte antes de que Menem aumentara el n¨²mero de miembros, primero de tres a cinco, luego a seis y finalmente a nueve.